El magistrado titular del juzgado de Instrucción 8 de Alicante ha acordado el procesamiento de Andrés Llorens, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Alicante en la etapa como alcaldesa de Sonia Castedo, en el conocido como «caso Isjoma», que investiga si existió prevaricación en la adjudicación de contratos a la empresa Isjoma S.L. para infraestructuras en eventos festivos en la ciudad.
En la causa también figura como investigado el exedil 'popular' de Hacienda Juan Manuel Zaragoza, que formaba parte junto a Llorens de la mesa de contratación que resolvió las concesiones a la mercantil investigadas por la justicia y está acusado, además de prevaricación, del delito de infidelidad en la custodia de documentos.
Según recoge el auto de apertura de procedimiento abreviado -fase previa a la apertura de juicio oral-, hecho público este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), los dos exconcejales figuran como investigados junto con el administrador de la mercantil y tres técnicos municipales encargados de elaborar los contratos y supervisar la ejecución de los trabajos.
El procedimiento se inició en 2009 a raíz de la denuncia interpuesta por el administrador de la empresa Alavés Montajes y Realización S. L., firma competidora de Isjoma que puso en conocimiento del juzgado "posibles irregularidades" cometidas en el proceso de adjudicación del contrato de suministro de infraestructuras para actividades festivas y culturales de Alicante.
La primera adjudicación del Ayuntamiento a Isjoma se produjo en 2003 y duró hasta 2009, con cuatro años de vigencia y dos prórrogas. Al respecto, el auto del juzgado establece que "junto a la ejecución del referido contrato de infraestructuras" se llevaba a cabo "una contratación paralela y para suministros de idéntica o análoga naturaleza al que constituía el objeto de aquel contrato" que se producía "de forma directa, a dedo, con infracción de las normas legalmente establecidas para la tramitación y adjudicación" públicas.
Al respecto, según el juez, los acusados tramitaron como contratos menores múltiples adjudicaciones a Isjoma fuera del procedimiento legalmente establecido, con fraccionamiento de facturas como el que, según el juez, "se aprecia" en la contratación de sillones para la Explanada, un suministro anual que excedía "ampliamente" el límite de 12.020 euros establecido para los contratos menores.
Contrato de 2009
Además, el juez también considera que el contrato suscrito entre el Ayuntamiento e Isjoma en 2009 partía de un informe elaborado por uno de los técnicos municipales investigados en la causa en el que se incurría en valoraciones que denotaban un "claro sesgo en favor de la propuesta de Isjoma en detrimento de la de Alavés", según recoge el auto del juzgado a raíz de un informe pericial que calificaba de "injustas" dichas valoraciones.
Ante esto el instructor considera que Andrés Llorens era consciente "de la injusticia" derivada del informe que beneficiaba a Isjoma y a pesar de ello le "dio el visto bueno" junto con Juan Manuel Zaragoza, teniendo este último "conocimiento de la injusticia" derivada de este informe "con carácter previo incluso a la emisión de dicho informe", según indica el auto.
Además, considera que Llorens era consciente de la contratación "paralela" que se llevaba a cabo con Isjoma desde 2003, puesto que él mismo firmó "numerosas facturas relacionadas con dicha contratación".
