La Junta idea un catálogo de tareas para las tres semanas de teletrabajo anuales
Pese a que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, se empeñó ayer en remarcar la voluntad de la Junta para acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el decreto andaluz de las 35 horas semanales de los funcionarios, lo cierto es que el Ejecutivo de Susana Díaz, desde que se hizo público el fallo, ha venido ideando toda suerte de subterfugios para sortearlo y mantener el compromiso al que llegó con las organizaciones sindicales. Una semana después de lo anunciado, el Consejo de Gobierno ratificó el acuerdo al que llegó con CSIF, UGT y CC OO en la Mesa General para aplicar las 37,5 horas semanales, en consonancia con lo dictado por el Constitucional. La solución adoptada fue el mantenimiento de 35 horas presenciales y 2,5 en casa, toda vez que la Administración autonómica tiene «plenas competencias» para organizar la jornada laboral de sus empleados públicos, tal y como subrayó Montero haciendo alusión al Estatuto de Autonomía de Andalucía y al Estatuto Básico del Empleado Público.
Montero ahondó un poco más en el sistema que se seguirá para controlar las tres semanas anuales de teletrabajo, insistiendo precisamente en esto, que la evaluación se realizará al final del año como se viene haciendo hasta ahora. La fórmula no será distinta a la utilizada para controlar la jornada presencial en los diferentes sectores, tanto en educación, sanidad como en Administración general. Precisamente, se atenderá a la especificidad de cada ámbito. Por ejemplo, en educación la jornada laboral está regulada por ley, con horas lectivas y no lectivas que incluyen tareas como preparación de las clases o tutorías. No obstante, se mantendrán las 20 horas lectivas, incluyendo una hora de guardia este curso y dos en el próximo curso 2018/2019. El horario de no obligada permanencia pasa de 5 a 7,5 horas. En el ámbito sanitario se mantendrán los turnos aprobados y no se alterarán las retribuciones de jornada complementaria. En el caso de la Administración general, se tendrá en cuenta que hay edificios que cuentan con reloj de entrada y otros no.
Para acotar más esta jornada no presencial la Junta está perfilando un catálogo de tareas, que computarán como tiempo trabajado. Estos trabajos abarcarán desde la organización de tareas o la consulta e información de materias relacionadas con la actividad laboral hasta cursos de perfeccionamiento y desarrollo personal. El catálogo se irá actualizando permanentemente y estará disponible el 8 de enero, primera jornada con horario habitual tras los días festivos de Navidad.
El control propiamente dicho recaerá directamente sobre los jefes y responsables de los centros de trabajo, que ya venían vigilando el cumplimiento de la jornada presencial. Éste es uno de los extremos que debe cerrar la Junta antes de que expiren las vacaciones, puesto que ahora se le añaden nuevas responsabilidades a estos cargos.
La consejera también aclaró que la ampliación de jornada no supone un mayor salario, puesto que se trata de «negociaciones separadas», al tiempo que recordó que, a pesar de esta modificación, «no se producirán despidos de ningún trabajador contratado por la aplicación de las 35 horas».
«No hay ninguna duda sobre la voluntad y la convicción de la Junta del acatamiento de la sentencia, lo que es compatible con la defensa de los derechos de los empleados públicos», señaló Montero, que consideró que la Junta está haciendo de «contrapeso» frente a quienes «han utilizado la crisis como una coartada para arrebatar los derechos de los trabajadores». Así, sostuvo que «no puede existir recuperación económica si, en paralelo, no hay una recuperación de derechos».
En este contexto, la responsable de Hacienda y Administración Pública no perdió la ocasión para confrontar con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Volvió a reclamar al Gobierno central que recupere en los próximos Presupuestos Generales las 35 horas para los empleados públicos en el conjunto del Estado. «Si no lo hace, deberá explicar por qué ha aprovechado los años de la crisis para liquidar derechos a los empleados públicos», criticó.
«Impone una salida sin diálogo»
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, lamentó ayer que la Junta, «una vez más, apuesta por la confrontación» en el conflicto de la jornada laboral de los funcionarios, lamentando que «impone una salida sin diálogo». «Desde la resolución del Tribunal Constitucional, nadie se ha puesto en contacto con el Gobierno de España», recordó Sanz, al tiempo que subrayó que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, «tan dada a exigir el cumplimiento de las leyes y sentencias, busca aquí todo tipo de subterfugios».