Solo el 24 por ciento de los fondos fueron para las fosas de las víctimas
En seis años, de 2006 a 2011, el Gobierno de Rodríguez Zapatero se gastó unos 25 millones de euros en subvencionar proyectos relacionados con la Memoria Histórica. En 2007 sacó adelante la ley que regula la materia y que, según se dijo en su momento, tenía como prioridad dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, localizar y abrir fosas comunes, identificar cadáveres y dar la oportunidad a las familias de honrarles y darles sepultura. Aquel digno propósito, sin embargo, se convirtió en destino residual de la millonada de dinero público que corrió al amparo de la ley de Zapatero.
De esos 24,9 millones de euros, apenas 5,9 -un discreto 24%- se dedicaron realmente a financiar proyectos de búsqueda de fosas, de identificación de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Así se desprende de los propios listados oficiales que dejó certificados el Gobierno de Zapatero. El grueso de aquellos fondos acabaron pagando actividades diversas, a menudo desarrolladas por asociaciones fundadas precisamente al calor de aquella multimillonaria apuesta gubernamental por subvencionar la Memoria Histórica. En la lista de beneficiarios de todo este flujo de dinero público afloran también los sindicatos y fundaciones o entidades encuadradas o ligadas a partidos como el PSOE, IU, ERC o el PNV.
Un reparto variado
En aquellos seis años se subvencionó con un total de 1,15 millones de euros la instalación de 36 placas de homenaje, monolitos, lápidas o similares. Coste medio unitario: 32.000 euros. En subvencionar 44 exposiciones se fueron 1,27 millones de euros -a casi 30.000 euros por exposición-; otros 1,73 millones de euros en financiar documentales; más de dos millones de euros para subvencionar trabajos archivísticos y documentales; millón y medio se fueron en actos públicos de homenaje cuyo coste unitario, en algún caso, alcanzó los 60.000 euros; casi tres millones de euros para recopilar testimonios orales y escritos…
El Gobierno de Zapatero inauguró un multimillonario ovillo en torno a la Memoria Histórica que el PP cortó en seco cuando Rajoy llegó a La Moncloa, pero que desde entonces ha proliferado en gobiernos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos. Dada la larga lista de instituciones, hoy por hoy es imposible saber cuánto dinero público se le va a España tras esa puerta -y menos aún en qué actividades concretas acaba todo ese dinero-. No hay un estudio global de fiscalización que escrute cuánto, cómo y en qué se gasta todo el sector público español bajo el epígrafe «Memoria Histórica». Pero de los datos oficiales recopilados por ABC se desprende que, solo entre todos los gobiernos autonómicos, el gasto en este particular supera los 10 millones de euros anuales.
A ellos se suma lo que dedican ayuntamientos, diputaciones y similares, montante añadido que se cuenta también por millones. Solo una porción de todo ese dineral se dedica realmente a localizar, honrar y dar digna sepultura a quienes perecieron víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.
Los que más dedican
Algunos gobiernos autonómicos de izquierdas han abanderado especialmente el incremento del gasto en torno durante los últimos años, pero hay notables diferencias entre autonomías. Hay administraciones regionales que no dedican dinero público a la Memoria Histórica o es testimonial. Otras, sin embargo, presumen de que cada vez gastan más en esta materia. Ha sido el caso de la Junta de Andalucía, que este año ha dotado su área de «Memoria democrática» con 1,7 millones de euros, frente a los 1,3 millones de 2017.
En Extremadura, los acuerdos presupuestarios entre PSOE y Podemos se han sustanciado en una dotación extra de medio millón para gastar este año en programas. En Baleares, la presidenta socialista, Francina Armengol, ha presupuestado para este año 750.000 euros a gastar en la misma materia. En el Gobierno valenciano la suma es abultada. El año pasado, por ejemplo, convocó subvenciones por valor de casi medio millón de euros. Y este 2018 da un paso más y ha reservado 429.000 euros para crear el Instituto Valenciano de memoria Democrática. Todo esto en una comunidad en la que, según ha denunciado recientemente el PP, el gobierno socialista de Alicante ha disparado un 161% el presupuesto: 520.000 euros para este 2018.
En el País Vasco resulta complicado discernir con exactitud el dinero dedicado específicamente a la memoria histórica tal y como la concibió Zapatero, es decir, la relativa a la Guerra Civil y a la represión franquista. Y es que el Gobierno vasco engloba presupuestariamente esta materia en su área de «Memoria, Convivencia y Derechos Humanos». Ésta incluye tanto lo relativo a la Guerra Civil y la dictadura como el terrorismo de ETA o del GAL. En definitiva, todo lo relativo a la vulneración de derechos humanos desde los años 30 hasta la actualidad. Para todo ello, el Gobierno vasco reserva algo más de 2 millones. El Gobierno de Navarra ha consignado este año unos 800.000 euros para «políticas públicas de memoria».
Cataluña también tiene un alto presupuesto: su programa «Relaciones institucionales, memoria, paz y derechos humanos» contó en 2017 con 5,17 millones de euros.
En el resto de gobiernos regionales, las partidas reservadas para la Memoria Histórica son discretas y, en algún caso, meramente testimoniales.