El Tribunal de Cuentas tramita la denuncia que insta el reintegro del dinero que cobró David Sánchez
El Tribunal de Cuentas ha remitido a su Sección de Enjuiciamiento la denuncia de Iustitia Europa que persigue que David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, devuelva los 340.572 euros que habría percibido de la Diputación de Badajoz entre 2017 y mayo de 2025 como coordinador de conservatorios primero y jefe de la Oficina de Artes Escénicas después, tras la sentencia que le condena a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
En un escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Secretaría General del organismo contable traslada a la formación que lidera Luis María Pardo -que al igual que han hecho Vox y Hazte Oír ha acudido al tribunal con idéntico objetivo- que "se ha dado traslado" de su denuncia a la Sección de Enjuiciamiento "para que, si procede, se les dé la tramitación" (a la denuncia y a la documentación adjunta) prevista en los artículos 46 y siguientes de la ley que regula el funcionamiento de la institución.
Según esa norma, "los hechos supuestamente constitutivos de alcance de caudales o efectos públicos" se pasarán a la Sección de Enjuiciamiento "a efectos de que proponga a la Comisión de Gobierno, si procediere, el nombramiento de delegado instructor" que investigue los hechos.
También lo que cobró el exasesor de Moncloa
A este respecto determina que "cuando los hechos, manifiestamente, no revistan caracteres de alcance o cuando no fuere éste individualizado con referencia a cuentas determinadas o a concretos actos de administración, custodia o manejo de caudales o efectos públicos", podrá el consejero del tribunal encargado del asunto, tras escuchar a la Fiscalía, al letrado del Estado y, en su caso, al denunciante "decretar el archivo de las actuaciones".
En su denuncia, Iustitia Europa cifra en 340.572 euros el dinero que percibió el hermano de Pedro Sánchez de la Diputación entre julio de 2017 y mayo de 2025 (cuando renunció al cargo acosado por la investigación judicial) y en otros 427. 561 euros los que ingresó el exasesor de Moncloa Luis Carrero, que también fue contratado por la institución, desde enero de 2024 a junio del pasado año.
En su sentencia, la Audiencia de Badajoz rechazó obligar a ambos a devolver esos emolumentos, como solicitaba la acusación popular, al no reconocer a esta la condición de perjudicada por esa supuesta merma en los caudales públicos.
Proceso de adjudicación "de escaparate"
La formación política pretende que el Tribunal de Cuentas investigue, cuantifique y, en su caso, ordene el reintegro de todas esas cantidades cobradas en el ejercicio de unos cargos cuya provisión calificó el tribunal de puramente cosmética o "de escaparate". Junto con -añade- las cotizaciones sociales asumidas por la Diputación, indemnizaciones, dietas, desplazamientos y los costes adicionales derivados de que "otros empleados públicos tuvieran que asumir funciones que correspondían a los puestos investigados".
Para Iustitia Europa, esta decisión "abre la puerta a la depuración de las responsabilidades económicas que pudieran derivarse del perjuicio ocasionado a las arcas públicas" por la adjudicación de unas plazas que la Audiencia de Badajoz -recuerda- calificó de "innecesarias y vacías de contenido".
Según pone de relieve en un comunicado, el traslado acordado por el Tribunal de Cuentas resulta "determinante para evitar cualquier riesgo de prescripción de una eventual responsabilidad contable, garantizando que los hechos puedan ser analizados por el órgano competente".
Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, destaca que se trata de "la primera denuncia que supera el trámite inicial y abre la vía para exigir responsabilidades contables por el dinero de todos los españoles". "Nuestro compromiso no termina con una condena penal; continúa hasta lograr la devolución de hasta el último euro a las arcas públicas", pone en valor.