Villar creó una red de “clientelismo” y sobornos para perpetuarse en la RFEF

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, se valió de una red de clientelismo, soborno y presiones a las federaciones territoriales con el fin de garantizar su permanencia al frente de este organismo y facilitar opciones de negocio a su hijo Gorka. Ambos han pasado su primera noche en la cárcel de Soto del Real tras su detención en el marco de la operación Soulé.

Las consideraciones de Pedraz dan algunas pinceladas de cómo funcionaba la trama urdida por el dirigente del fútbol español en los últimos 29 años, en la que implica también al exsecretario de Estado para el Deporte con el PSOE entre 1993 y 1996 Rafael Cortés Elvira.

En el auto, el juez imputa a los cuatro detenidos -los dos Villar, el vicepresidente económico de la RFEF Juan Padrón y el secretario de la Federación Tinerfeña, Ramón Hernández Baussou- los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares y justifica la adopción de medidas cautelares ante "la gran capacidad económica de la que disponen" y para evitar la obstrucción de la investigación ya que se encuentra pendiente de analizar toda la documentación ocupada en los registros.

Pedraz apunta que al menos desde 2009 Villar creó un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos como la propia Fundación y MUPRESFE (Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija) estableciendo un "clientelismo" tanto en la contratación del personal que recae en familiares de los acusados como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministros.

El pasado mes de junio, según recoge el auto, el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Pélaez, comunicó a Villar que había dejado fuera de reparto de los presupuestos de la Federación 5.210.000 euros para disposición personal del principal acusado, a quien le llegó a decir que podría emplear esa cantidad "para lo que se te ponga de los huevos".

Peláez, que forma parte de una comisión decisoria dentro de la federación, le explica en una conversación que fue grabada que esos fondos eran ajenos a la regulación y que la fiscalización de ese dinero no pasaba por la Asamblea General de la RFEF, sin que tuviera que informar de su destino. Añadía que ese dinero se podía incrementar hasta los 6 millones y que como el concepto en el que se podía emplear era "fútbol aficionado" en general, una noción "extensa y etérea", en realidad podía usarlo para fines distintos.

El Grupo Santa Mónica y Cortés Elvira

Los cuatro acusados han declarado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional que les ha interrogado por el presunto cobro de comisiones y por los negocios del Grupo Santa Mónica, tras el cual se encontraba el fallecido Jesús Sámper, exmiembro de la junta directiva. La resolución del contrato con este grupo, que adeudaba 20 millones de euros, causó un perjuicio a la RFEF de 51.746.071 euros.

Sobre Cortés Elvira, el auto le relaciona con Villar precisamente a través del Grupo Santa Mónica, que pagaba a parte del personal de la RFEF, al que pertenecía la mujer del exsecretario de Estado, María Elena Herrero, como jefa de los servicios médicos de la federación. Además, menciona, Cortés Elvira cobró de la empresa que gestionaba los derechos de la selección 1,5 millones de euros y que era socio de la esposa de Gorka Villar, Mónica Han Cho, en una empresa con domicilio social en la vivienda de los Villar.

Respecto al presunto cabecilla de esta trama, Pedraz detalla en su auto que Villar cometió "excesos en las facultades de administración" aprovechándose de su posición de dominio en calidad de presidente de la Federación desde 1988 y precisa que existen indicios para afirmar que se garantizó la mayoría necesaria para seguir al frente del organismo.

Concreta dichos excesos en los nombramientos de la Junta Directiva por un lado (que utiliza a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones afines o vetar a los que le son contrarios), y por otro, en la concesión de beneficios a los que han favorecido su candidatura. Estas serían la Federación de Fútbol de la Región de Murcia y la Federación Cántabra de Fútbol.

Clemente: "Son votos comprado, joder"

Así se desprende de la transcripción de unas grabaciones telefónicas incorporadas al sumario que se atribuyen a Villar, a Padrón y al que fuera entrenador de la Selección Nacional de Fútbol Javier Clemente. En estas se aprecia como el principal acusado le ofrece a José Ángel Pélaez una entrada gratis para la final de la Liga de Campeones en Cardiff (Reino Unido) de este año.

En dichas conversaciones, Clemente le dice a Padrón que Juan Luis Larrea, delegado de la Selección Nacional, está preocupado por tener que pagar 300.000 euros a la Federación Cántabra de Fútbol por unos campos de fútbol que nunca serían de la federación sino del Ayuntamiento. Padrón le responde que Villar no va sino a lo de él y que le importa "tres cojones" la federación.

Igualmente, Clemente advirtió a Padrón de que Villar había comprado votos ya que en su conversación dijo: "Son votos, son votos comprados. ¡Joder Juan!... Apoyos comprados... Decir amén, amén por... llevarse unos dineros", dijo.

Respecto al papel de Gorka Villar en la trama, Pedraz apunta tratos de favor a su hijo a través de la sociedad que administra, Sport Advisers S.L. En concreto Villar se aprovechó de los partidos de fútbol amistosos de la selección con Corea del Sur, Venezuela o Chile, entre otras, para beneficiar a su hijo, abogado especialista en derecho deportivo.

Las grabaciones también ponen de manifiesto cómo el presidente de la Federación "ejercía presión" sobre los que pudieran votar una candidatura contraria a la suya en las elecciones del organismo como es el caso del presidente de la Federación de Fútbol Sala de Madrid, Julio Cabello, a quien le expresa sutilmente que le compensará económicamente en el futuro si obtiene su voto favorable.

La investigación, que surge a raíz de una denuncia del Consejo Superior de Deporte (CSD), expone igualmente que una auditoría del organismo concluyó que el promedio de retribuciones anuales a 40 empleados era de 5,5 millones de euros y alertó sobre la contratación excesiva de personal, los altos sueldos y la baja productividad de parte de éste.

Villar también maniobró para que la secretaría general de la RFEF, Esther Gascón, percibiese 300.000 euros en calidad de indemnización por su despido para posteriormente ser de nuevo contratada.

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