El ex consejero Vallejo no cambió el sistema de pago de los ERE por no abrir una «batalla» con Empleo
Su gesto era rígido pero el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo inyectó una dosis de contenido al juicio de los ERE e intentó levantar un muro entre su departamento y el de Empleo. Explicó al tribunal que a petición del ex presidente de la Junta Manuel Chaves armó una «macroconsejería» pionera en Europa, en el ámbito de la pretendida Segunda Modernización de Andalucía, con más de 20 centros directivos y que «recogió competencias de cinco consejerías», sobre todo de la de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Esa apropiación, provocó, que el responsable de esa última área, el también investigado Antonio Fernández, «se sintiera mal» y no fuera «el hombre más feliz del mundo». «Esa sensación de que se había quedado solamente con el paro, con los parados –añadió–, de alguna manera lo situó en una posición digamos que poco amistosa conmigo, que además se dilató a lo largo de toda la legislatura y que hizo que hubiera una dificultad de comunicación con Empleo bastante importante». Tuvieron, dijo, «una convivencia complicada» que le llevó a no reunirse con Fernández y a no remover el sistema que se utilizó para distribuir los fondos públicos ahora judicializados.
Vallejo afirmó no «haber visto jamás un convenio con Empleo», aunque reconoció saber de la existencia del pacto marco firmado en julio de 2001 entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) –luego agencia IDEA–al que, eso sí, no prestó «prácticamente ninguna» atención «a lo largo de los cinco años» que estuvo al frente de Innovación. Del mismo le informó el ex director general del IFA Miguel Ángel Serrano, quien le trasladó además que, en su opinión, una vez que el instituto salió del organigrama de Empleo, debían procurar que fuera esa consejería la que asumiera el pago de las ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis. Desde la ampolla con micro centrada en la parte inferior de la sala, Vallejo confesó que la idea le «pareció razonable» y transmitió a Serrano que intentaría «alguna gestión». Se hizo, a través del viceconsejero Gonzalo Suárez, pero «la dificultad de relación con Empleo que era muy fuerte», el que el cambio supondría «un enfrentamiento más a añadir», que le avisaron –no recuerda quién– de que habría que modificar la Ley de Presupuestos y que el abono de las subvenciones «tampoco generaban ningún problema especial al IFA»; lo llevaron a tomar la decisión de «continuar como estaban». Aseveró asumir su «responsabilidad por ello», e insistió en que como nadie le advirtió de «ninguna irregularidad, problema o ilegalidad», prefirió «no abrir una batalla con Empleo que seguramente iba a perder».
En las más de tres horas de interrogatorio de la Fiscalía hubo momentos de tensión en los que se reveló como animal furioso y llegó a exclamar que tenía «4.000 millones a su cargo», como para conocer el detalle de todo. Lo que sí sabía es que «nunca» dio «ninguna orden» ligada a las ayudas de Empleo, que no vio las cuentas de ese departamento ni se leyó «todas» las del IFA, porque «no era su misión». Y mantuvo que aunque los consejeros fueran los «destinatarios formales» de los informes de la Intervención, en sus 15 años en tres consejerías de la Junta, «jamás los órganos administrativos de las mismas le pasaron ninguno». «El consejero no es órgano de control», remató.
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Dio continuidad a la mecánica usada. Éste puede ser el resumen de la declaración del ex director general de Trabajo Juan Márquez en el juicio de los ERE. Siguió con el reparto de ayudas que Guerrero hizo con «normalidad» durante ocho años y con el «conocimiento de todo el mundo».
El PP-A insiste. Reitera a la Audiencia su petición de que revoque la condición de parte acusadora de Manos Limpias, a raíz de un escrito de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo y niega haber variado de posición.