De Marlaska a Moncloa: los peones del "sanchismo" quedan bajo la lupa judicial por Ceuta
La investigación judicial sobre Ceuta tiene todavía mucho recorrido antes de poder hablar de responsabilidades penales dentro del Gobierno, pero ha dejado de ser un problema exclusivamente situado al otro lado de la frontera. Los informes que está reuniendo la juez de la Audiencia Nacional María Tardón pueden obligar a reconstruir también hacia arriba la cadena española de conocimiento y decisión: quién recibió las alertas, qué decía exactamente cada una de ellas, hasta dónde llegaron y qué hicieron quienes tenían capacidad para reaccionar.
Interior y su cadena de mando están en el primer escalón. Después, Fernando Grande-Marlaska. Diego Rubio introduce directamente a Presidencia en la secuencia de avisos. El CNI obliga a determinar qué información trasladó Defensa y a quién. Y Pedro Sánchez está, de momento, bastante más lejos desde el punto de vista penal, pero no necesariamente fuera del recorrido si las diligencias permiten acreditar que una advertencia suficientemente concreta terminó llegando hasta él. Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN insisten en una cautela fundamental: no existe en estos momentos una investigación penal contra Sánchez, Marlaska, Rubio ni ningún otro responsable del Gobierno, y tampoco se puede convertir una negligencia, por grave que sea políticamente, en un delito. Pero eso no significa que las diligencias no puedan acabar alcanzando a responsables españoles si aparecen hechos nuevos.
El elemento que ha cambiado el escenario es que ya no puede sostenerse que antes del 30 de julio no hubiera avisos. El Gobierno ha admitido la existencia de una sucesión de informes y comunicaciones durante julio y se ha mostrado dispuesto incluso a desclasificar información del CNI. Moncloa prepara un dosier con las notas recibidas entre el 1 de julio y el 1 de agosto, incluidas varias advertencias sobre la necesidad de extremar la vigilancia en el Tarajal. Ahora bien, Sánchez ha defendido en el Congreso que ninguna de esas advertencias permitió anticipar una entrada de la magnitud que finalmente se produjo.
Interior, el primer cortafuegos
La situación más delicada comienza en Interior porque es donde confluyen buena parte de las competencias operativas y donde ya existen versiones enfrentadas sobre la información disponible. El CNI dio «varios avisos» a Interior durante las semanas anteriores sobre el riesgo de una entrada masiva, según fuentes relacionadas con la seguridad del Estado. El servicio de inteligencia no conocía el momento exacto en el que podía producirse, pero consideraba real la amenaza. Sin embargo, Interior ha mantenido, por el contrario, que no recibió del CNI ninguna advertencia capaz de anticipar lo sucedido el día 30.
A esto hay que sumar ahora la documentación policial. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras elaboró el 29 de julio, sólo un día antes de la entrada, un informe que situaba como «alto» el riesgo de llegadas a nado. Y el posterior informe remitido a Tardón va mucho más lejos en su reconstrucción de los acontecimientos: los investigadores sostienen que existió planificación para colapsar el sistema español de control fronterizo y describen la intervención de agentes marroquíes en el guiado de quienes pretendían entrar en Ceuta.
La investigación tendría que establecer quién recibió ese informe del día 29, cómo circuló dentro de Interior, si fue elevado a los responsables políticos y qué decisiones provocó. Si quedó en niveles policiales, la responsabilidad termina en un punto. Si ascendió, el recorrido continúa. En este marco, las fuentes consultadas destacan que Marlaska no puede responder penalmente por el mero hecho de ser ministro cuando se produjo la crisis. Ni siquiera porque el dispositivo resultara insuficiente. "Pero su posición sí cambiaría si apareciera una advertencia concreta que hubiera llegado personalmente a su ámbito de decisión y respecto de la cual existiera una obligación legal de actuar que hubiera sido conscientemente ignorada", puntualizan.
Tardón busca precisamente los avisos
La importancia de la investigación está en que Tardón ha pedido información que puede permitir reconstruir ese recorrido. La magistrada requirió a la Guardia Civil que precisara expresamente si cualquiera de sus unidades en Ceuta había recibido durante los días anteriores alguna información que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir. A la Policía le encargó determinar si la entrada respondió a una «acción concertada o dirigida» por algún grupo criminal. El informe de la Policía ya está en la Audiencia Nacional, pero falta una parte importante de la respuesta de la Guardia Civil. Este último documento preocupa especialmente en Moncloa porque puede convertirse en una de las piezas más comprometidas si incorpora nuevas alertas anteriores al día 30 y permite seguir su distribución dentro de la Administración.
Además, la Fiscalía también ha elevado la relevancia de las diligencias. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha asumido personalmente el asunto por su «singularidad y trascendencia». Tendrá que pronunciarse además sobre una cuestión previa esencial: si la Audiencia Nacional es competente para investigar los delitos denunciados. "Todavía estamos en una fase preliminar. Pero cada documento que entra en la causa ayuda a completar una cadena que hasta ahora el Gobierno había presentado de manera fragmentada", explican fuentes jurídicas.
Diego Rubio rompe el cortafuegos de Interior
El jefe de Gabinete de Pedro Sánchez participó el 27 de julio, tres días antes de la entrada masiva, en una reunión telemática con Juan Jesús Vivas y representantes de Interior y del CNI. Vivas trasladó su preocupación por el fuerte incremento de las entradas a nado y por los mensajes que circulaban en redes convocando a acceder masivamente a Ceuta, y el CNI puso también sobre la mesa esas señales. Rubio rebajó la amenaza. «Esto pasa todos los veranos», sostuvo, según fuentes consultadas por este periódico. También habría utilizado como argumento la buena relación con Marruecos para considerar improbable el escenario que preocupaba al presidente ceutí, según informó El Independiente.
El episodio resulta especialmente relevante porque sitúa documentalmente el debate dentro de Presidencia antes de que se desbordara la frontera. La pregunta inevitable es ¿qué ocurrió entre el aviso y la madrugada del día 30? "Rubio no adquiere responsabilidad penal porque interpretara mal una amenaza. Un error de valoración política, incluso de enormes consecuencias, no constituye por sí mismo un delito. Pero su intervención puede resultar esencial para reconstruir cómo se gestionó la alerta dentro de Moncloa: qué documentación tenía cuando respondió a Vivas, qué conocía de los informes del CNI y de Interior, a quién informó después y si la advertencia llegó al presidente".
Las fuentes jurídicas consultadas explican que para intentar derivar una responsabilidad penal hacia el presidente habría que individualizar su conducta: acreditar qué conoció personalmente, cuándo lo conoció, qué capacidad y obligación jurídica tenía de actuar y qué decisión adoptó. "Hoy no consta esa cadena. Pero tampoco puede descartarse de antemano que las diligencias permitan reconstruirla. Si aparecen documentos, comunicaciones o testimonios que acrediten que las sucesivas advertencias de Ceuta, Policía, Guardia Civil y CNI terminaron confluyendo en Presidencia, será necesario determinar dónde acabó exactamente la información".
Qué delitos podrían llegar a plantearse
Los penalistas consultados piden especial prudencia con las figuras delictivas que se están manejando alrededor del caso. Una de las posibilidades que puede estudiarse en abstracto es el artículo 408 del Código Penal, que castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a las obligaciones de su cargo, deje «intencionadamente» de promover la persecución de delitos de los que tenga noticia. La pena prevista es la inhabilitación especial para empleo o cargo público.
La prevaricación plantea todavía más dificultades. "No puede construirse simplemente sobre la tesis de que el Gobierno recibió avisos y actuó mal. Requiere una resolución arbitraria dictada a sabiendas de su injusticia y la jurisprudencia es particularmente exigente cuando se pretende trasladar el delito al terreno de la omisión. El delito no estaría en no haber previsto Ceuta, sino en una decisión concreta".
Robles juega otra partida
La ministra de Defensa, Margarita Robles, está en una posición diferente. El CNI depende orgánicamente de Defensa, pero eso no convierte a la ministra en responsable de la respuesta operativa en la frontera. Al contrario: si los servicios de inteligencia acreditan documentalmente que detectaron el riesgo y lo trasladaron correctamente a quienes tenían capacidad de actuación, la cadena podría alejar la responsabilidad de Defensa y desplazarla hacia el destinatario de las advertencias. Para aclarar todas estas incógnitas es fundamental la desclasificación de los informes, saber qué decía el CNI, cuándo lo dijo, a quién se lo remitió y con qué nivel de riesgo.