Siete investigados por estafar casi un millón de euros a 58 víctimas en Ávila, Zamora, Cantabria, Madrid y Barcelona

La Guardia Civil y la Policía Nacional han investigado a siete personas como presuntas autoras de una estafa continuada en un entramado criminal relacionado con falsas inversiones que habría causado un perjuicio cercano al millón de euros a 58 víctimas de las provincias de Ávila, Zamora, Madrid, Cantabria y Barcelona.

La investigación se inició a raíz de una querella interpuesta en la provincia de Ávila, donde varias personas denunciaron haber sido víctimas de una posible estafa relacionada con inversiones financieras que les ocasionó un perjuicio económico de aproximadamente 30.000 euros.

Las gestiones e investigaciones realizadas por Policía Nacional y Guardia Civil permitieron descubrir la existencia de una estructura empresarial que, presuntamente, ofertaba activos de inversión de nueva creación bajo la promesa de obtener, en un corto periodo de tiempo, elevadas rentabilidades, muy superiores a las habituales en los mercados financieros tradicionales.

Sin embargo, según se desprende de la investigación, las cantidades aportadas por las víctimas no se destinaban a las inversiones comprometidas, sino que eran desviadas a cuentas bancarias vinculadas a los investigados.

Posteriormente, parte de estos fondos habría sido destinada a la adquisición de criptoactivos mediante distintas operaciones dirigidas, presuntamente, a dificultar la trazabilidad del dinero, ocultar su origen y destino y favorecer su blanqueo.

Como resultado de la investigación, se ha procedido a la investigación de siete personas como presuntas autoras de un delito continuado de estafa y se investiga a una persona jurídica por su presunta implicación en delitos de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible, contra el mercado y los consumidores y contra la Hacienda Pública.

Las pesquisas han permitido identificar hasta el momento a 58 personas afectadas en distintas provincias de España, concretamente en Ávila y Zamora, Cantabria, Madrid y Barcelona y el perjuicio económico total causado a las víctimas asciende a cerca del millón de euros.

Según la investigación, los administradores de la sociedad habrían constituido una empresa que actuaba como instrumento para captar inversores. Para ello, contaban con una oficina física abierta al público, una red de agentes comerciales encargados de promocionar los productos financieros y, diversos canales digitales destinados a reforzar la apariencia de legitimidad de la actividad.

Entre estos medios figuraban una página web corporativa y una aplicación móvil que simulaba el comportamiento y la evolución de las supuestas inversiones realizadas por los clientes.

Además, la organización utilizaba su inclusión en un registro administrativo del Banco de España para transmitir una falsa sensación de solvencia y supervisión financiera, induciendo a las víctimas a creer que la actividad desarrollada estaba plenamente regulada y respaldada por las autoridades competentes.

Las diligencias continúan abiertas y no se descarta la aparición de nuevos afectados.