Osinergmin cuestiona adenda de Cálidda: viviendas sin gas garantizado por más de10 años y US$1.832 millones extra en la tarifa
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) y Cálidda avanzan en la firma de una adenda al contrato de concesión para ampliar la distribución de gas natural hacia el centro y sur del país. La modificación contempla una inversión privada de US$550 millones para llevar el servicio a 15 localidades de siete regiones, con más de 300.000 consumidores potenciales.
Pese a la promesa de llevar gas natural al interior del país, recibe graves advertencias por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) sobre el alcance real de esa expansión.
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El regulador advierte que, pese a la magnitud de la inversión y de las redes previstas, en cuatro localidades las conexiones mínimas comprometidas cubrirían apenas entre el 20% y 30% de las viviendas evaluadas. El resto podría ver postergado su acceso al servicio por más de diez años.
Este proyecto de masificación hacia nuevas ciudades del centro y sur del Perú podría dejar a la mayoría de viviendas de cuatro localidades sin una conexión garantizada durante más de una década. En Huamanga, Quillabamba, Huancavelica y Curimaná, las metas mínimas establecidas en la Novena Adenda al contrato de Cálidda alcanzan como máximo a tres de cada diez viviendas identificadas en las zonas evaluadas.
La advertencia está contenida en el informe N.° 413-2026-GRT/OS de Osinergmin, que evalúa la propuesta de modificación contractual que actualmente se encuentra en manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
El proyecto contempla la construcción de 3.738,9 kilómetros de redes y un universo de 300.613 consumidores potenciales en nuevas localidades. Sin embargo, el compromiso mínimo que asumiría Cálidda es de 201.411 conexiones.
| Localidad | Viviendas evaluadas | Conexiones mínimas | Cobertura |
| Huamanga | 44.660 | 13.555 | 30,4% |
| Quillabamba | 4.391 | 884 | 20,1% |
| Huancavelica | 12.839 | 3.840 | 29,9% |
| Curimaná | 1.100 | 230 | 20,9% |
En Huamanga, por ejemplo, la adenda establece como mínimo 13.555 conexiones frente a 44.660 viviendas consideradas en el área evaluada. Es decir, el compromiso contractual alcanza al 30,4%.
En Quillabamba, la brecha es todavía mayor: de 4.391 viviendas, solo 884 conexiones están comprometidas, equivalente al 20,1%.
La situación se repite en Huancavelica, donde las 3.840 conexiones previstas representan el 29,9% de las 12.839 viviendas evaluadas, y en Curimaná, donde las 230 conexiones mínimas cubren apenas el 20,9% de 1.100 viviendas.
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El problema no es solo quién se conecta, sino quién tendrá una red frente a su vivienda
La cifra de cobertura no significa que el 70% u 80% restante quede definitivamente excluido del gas natural. El problema advertido por Osinergmin es otro: la propuesta no establece una obligación equivalente para garantizar que esos hogares tengan una red disponible frente a sus viviendas.
En otras palabras, una cosa es que una vivienda no esté conectada y otra muy distinta es que ni siquiera tenga una red cercana a la cual pueda solicitar posteriormente una conexión.
El regulador explica que no basta con fijar un número mínimo de kilómetros de redes y conexiones para garantizar la masificación. Cálidda podría cumplir formalmente con ambas metas concentrando la infraestructura y las conexiones en determinadas zonas, particularmente aquellas con mayor densidad o demanda.
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De esta manera, el concesionario podría alcanzar el número mínimo de usuarios exigido por el contrato sin que ello implique que la red se extienda de manera equilibrada por toda el área considerada como potencial.
El riesgo, según Osinergmin, es que otros barrios o sectores permanezcan sin infraestructura disponible y que sus habitantes tengan que esperar nuevas inversiones o modificaciones contractuales para acceder al servicio.
Por ello, el regulador advierte que una cobertura inferior al 31% en estas cuatro localidades postergaría el acceso al gas natural para aproximadamente el 70% de su población por un periodo superior a diez años.
La observación pone el foco en una diferencia que puede pasar desapercibida: los 300.613 consumidores potenciales que aparecen en la propuesta no equivalen a 300.613 viviendas que tendrán una conexión garantizada.
Se trata de un universo estimado de usuarios que podrían ser atendidos por las redes proyectadas. La obligación contractual de Cálidda, en cambio, está determinada por el número de conexiones mínimas.
Además, Osinergmin cuestiona que la propuesta considere un factor de penetración de 67%, cuando el regulador señala que debería alcanzarse como mínimo 70% en cada localidad.
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Una expansión de 3.738 kilómetros no garantiza una expansión equivalente de la cobertura
La Novena Adenda busca ampliar el ámbito de la concesión hacia ciudades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Puno, Cusco, Apurímac y Huancavelica.
El proyecto incluye Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Puno y Juliaca, en Puno; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Abancay y Andahuaylas, en Apurímac; y Huancavelica.
La propuesta contempla construir miles de kilómetros de redes para llevar el servicio a estas localidades. Sin embargo, para Osinergmin, el cumplimiento de kilómetros y conexiones no debería ser el único parámetro para medir la masificación.
El punto es especialmente sensible porque la propia documentación que sustenta la propuesta identifica una cantidad de viviendas potenciales muy superior a las conexiones mínimas que se exigirían al concesionario.
Incluso existe un mecanismo que permite compensar hasta 20% de las conexiones entre localidades. Para el regulador, esta posibilidad puede reducir todavía más la garantía de cobertura en determinadas ciudades, debido a que conexiones pendientes de una localidad podrían terminar siendo ejecutadas en otra.
Así, el contrato podría cumplirse en términos numéricos sin necesariamente alcanzar el objetivo de llevar el servicio a la mayor cantidad posible de hogares.
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El regulador también cuestiona que Lima y Callao sigan pagando por redes después de 2033
Osinergmin señala que la adenda para extender la concesión de Cálidda hasta 2043 haría que más de 1,8 millones de usuarios en Lima y Callao sigan pagando en sus recibos por las redes de gas existentes, a pesar de que su costo total ya habrá sido recuperado tras los primeros 33 años del contrato (en 2033), cuando la infraestructura debe pasar a ser propiedad del Estado.
El problema radica en que la propuesta mantiene un valor cobrable (VNR) para estas tuberías, en lugar de fijarlo en cero al haber terminado de pagarse por completo.
De mantenerse este cobro adicional entre 2033 y 2043, el organismo regulador proyecta que la concesionaria obtendría ingresos por US$2.252,7 millones con costos operativos de US$420,7 millones, lo que generaría una utilidad de US$1.832 millones.
En cambio, si el valor de las redes viejas pasa a cero en 2033, la utilidad caería a US$329,7 millones. Para Osinergmin, esta diferencia de más de US$1.500 millones no debería ser una ganancia extraordinaria para la empresa, sino convertirse en tarifas más bajas para los consumidores o en nuevas inversiones sin costo para el usuario.
Expertos advierten un posible precedente para otros contratos de concesión
Las observaciones a la Novena Adenda no solo ponen sobre la mesa el impacto que tendría el acuerdo en Cálidda. Uno de los principales puntos de debate es cuánto margen conservaría el regulador para revisar la eficiencia de las inversiones y costos de operación una vez que estos criterios queden fijados en el contrato.
El informe técnico advierte que establecer condiciones rígidas podría dificultar que, en futuras fijaciones tarifarias, se trasladen a los usuarios las eficiencias, economías de escala u optimizaciones que surjan con la maduración de la red.
Expertos del sector consultados por este diario señalan que el alcance de esta discusión podría ir más allá del mercado del gas natural. Si estas condiciones quedan incorporadas en un contrato de concesión, otros operadores podrían invocar posteriormente un criterio de “trato no discriminatorio” para solicitar condiciones similares.
Aunque el informe del regulador no es vinculante para el Minem, los especialistas consideran que la decisión sobre la adenda podría marcar un precedente sobre cuánto espacio conserva la regulación tarifaria frente a las condiciones pactadas en contratos de largo plazo.
La discusión queda así planteada en dos frentes: cuánto de la expansión regional estará realmente garantizado para los hogares y bajo qué condiciones tarifarias continuará la concesión en Lima y Callao después de 2033.
Respuesta de Cálidda
Por su parte, Cálidda señaló a La República que su meta es "llevar el gas natural a 7 regiones del centro y sur del país, en el menor plazo posible, garantizando las mismas tarifas que pagan los usuarios en Lima".
La empresa precisó que su propuesta duplica el compromiso inicial planteado por el Estado al proyectar el tendido de redes para llegar a 300.000 viviendas, con una meta mínima de 201.000 conexiones reales, lo que representa "el compromiso más alto asumido por cualquier concesión de gas natural existente en el Perú".
Asimismo, aclaró que estas metas iniciales no limitan la expansión futura, pues existen mecanismos normativos para seguir ampliando la cobertura progresivamente.
Sobre las complejidades técnicas y de costos en el interior del país, explicaron que las métricas en la nueva Adenda fueron fijadas por un consultor experto contratado por el Ministerio de Energía y Minas, quien consideró desafíos climáticos como lluvias, nieve y altura, además de factores de suelo y temas arqueológicos.
"Es evidente que, dados estos factores, los rendimientos asociados a la construcción de redes son menores, por lo que el costo debe ser mayor", argumentaron, añadiendo que al construir en 15 ciudades a la vez requieren flexibilidad para compensar las conexiones que no puedan concretarse en una localidad con los avances de otra.
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Frente a las críticas por el impacto en las tarifas, la concesionaria descartó la existencia de utilidades indebidas. “En un contrato regulado, no puede existir una 'sobreganancia', ya que toda modificación contractual requiere mantener el equilibrio económico-financiero, es decir, que el concesionario no gane más con la adenda que sin ella”, sostuvieron.
Cálidda indicó que el modelo de negocio contempla un plazo de 30 años para que la tarifa permita recuperar el costo de las obras. Por ello, señalaron que las infraestructuras que se construyan cerca al fin del contrato no alcanzan a pagarse del todo mediante el recibo de los usuarios.
En ese sentido, manifestaron que ampliar el plazo de la concesión por 10 años no busca generar un cobro extra, sino dar el tiempo necesario para terminar de financiar las tuberías que se instalarán en los próximos años.
“Por la vía tarifaria, sólo podrán ser remuneradas durante 8 años, considerando que la concesión termina en 2033; si esta se amplía 10 años, dichas inversiones se remunerarán durante 18 años”, indicaron, precisando que el contrato original define cómo saldar el monto restante.
Sobre el ritmo de instalación, Cálidda indicó que también depende de cómo la población vaya conociendo los beneficios del servicio, tal como ocurrió durante el desarrollo de la concesión en la capital.
“Ejemplo de ello es Lima: el compromiso inicial era menos de 100 mil conexiones y a la fecha ya hemos realizado más de 2,1 millones bajo los mecanismos del reglamento”, indicaron para este diario.
Respecto a la situación en Quillabamba, Cálidda indicó que, de aprobarse la propuesta, culminaría las obras del proyecto estatal en la ciudad y extendería el servicio a las zonas que no habían sido consideradas originalmente.