Elecciones en España: Feijóo y Sánchez se disputan la presidencia ante un atento Abascal
España llega a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre atravesada por dos debates que concentran buena parte de la tensión política: la inmigración y el acceso a la vivienda. La primera es uno de los motores del crecimiento económico y poblacional del país; el segundo, una de las principales fuentes de malestar social. Ambos asuntos se convirtieron en campos de confrontación entre los partidos políticos.
Con más de 10,4 millones de habitantes nacidos en el extranjero —el 20,9% de la población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)—, el país debate sobre el lugar que deben ocupar los migrantes en su modelo económico y social. La discusión atraviesa las propuestas de los tres principales partidos.
El escenario electoral favorece, por ahora, al Partido Popular (PP). La última encuesta de seguimiento diario de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER sitúa a la formación de Alberto Núñez Feijóo en el 32,4% de la intención de voto, dos puntos por encima del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que alcanza el 30,4%. La diferencia se traduce en una ventaja de 12 escaños.
Sin embargo, la aritmética parlamentaria introduce un actor indispensable: Vox. Según el mismo sondeo, el PP y la formación de Santiago Abascal sumarían 192 diputados, catorce por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. La posibilidad de que la derecha regrese al Gobierno depende, por tanto, no solo de la capacidad de Feijóo, sino también de su relación con una fuerza política que ha convertido la inmigración en uno de sus principales ejes de confrontación.
La vivienda y la inmigración
La crisis habitacional dejó de ser una preocupación limitada al mercado inmobiliario para convertirse en un asunto de movilización social y disputa política. El miércoles 11 de noviembre, una huelga general convocada por sindicatos para protestar contra el encarecimiento de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda derivó en manifestaciones multitudinarias y disturbios en Barcelona.
En Madrid participaron unas 120.000 personas, mientras que en Barcelona la cifra superó las 50.000, según las autoridades locales. En esta última ciudad, grupos de encapuchados incendiaron contenedores, rompieron escaparates y lanzaron pirotecnia contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos. También se registraron saqueos en comercios, entre ellos una tienda Lego, y un intento de ingresar en un establecimiento de Apple.
La huelga provocó interrupciones en el transporte y los servicios públicos, además de cortes de tráfico. Su alcance, sin embargo, fue objeto de controversia: la patronal CEOE estimó una participación de apenas el 5%, mientras que los sindicatos comunicaron cifras superiores al 50% en algunas comunidades autónomas.
Detrás de la movilización había una crisis que golpea especialmente a quienes buscan alquilar una vivienda. El desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en su casa de Madrid y que falleció semanas después en un hospital, se convirtió en uno de los detonantes de las protestas.
Por otra parte, la inmigración concentra buena parte de la disputa sobre el modelo de país que proponen las principales formaciones. Vox construyó su discurso alrededor de medidas restrictivas: plantea expulsar a los migrantes en situación irregular, endurecer las condiciones de integración y cuestionar determinadas prácticas culturales y religiosas que considera incompatibles con los valores nacionales.
El PP también endureció su posición. Su programa plantea dar prioridad en el acceso a las ayudas a quienes mantengan vínculos con España, establecer centros de expulsión en terceros países y reforzar los requisitos para obtener la nacionalidad. Aunque existen coincidencias con Vox en materia de control fronterizo y lucha contra las mafias, las diferencias aparecen al definir quién puede residir en el país, qué derechos debe tener y en qué circunstancias corresponde ejecutar una expulsión.
En el otro extremo se encuentra Pedro Sánchez, que defiende una política migratoria más abierta e impulsa una regularización extraordinaria que recibió más de un millón de solicitudes, en su mayoría de ciudadanos latinoamericanos.
Marruecos, Colombia y Rumanía figuran entre las principales nacionalidades extranjeras residentes en España. En el caso colombiano, los datos recogidos sitúan en 978.041 el número de personas nacidas en Colombia que vivían en territorio español a comienzos de 2026, según el INE. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) estima, además, que otros 288.000 colombianos se encontraban en situación irregular, mientras que unas 304.000 solicitudes colombianas ingresaron en el proceso extraordinario de regularización.
La presión migratoria también aparece en las fronteras. Medios locales sitúan en casi 70.000 las llegadas de ciudadanos marroquíes a Ceuta durante julio, mientras que Canarias registró más de 17.000 llegadas desde octubre, una cifra próxima a las 17.788 contabilizadas durante todo 2025.
Pero reducir la inmigración deja fuera una parte fundamental del debate: su peso en la economía española. Según los datos recogidos, tres de cada cuatro nuevas afiliaciones a la Seguridad Social durante el último año correspondieron a trabajadores extranjeros. La hostelería, la construcción, la agricultura y los cuidados concentran buena parte de esas labores.
Feijóo, Sánchez y Abascal
La ventaja electoral del PP coloca a Alberto Núñez Feijóo ante una nueva oportunidad para alcanzar la Presidencia. En 2023, su partido se convirtió en la primera fuerza política, pero no logró reunir los apoyos parlamentarios para una investidura.
Su trayectoria política está marcada por una imagen de gestor moderado. Asumió en 2022 la dirección nacional del PP, después de la crisis interna que terminó con el liderazgo de Pablo Casado.
Santiago Abascal, por su parte, consolidó una formación que se presenta como alternativa a la derecha tradicional. Tras abandonar el PP en 2013, participó en la fundación de Vox en 2014 y asumió su presidencia. Su discurso combina posiciones conservadoras en materia social, propuestas de reducción de impuestos y gasto público, y un cuestionamiento a políticas de la UE.
Frente al avance de la derecha, Pedro Sánchez busca renovar su mandato reivindicando la política económica y social.
Desde su llegada a la Presidencia, en junio de 2018, el dirigente socialista gobernó en un Parlamento fragmentado y mediante acuerdos con distintas formaciones políticas. Primero encabezó una coalición con Unidas Podemos en 2020 y, después de las elecciones de julio de 2023, consiguió una nueva investidura mediante negociaciones con otras fuerzas parlamentarias.