Las leyes de agricultura y FP tampoco llegarán al Parlamento en octubre
«Señor Marín, como hace referencia a mi palabra como un patrimonio, imagino que si sigue suscribiendo acuerdos conmigo es porque tengo palabra y cumplo». En estos términos se pronunció la presidenta de la Junta el pasado 28 de septiembre en el Parlamento, cuando el líder de Ciudadanos en Andalucía le inquirió sobre el retraso de las leyes comprometidas por el Ejecutivo autonómico y que forman parte del pacto de investidura que suscribieron PSOE y Cs en junio del año 2015. No obstante, el Consejo de Gobierno se reunió ayer martes como es habitual y tampoco dio luz verde a nuevos proyectos normativos. Octubre tampoco será el mes en el que la Cámara autonómica comience a tramitar las leyes de agricultura y de Formación Profesional.
Hay que recordar que la presidenta de la Junta se comprometió personalmente con Juan Marín a finales de mayo, en una reunión que mantuvieron ambos en el Palacio de San Telmo, para impulsar las medidas contenidas en el pacto de investidura. Ciudadanos lleva desde marzo de este año reclamando a la Junta «una sexta marcha» y ha amagado incluso en alguna ocasión con retirar el apoyo de sus ocho diputados si esto no se produce. En junio se volvió a reunir Juan Marín con el vicepresidente andaluz, Manuel Jiménez Barrios, y de aquel encuentro salió el compromiso de cumplir un acuerdo legislativo que reservaba para el mes de septiembre la aprobación de los proyectos de ley de agricultura y de Formación Profesional. Ciudadanos los priorizó porque ambos están vinculados a la activación de la economía y a la regeneración del tejido productivo.
El retraso de la ley de agricultura es notable, puesto que el expresidente Griñán la prometió, como guiño a Izquierda Unida, en su discurso de investidura de mayo de 2012. En cuanto a la Ley de Formación Profesional, la primera promesa para su puesta en marcha es del año 2014. Esta norma, como avanzó LA RAZÓN, contará con una dotación de 183,9 millones de euros en el horizonte 2018-2020 y prevé la contratación de 1.621 profesores de FP. El año pasado ya se quedaron sin poder estudiar Formación Profesional en torno a 30.000 alumnos.
Susana Díaz aludió en la citada intervención del 28 de septiembre a la ralentización de los trámites parlamentarios. «Aquí creo que hay que darle un poquito de velocidad también a la Cámara para que fluyan y vean la luz lo antes posible (los proyectos de ley)». Los largos trámites en la sala de máquinas del Consejo de Gobierno los achacó a la consecución de un amplio consenso. «En el Proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería, por ponerle un ejemplo, hay 770 aportaciones del sector. Eso es el ejemplo claro y nítido de un gobierno que dialoga, ése es el nivel de participación de las organizaciones agrarias, de los usuarios de una norma que tiene que permitir el relevo generacional», deslizó la jefa del Ejecutivo andaluz. No obstante, conviene tener en cuenta, como informó este periódico, que la Junta ha admitido sólo una de la veintena de alegaciones que propuso la Asociación de Trabajadores de Autónomos (ATA) al Proyecto de Ley de Emprendimiento aprobado en mayo.