El plan de infraestructuras, la segunda gran baza presidencial de Donald Trump, el presidente-jugador que ha apostado todo su mandato a la gestión económica, corre el riesgo de quedarse sin gasolina antes de arrancar. La ambiciosa promesa con la que el candidato republicano puso la guinda a su proclamada rebaja fiscal durante la campaña, cuando el cruce de mensajes electorales lo aguantaba todo, topa con el altísimo déficit ya comprometido. Los 1,4 billones de dólares menos de ingresos que supondrá la reducción de impuestos en diez años, y los 300.000 millones de gasto añadido para dos ejercicios, fruto del reciente pacto presupuestario, dejan con escaso margen al otro proyecto estrella de la Casa Blanca.
Ayer, como si no pasara nada, Trump proclamó sus particulares cuentas de la lechera. Los 55 folios de su nuevo plan, que remitirá esta semana al Congreso, prevén que el Gobierno Federal asuma 200.000 millones de dólares. La gran cantidad restante, hasta los 1,5 billones, calculada con indisimulado optimismo, deberá salir de la inversión privada y de los gobiernos estatales y locales. Una declaración de buenas intenciones, según los expertos. La partida federal, incluso siendo un tercio menor de la anunciada en un principio, choca con la voluntad de los congresistas de frenar el caballo del déficit, que ellos mismos han contribuido a desbocar. La aprobación del plan fiscal ha desbordado casi en un 50% el límite legal de gasto de un billón de dólares anual. Los otros 1,3 billones del proyecto de obras públicas parecen un brindis al sol para unas esquilmadas administraciones estatales.
Pese a todo, tras su logro de haber hecho realidad la prometida rebaja de impuestos, Trump vuelve a probar fortuna. Al fin y al cabo, la construcción de puentes, carreteras y hospitales en todo el país podría convertirse en el salvavidas de su propio mandato, dependiente en buena medida de la renovación de cámaras en los comicios de mitad de mandato (midterm), en noviembre. El presidente no va a renunciar a un plan que ofrece problemas, pero también oportunidades. Los congresistas y legisladores estatales sueñan con poder presentarse ante los electores con proyectos para mejorar su circunscripción o estado. Un señuelo con el que Trump pretende seducir también a las compañías privadas.
Aunque antes está la realidad parlamentaria. El presidente necesita que el Congreso saque adelante el plan, y las primeras reacciones anuncian atasco. Sus aliados republicanos, duramente criticados por su interesada manga ancha con el déficit que tanto combatieron con Obama, dicen haber cerrado el grifo. Los demócratas, pese a ser más proclives a esta keynesiana forma de Trump de promover riqueza y empleo, mediante la inversión pública, también parecen condicionados por los últimos dispendios. Dificultades que no van a frenar al autor del plan. Como en anteriores ocasiones, Trump ha vuelto a colocar la semilla en el Congreso. Después, como quien vela receloso por su criatura, exigirá a los legisladores que cumplan. Proceso que gestionará con la máxima presión, repartiendo palos y zanahorias desde su atalaya de Twitter. Con la demolición del Obamacare, su táctica fracasó; con la rebaja fiscal, se apuntó el tanto.
