La Fiscalía pide mantener la imputación de la expareja de Ábalos por reconocer sus enchufes en Ineco y Tragsatec
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido mantener la imputación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en el "caso Koldo" y del exdirector de Gestión Administrativa de ADIF Ignacio Zaldívar (quien participó en el proceso de contratación de esta) por su enchufe en Ineco y Tragsatec.
El Ministerio Público rechaza el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Rodríguez al argumentar que su declaración como testigo en el juicio del Tribunal Supremo (TS), que supuso una condena de 24 años de prisión para el exministro, en la que admitió que cobró de ambas empresas públicas sin trabajar, "resulta fiable" y "está corroborada" por "numerosos datos de prueba".
En el escrito de Anticorrupción, al que ha tenido acceso este periódico, la defensa de Jesica pretendía que se dejara sin efecto su citación como investigada, acordada el pasado 3 de julio y donde optó por guardar silencio, al considerar que la resolución carecía de motivación suficiente. También invocaba la existencia de cosa juzgada y una posible vulneración de derechos fundamentales.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que la providencia estaba motivada por remisión a su propio informe del 1 de julio, una técnica que, recuerda, ha sido admitida por la doctrina del Tribunal Constitucional. A su juicio, aquel informe contenía una motivación suficientemente detallada para explicar las razones por las que Rodríguez debía ser citada como investigada.
La Fiscalía tampoco comparte que exista cosa juzgada. Argumenta que el procedimiento seguido ante el Tribunal Supremo se circunscribió a la participación de José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García y sostiene que las consideraciones realizadas en aquella causa sobre la contratación de Rodríguez por Ineco y Tragsatec justifican examinar ahora su eventual responsabilidad.
"El hecho de haber declarado ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo, cuando todavía no había adquirido la condición de investigada es una circunstancia que, evidentemente, ha de ser tomada en consideración a los efectos de determinar su participación en los hechos, así como la eventual pena que le pudiera ser impuesta", apunta.
En su escrito, Anticorrupción reproduce también pasajes de la sentencia del Supremo relativos a Rodríguez y destaca que el tribunal aludió a su "no descartable y potencial responsabilidad" en unos hechos que, por otra parte, asegura "probados". Según detalla, Jesica corroboró en su declaración ante el alto tribunal que Ábalos conocía su enchufe en las empresas públicas y también detalló la percepción mensual de los salarios pactados.
Para la Fiscalía, esas consideraciones no pueden ser ignoradas por el órgano instructor y justifican el cambio de su situación procesal. También rechaza el argumento de la prescripción planteado por su defensa.
La imputación de Zaldívar
En paralelo, Anticorrupción adopta una posición similar respecto a Ignacio Zaldívar García, cuya defensa solicitó igualmente que se anulase su citación como investigado. La Fiscalía sostiene que la imputación de Zaldívar no se fundamenta en sus propias declaraciones, sino, entre otros elementos, en el testimonio de Virginia Barbancho, responsable de Jesica Rodríguez en Tragsatec.
Barbancho aseguró ante el Supremo que recibió una "llamada de Ignacio Záldivar intimándola a que dejaran en paz a Jessica Rodríguez, precisándole que el ministro había hablado con la presidenta de ADIF para mostrarle su desagrado por la situación generada". Además, el propio Zaldívar reconoció en el acto del juicio el contenido de dicha conversación.
Para la Fiscalía existen, por tanto, hechos o indicios que justifican la imputación del exdirector de Gestión Administrativa de ADIF y que llevan a entender que "pudo haber participado en el delito de tráfico de influencias en tanto que trasladó a su subordinada (Virginia Barbancho) las presiones recibidas para que Jesica fuera contratada y fuera mantenida en su puesto".
La Fiscalía rechaza además que el eventual delito esté prescrito. Según su argumentación, las supuestas influencias no habrían terminado con la contratación de Rodríguez, sino que se habrían prolongado durante la vigencia de su contrato, hasta el 1 de septiembre de 2021.