Gustavo Gutiérrez Ticse anuncia que pronto se emitirá la sentencia sobre el caso de la amnistía de militares y policías
Gustavo Gutiérrez Ticse, magistrado del Tribunal Constitucional, anunció que pronto se emitirá un pronunciamiento sobre la demanda contra la Ley N.º 32419, que otorga amnistía a militares, policías y comités de autodefensa por hechos entre 1980 y 2000.
“Estamos por emitir pronto la sentencia. Ciertamente, eso podrá advertir las posturas y las corrientes de pensamiento que siguen los magistrados del Tribunal”, declaró a Canal N.
Añadió que faltarían dos votos para ser comunicados y será “evacuado prontamente”.
El 14 de agosto de 2025 la norma fue publicada en el diario oficial El Peruano y, tiempo después, el 12 de septiembre, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el TC, la cual fue admitida.
Luego, el 11 de marzo de 2026 se realizó la audiencia pública virtual y luego de escuchar los informes orales de los abogados de ambas partes, dejó al voto 14 procesos constitucionales, provenientes de diversas jurisdicciones del país.
Si TC declara constitucional la Ley de Amnistía, los jueces no podrán aplicar control difuso
El 2025, al ser consultado sobre el impacto de la decisión del TC sobre la ley de amnistía, Gutiérrez Ticse dejó claro que si se declara constitucional ya no se podrá aplicar el control difuso.
“El sistema señala lo siguiente: que una norma se presume constitucional. Por lo tanto, los jueces, por regla, deben aplicar una ley. Si la ley la consideran inconstitucional en un caso concreto, los jueces tienen la potestad del control difuso de inaplicarla. Pero cuando esto llega al Tribunal Constitucional y el tribunal dice que esa ley es constitucional, ya no pueden hacer control difuso porque tienen que aplicar la ley constitucionalizada”, dijo a RPP.
Sustentó lo dicho citando el segundo párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, en el que se lee: “los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular”.
Gonzalo Ugarte, abogado e integrante del Área Académica y de Investigaciones del IDEHPUCP, señala que “el gran problema de esta norma es que, al no contemplar mayores excepciones, podría extinguir investigaciones y procesos vinculados con graves violaciones de derechos humanos o crímenes internacionales ocurridos durante dicho periodo”, en un artículo de la casa superior de estudios.
Añadió que teniendo una “mirada integral del derecho internacional contemporáneo, es jurídicamente insostenible el argumentar que el Perú puede permitir la amnistía o la prescripción de crímenes internacionales o graves violaciones de derechos humanos, hayan sido cometidas antes o después del año 2002”.
“Lejos de proteger algún bien jurídico relevante, una sentencia en esa línea consolidaría la impunidad de quienes hayan cometido algunos de los crímenes más graves que pueden afectar a una persona y a una sociedad. La sentencia a ser emitida sobre el proceso contra la Ley No. 32419 se convertirá casi por seguro en un hito, y es el pleno del Tribunal Constitucional el que debe decidir el derrotero este: el de la profundización en la injusticia o en el punto de inflexión hacia el respeto por los derechos de las víctimas, sus familiares y la integridad del derecho internacional”, se lee.