Remate del redondel de Zapote estará bajo vigilancia tras dos intentos fallidos y visita de extraditable
La Comisión Fiscalizadora de los Festejos Populares de San José anunció este miércoles que vigilará el remate del redondel y el campo ferial de Zapote, tras dos intentos fallidos y cuestionamientos sobre la descalificación de participantes.
La Comisión señaló que todavía no recibió respuestas de la Proveeduría Municipal ni de la Comisión de Festejos sobre los motivos de los remates fallidos y los criterios utilizados para excluir a oferentes por supuestos incumplimientos de requisitos.
Otro de los puntos bajo revisión es la visita del extraditable Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, al despacho del regidor independiente Luis Murillo, confirmada mediante registros institucionales y declaraciones del propio funcionario.
Una boleta de registro de visitantes, identificada con el número 7056, señala que Tam ingresó a las instalaciones municipales el martes 29 de setiembre, a las 4:50 p. m.
En el apartado correspondiente al motivo de la visita, el extraditable escribió la palabra “independiente”.
“La Comisión es enfática: la existencia de esta visita no demuestra, por sí sola, la comisión de un delito. Sin embargo, las circunstancias en que se produjo, el interés manifestado en participar en el remate y las interrogantes que persisten sobre estos procedimientos encienden alertas que deben ser atendidas y esclarecidas”, señala el comunicado.
Concejo Municipal solicita investigación
El Concejo Municipal de San José aprobó una moción el 13 de octubre para solicitar a la Auditoría Interna una investigación preliminar sobre las actuaciones institucionales relacionadas con estos acontecimientos.
La solicitud surgió tras reportes periodísticos sobre visitas de personas señaladas como figuras de alto perfil delictivo a la sede del Concejo Municipal de San José.
Por su parte, la Comisión Fiscalizadora anunció que dará seguimiento a todas las etapas del remate, desde los requisitos de participación y la evaluación de ofertas hasta la adjudicación y el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.
El objetivo, según indicó, es verificar la transparencia y la legalidad del procedimiento, así como obtener respuestas sobre los cuestionamientos pendientes.
“No estamos afirmando que se haya cometido un delito. Estamos diciendo que existen hechos comprobados y preguntas legítimas que deben esclarecerse. Nuestra obligación es investigar, documentar y dar seguimiento, no mirar hacia otro lado. Cada etapa del remate será observada con lupa, porque el interés público debe prevalecer sobre cualquier interés particular”, agregó.