El crimen organizado apunta al poder local
El municipio es la forma más próxima del Estado al ciudadano y a la vez, lamentablemente, se ha convertido en el más vulnerable a la inseguridad y penetración de agentes ilegales. En los últimos años, las políticas de descentralización han buscado que los gobiernos locales administren los recursos locales sin contar que la persistente brecha de capacidades y fiscalización han hecho de ellos el caldo de cultivo de la captura estatal.
La pugna más reciente comienza antes del sufragio. Durante la campaña municipal de 2026, decenas de candidatos han enfrentado extorsiones y atentados en diversas regiones de todo el país. Y en la ejecución de esas amenazas se encuentran las mafias que operan con mayor o menor complejidad dependiendo de la región.
Sin embargo, el peligro ha persistido más allá de los resultados electorales. Esta semana, el alcalde electo de Villa El Salvador, Marcelino Huamán Cano, sufrió un atentado con un explosivo en su vivienda, a pocos días de su proclamación. En Huanchaco, La Libertad, el alcalde electo, Jordan Piminchumo Méndez, denunció el cobro de cupos por montos que, en algunos casos superan los treinta mil soles cada mes.
Y, lo peor, es que en lo que va del año, tres alcaldes en funciones han sido asesinados en distintas partes del país.
Expertos en seguridad afirman que la lógica de esta penetración responde a la disputa por el control del territorio a manos de distintas organizaciones criminales. Y, ante ello, el Estado lo único que ha hecho es debilitar las normas que se precisan para la persecución del delito.
Para pesar de los peruanos, el oficialismo ha insistido en la desregulación normativa y ahora se ven los resultados. Varias autoridades locales que operan bajo presión no responden necesariamente a quienes la votaron, sino a quienes la financian o intimidan. Esa dinámica ineludiblemente pervierte el vínculo que da sentido a la democracia entre la representación política y el electorado, esto es, en el nivel más concreto de la vida pública.
La respuesta institucional, que debiera ser preventiva y articulada, con reformas profundas y con visión de Estado hacia la propia policía y las políticas de descentralización, han sido hasta ahora solo reactivas y solapadas por videos de TikTok de la presidenta y sus ministros. El riesgo es tan serio que de continuarse en la reactividad, el primer eslabón del Estado seguirá siendo capturado desde abajo.