350 recursos contra el «fraude» de la Junta al nombrar a cargos del Servicio Andaluz de Salud
Actuar puede marcar la diferencia. El Sindicato de Enfermería de Andalucía (Satse) ha presentado en los últimos años un global mínimo de 348 recursos en los tribunales contra convocatorias para cubrir cargos intermedios de los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta, en su mayoría hospitalarios al ser ahí donde más se producen estos nombramientos y al no contar con una norma que los regule. Por provincias, Sevilla se coloca a la cabeza con 160, seguida de Córdoba con 75, Málaga con 30 y Huelva con 25. En Granada, por su parte, la organización sindical ha formalizado 20 de esos recursos judiciales, 15 en Cádiz, 12 en Almería y 11 en Jaén.
El motivo principal que ha llevado al sindicato a utilizar esa herramienta es que entiende que en las mencionadas convocatorias «no puede participar personal que no tenga plaza en propiedad» en el sistema sanitario público, dado que ello supondría ir en contra de «los principios rectores de la función pública», una «puerta falsa de acceso a una plaza de funcionario de determinadas personas sin cumplir con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad», según señalan a LA RAZÓN fuentes de Satse. En definitiva, se trataría de «un fraude legal». «Es una fórmula para burlar la ley», condensa el secretario general del sindicato de enfermería, Francisco Muñoz.
Los tribunales, incluido el Supremo, han dado la razón a la organización sindical ya en numerosas ocasiones, pero el SAS «insiste en realizar convocatorias en las que permite participar a personas que aunque forman parte del sistema no tienen plaza en propiedad, en base a una Orden de la consejería que también está recurrida en la Sala de Granada de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)», anotan las fuentes consultadas.
Muñoz explica que sus recursos no son un empecinamiento sin base ni se trata de «cuestionar la capacidad competencial de los no fijos para ocupar esos puestos», pero conocen que «las formas de acceso están muy claras y la cobertura de esos cargos intermedios debe ser por concurso-oposición», por eso «pelean» para que los haya y para que «se estabilicen las plantillas». «Si diriges una unidad y no tienes estabilidad en el empleo –añade apuntando en genérico–, o acatas lo que se te manda desde arriba, o cumples las órdenes directas que recibas, o estás en la calle. El personal fijo es menos manipulable en ese sentido», asevera. De hecho, a juicio del responsable de Satse, ése constituye «uno de los motivos por los que la Administración recurre» al método con el que discrepan para «colocar a la gente en las unidades de gestión clínicas. Así puede hacer lo que le venga en gana», lanza. En ese contexto, el Gobierno autonómico ha reaccionado contra la eclosión de recursos. «Como pierde sistemáticamente en los juzgados en este asunto, ha buscado una vía, un paraguas legal para seguir adelante: ha introducido en el texto de la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía el desarrollo de la gestión clínica, sabiendo que los sindicatos no podemos recurrir una ley», desliza Muñoz. La futura norma se encuentra aún en tramitación en el Parlamento regional por lo que no se le ha dado el visto bueno definitivo.
Para otras fuentes del sindicato es cuanto menos «irritante» que se pretenda incluir en una norma con la que se busca, en teoría, garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública andaluza «la designación de los cargos intermedios de las unidades de gestión clínica». Parece, a su criterio, que se quiera «blindar el sistema de nombramientos de estos cargos tan contestado por Satse, dado el gran número de pronunciamientos jurídicos desfavorables» que ya acumula el SAS.
Muñoz remacha: «La Junta persigue que la mayoría de los grupos parlamentarios le aprueben en la Cámara lo que han perdido en los tribunales». Así se lo ha trasladado el sindicato a los partidos con los que ha tratado este tema, junto a su convicción de que «el sistema organizativo del SAS debería ir en otra norma diferente». Las intenciones se muestran en las acciones y en el caso de la sanidad cada vez hay más ojos vigilantes.