El Valencia y el Hércules, abocados a pagar la multa de la UE por recibir ayudas ilegales
Según la orden de recuperación, el Valencia CF debía abonar 20 millones de euros por los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas más 2,9 millones de intereses, mientras el Hércules CF, por su parte, debía pagar 6,1 millones por los préstamos más casi 800.000 euros en concepto de intereses.
El Valencia CF ha emitido un comunicado en el que indica que, tras conocer que el Tribunal General de la UE ha rechazado su recurso para suspender la ejecución de la decisión de la Comisión Europea de multarles con 23,4 millones de euros, presentará una apelación al Tribunal de Justicia de la UE.
La decisión de la CE llegó en julio de 2016 tras la investigación de los avales otorgados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) por préstamos concedidos al Valencia, el Hércules y el Elche cuando estos clubes atravesaban dificultades financieras, lo que les permitió beneficiarse de una ventaja económica frente a otros clubes, que tuvieron que hacerlo sin el respaldo del Estado.
En octubre de 2016, ambos clubes presentaron sendos recursos de anulación y presentaron una petición de medidas provisionales ante el TGUE, que resolvió suspender la Decisión de la CE hasta la fecha en que se dictasen los autos definitivos de los procedimientos de medidas provisionales, es decir, hoy.
El juez de medidas provisionales puede ordenar la suspensión cautelar de la ejecución de las medidas si éstas suponen un perjuicio grave e irreparable a la parte que las solicita.
En este sentido, el TGUE alegó que la justificación del Valencia de que el pago inmediato del importe exigido pondría en peligro su viabilidad financiera y modificaría su posición en el mercado de los clubes de fútbol no es tal.
Según el Tribunal, el club obvió en su petición la línea de crédito de 54 millones y el apoyo financiero de su socio mayoritario, Meriton Holdings.
Por otra parte, el Hércules alegó el peligro que suponía para su viabilidad financiera el pago de la multa y que según afirmó le podría incluso llevar a liquidación.
Sin embargo, el TGUE afirmó que la falta de información proporcionada por el club alicantino así como el gasto en fichajes por encima de sus ingresos hacen sospechar que el club tiene ingresos de terceros que sí permiten su viabilidad.
El TGUE recordó en un comunicado que los autos de medidas provisionales no prejuzgan el resultado del asunto principal, del cual dictará una sentencia definitiva en el futuro.
Contra este auto, los clubes pueden interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, máxima instancia judicial de la UE, en el plazo de dos meses y evitar así el abono del pago de forma inmediata.