Debate de facultades en el Senado se suspende hasta el miércoles: sesión se desarrolló entre altercados
La Comisión de Constitución del Senado suspendió a las 4:40 p.m. de este sábado el debate sobre el pedido de facultades del Gobierno de Keiko Fujimori y lo retomará el miércoles 14 de octubre, a las 10:00 a.m. La sesión, que fue la continuación de la del viernes, se interrumpió unos minutos por un altercado entre el senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, y los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia, Ernesto Álvarez. Maraví y el senador Calisto Giampietri, de Renovación Popular también estuvieron a punto de llegar a los golpes.
En esa misma sesión, Astudillo tomó la palabra y reconoció que el apagado de chips de celulares "es una cosa nuestra desde el Ejecutivo", es decir, que no depende de las facultades que pide el Gobierno. Un día antes, el premier Luis Galarreta ya había admitido ante la comisión que "nadie ha dicho que no se puede hacer cosas sin las facultades", aunque insistió en que lo aprobado por Diputados es insuficiente y en que negarlas "sería histórico en las relaciones democráticas del mundo moderno".
Cabe recordar que los diputados aprobaron el último 6 de octubre solo 20 de los 66 puntos que el Ejecutivo pidió, los puntos que aprobaron corresponden a materias en seguridad ciudadana y al fenómeno El Niño por 90 días.
Astudillo sostuvo que la norma permitiría geolocalizar a extorsionadores con las cámaras de los bancos, porque, explicó, "todos los extorsionadores cobran en cajeros". Dijo que en un operativo reciente en Wilson detectaron la venta de software, direcciones, DNI y hasta huellas digitales, y planteó traer tecnología del extranjero para enfrentar el uso de WhatsApp.
Por su parte, el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, pidió a los senadores otorgar una facultad que Diputados no concedió. "Necesitamos un marco legal que permita que el Estado no sea bobo, que la democracia no sea boba", afirmó. Álvarez propuso separar en penales especializados a los internos por delitos no violentos de los de alta peligrosidad.
En tanto, el senador Maraví cuestionó que los ministros insistan en ampliar el debate, pues sostuvo que lo único en discusión es el texto de Diputados, que "solo compromete dos materias y 20 facultades legislativas". Lamentó que lleven a la comisión "un debate que no corresponde en esta instancia".
Minutos antes del altercado, la senadora Ruth Luque, de Ahora Nación, había dicho a Astudillo que "parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir hacia una reforma policial profunda en el país" y le había preguntado si el Estado pretende llamar "grupo hostil" a quienes protestan. Tras esa intervención, Maraví chocó con Astudillo y con Álvarez.
Posiciones de bancadas ante el pedido de facultades
Las bancadas de JP y Ahora Nación coincidieron en dos puntos, en el alcance del pedido y sus límites constitucionales. El senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, sostuvo que los ministros usan "el nombre de algunos sectores" para introducir otros temas de los que, dijo, no se quiere hablar en público.
Sobre los trabajadores penitenciarios y sus salarios, afirmó que "para eso no necesitan facultades", porque el Ejecutivo ya maneja los presupuestos y tiene leyes vigentes. Sobre las Fuerzas Armadas, advirtió que la Constitución les asigna un rol distinto al que plantean los ministros y que los estados de emergencia aplicados desde 2022 y 2023 "han fracasado", pues la inseguridad en vez de disminuir, aumentó. Si el Gobierno insiste en ese camino, dijo, "tendrán que responder a la población", y que además, para hacer todo eso cuenta con los decretos supremos.
Luque afirmó que la gravedad de la extorsión exige respuestas efectivas, pero que "ese nivel de respuesta requiere cuidar ciertos límites constitucionales". Recordó al ministro de Justicia, quien también estuvo presente en el debate de la comisión, que la ley de la carrera especial pública penitenciaria tiene pendiente su implementación.
La senadora Lourdes Alcorta, de Renovación Popular, preguntó al ministro de Justicia cuántos acusados y sentenciados ingresan cada mes a las cárceles, si se mantiene la cifra de mil mensuales y cómo se maneja el uso de bloqueadores de señal en penales de altura como Challapalca. También reclamó seguimiento a quienes salen en libertad. Sostuvo que el país tiene 130 mil policías y que la mitad custodia a autoridades, por lo que "hay que incrementar el número de policías".
Antes de la suspensión, el presidente de la comisión, Carlos Mesía, de Fuerza Popular, dijo para RPP que se había previsto votar el dictamen el jueves 15 de octubre. Mesía defiende que "el Senado puede modificar lo que viene de la Cámara de Diputados", pese al pedido de Óscar Reto, presidente de esa cámara, de no desnaturalizar el dictamen.
Entre los cambios que evalúa la comisión figuran el fortalecimiento de la inteligencia policial y una mayor participación de la Policía y de las Fuerzas Armadas en los penales, aspectos que Diputados rechazó por temor a un uso político de la información de inteligencia. Mesía admitió que su bancada no tiene los 22 votos para imponer cambios y no descartó un acercamiento con JP.