Procuraduría de la Ética abre investigación a diputada del PPSO por presunta legislación en provecho propio
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) ordenó abrir una investigación preliminar contra la diputada Cindy Murillo Artavia, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), para determinar si incurrió en un indebido conflicto de intereses y en una presunta legislación en provecho propio, al participar en la discusión y aprobación de un proyecto de ley que beneficiaría a negocios de su familia.
Así consta en la resolución PEP-RES-280-2026, con fecha 9 de setiembre, donde se resuelve admitir la denuncia presentada contra la legisladora y se designa a Tatiana Gutiérrez Delgado como procuradora a cargo de la investigación.
El oficio firmado por José Armando López Baltodano, procurador director de la PEP, explica que se le dio admisibilidad a la denuncia contra Cindy Murillo después de haber efectuado el examen preliminar de los hechos.
“Esta procuraduría estima procedente abrir la apertura de una investigación preliminar en el presente caso, a efecto de determinar el mérito de lo denunciado”, dice el oficio.
Los hechos denunciados contra Cindy Murillo
Entre finales de mayo y principios de junio, los diputados aprobaron en primer y segundo debate el expediente 22.981, que le da la categoría de paisaje nacional protegido al espejo de agua del embalse Arenal, de 87 kilómetros cuadrados, y también autoriza el desarrollo de actividades productivas y turísticas desde la ribera de la laguna hasta los 548,58 metros sobre el nivel del mar.
El objetivo de la iniciativa es permitir, dentro de esa área silvestre protegida, actividades como pesca de subsistencia o consumo doméstico, de fomento, turística, deportiva y acuicultura, así como actividad recreativa acuática, de transporte acuático y temática, además de infraestructura turística y recreativa de bajo impacto, incluyendo la construcción de atracaderos turísticos.
Aunque se trata de una propuesta que beneficiaría directamente a una sociedad vinculada a su familia, propietaria de un terreno donde opera un hotel a orillas del embalse, Cindy Murillo participó con su voto en los dos debates, usó la palabra y dijo en sus redes sociales que había promovido la convocatoria del proyecto.
El negocio familiar de Cindy Murillo
A orillas del lago Arenal se encuentra el Tinajas Arenal Lakefront Lodge, ubicado en la finca 237221. Este es un terreno de 1.916 metros cuadrados propiedad de la sociedad anónima Jhasu de Arenal, según consta en el Registro Nacional de la Propiedad.
En certificación literal del Registro Nacional, consta que la sociedad Jhasu de Arenal S. A. tiene como miembros de su junta directiva a Simón Murillo Marín, padre de la diputada Cindy Murillo, como presidente de la junta directiva de la sociedad, y a Xinia Artavia Conejo, madre de la legisladora, como secretaria de la junta de esa misma sociedad.
Además, la diputada Murillo Artavia aparece como tesorera de la sociedad, mientras que una hermana figura como la fiscal. La sociedad fue inscrita ante el Registro Nacional de Personas Jurídicas el 20 de marzo de 2018.
Adicionalmente, en el Registro Nacional consta otra propiedad cercana al negocio familiar, de 474 metros cuadrados, con el número de finca 134134, cuya propietaria es la diputada oficialista Cindy Murillo Artavia, en solitario.
El Reglamento de la Asamblea Legislativa establece, en su artículo 105, que es imposible para los diputados retirarse del plenario cuando se vaya a votar un asunto; establece que están obligados a dar el voto, sea afirmativo o negativo, en los asuntos.
Sin embargo, el artículo también establece que un congresista puede excusarse de dar su voto sobre un asunto, y se le permite retirarse del recinto, cuando considere que el asunto en discusión puede “otorgar de forma directa un beneficio para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o para las empresas en las que él o ella posea participación accionaria”.
Por otra parte, el artículo 48 de la ley 8422, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, establece sanciones para el funcionario que vote una ley que le beneficia directamente, a su familia o empresas.