Cientos acampan en Madrid en protesta por la crisis de vivienda tras el desalojo de una mujer de 87 años
Cientos de personas permanecen en la Puerta del Sol de Madrid tras una manifestación contra la crisis de vivienda en España y el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que tuvo que abandonar el apartamento donde residió durante siete décadas. Los participantes reclaman mayor protección para los inquilinos y medidas contra los desahucios.
La protesta comenzó el sábado y continuó durante la madrugada del domingo con tiendas instaladas frente a la sede de la Comunidad de Madrid. El Sindicato de Inquilinas de Madrid anunció que mantendrá la acampada si el Gobierno no incluye contratos indefinidos en el denominado decreto Maricarmen. “No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el Gobierno”, afirmó la organización en X.
Sánchez promete un decreto para proteger a inquilinos
El presidente Pedro Sánchez aseguró que su Ejecutivo trabaja “contrarreloj” con el fin de llevar este martes al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley sobre Vivienda. El paquete contempla medidas de protección para los arrendatarios, entre ellas la renovación automática de determinados contratos y un refuerzo de las restricciones a los desalojos.
Sánchez respondió así al mensaje de Maricarmen, quien desde el hospital pidió que lo sucedido sirviera para cambiar las normas que permitieron su salida del inmueble.
El caso adquirió relevancia después de que Maricarmen abandonara el piso tras una operación policial. Según el Sindicato de Inquilinas, una inmobiliaria compró el edificio y elevó el alquiler un 275%, hasta 2.650 euros. El precio medio del alquiler en España se ha duplicado en una década, hasta 15,1 euros por metro cuadrado en agosto, según Idealista.
La ONU cuestiona el desahucio de la mujer de 87 años
Koldo Casla, relator especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, afirmó que el desalojo del 23 de septiembre vulneró una medida cautelar emitida en junio por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Casla señaló que España debía suspender el procedimiento hasta resolver el fondo del caso. A su juicio, una situación como esta exige valorar las circunstancias personales del afectado, como edad, discapacidad, ingresos y tiempo de residencia, además de las condiciones del propietario.
El relator también cuestionó la alternativa habitacional ofrecida a Maricarmen y planteó una regulación más estricta para las empresas dedicadas al alquiler.
Junts condiciona su apoyo al nuevo decreto de vivienda
El apoyo de Junts será relevante para la aprobación parlamentaria del paquete. Su secretario general, Jordi Turull, afirmó que su formación respaldará la norma si incluye medidas para limitar la actuación de grandes fondos inmobiliarios.
Turull advirtió, sin embargo, que el texto no debe incorporar medidas que, según sus palabras, “criminalicen al pequeño propietario”. La posición de Junts llega cuando el Ejecutivo de Sánchez necesita apoyos para convalidar el decreto en un Congreso donde no dispone de mayoría.