El Gobierno da luz verde a la polémica ley antitabaco de Mónica García
El Gobierno ha aprobado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley del tabaco, una reforma profunda de la normativa de 2005 que endurece las restricciones para fumar y vapear, amplía los espacios sin humo y equipara los nuevos dispositivos -cigarrillos electrónicos, productos calentados, shishas o bolsas de nicotina- al mismo régimen legal que el tabaco convencional. Con esta aprobación, el texto inicia su tramitación parlamentaria en el Congreso, con la intención de que quede aprobado antes de que termine la legislatura.
La norma llega a las Cortes rodeada de un frente crítico amplio y heterogéneo. Bruselas, varios Estados miembros, la CNMC, la hostelería, los estancos, el comercio de vapeo y parte del sector turístico han cuestionado la proporcionalidad de las medidas, su impacto económico y la posible vulneración de principios del mercado interior. El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, defiende que España debe dar un salto regulatorio para proteger a los menores y reducir la exposición al humo y a los aerosoles, pero la oposición acumulada anticipa una tramitación parlamentaria compleja.
Uno de los pilares del proyecto es la ampliación de los espacios sin humo, que incluye terrazas de hostelería, marquesinas y estaciones de transporte, espectáculos y conciertos al aire libre, piscinas, parques infantiles y vehículos de transporte con conductor. La hostelería ha sido uno de los sectores más beligerantes. Hostelería de España, que representa a más de 300.000 establecimientos, ha mostrado su “disconformidad” con el inicio del trámite parlamentario y advierte de que la prohibición en terrazas tendría una eficacia “muy limitada”, desplazando a los fumadores a aceras y accesos de los locales y generando nuevos problemas de convivencia. La organización sostiene que actualmente existe “una buena convivencia entre fumadores y no fumadores” y alerta de que la medida podría perjudicar la imagen turística del país, donde el sector representa uno de los principales motores económicos.
Daño al turismo
Según una encuesta de 40dB realizada junto a Hostelería de España, un 69% de los españoles considera que las campañas de información son más efectivas para reducir el consumo que las prohibiciones directas, y más del 56% no ve urgente prohibir fumar en terrazas. Además, un 85% anticipa que los fumadores seguirían haciéndolo en las inmediaciones, dificultando la labor de los trabajadores y generando conflictos. Un 57% teme un "efecto rebote" hacia domicilios y espacios cerrados, y un 63% cree que la medida dañaría la imagen internacional de España como destino turístico.
La ley introduce también la prohibición expresa del consumo de tabaco y vapeo por parte de menores, con multas de 100 euros que deberán asumir los padres o tutores. Hasta ahora, la normativa solo prohibía la venta. El sector del vapeo advierte de que la medida podría empujar a los jóvenes hacia productos ilegales o de dudosa seguridad, en un mercado donde proliferan dispositivos desechables y líquidos con sabores atractivos para adolescentes.
El capítulo de publicidad, promoción y patrocinio se endurece de forma notable. El proyecto extiende las restricciones del tabaco convencional a todos los productos relacionados, prohibiendo cualquier comunicación comercial en medios, redes sociales, eventos culturales o deportivos, así como la presencia de marcas en mobiliario urbano o equipamientos de hostelería. También se refuerza la obligación de señalizar los espacios donde está prohibido fumar o vapear y se elevan las sanciones, que podrán alcanzar los 600.000 euros.
Oposición en Europa
Las críticas más duras han llegado desde Bruselas y varios Estados miembros, que han advertido de riesgos legales y posibles distorsiones del mercado interior. La Comisión Europea ha señalado que algunas medidas podrían dificultar la libre circulación de mercancías y exceder el marco comunitario. Seis países -Rumanía, Hungría, República Checa, Grecia, Italia y Suecia- han presentado dictámenes razonados contra el proyecto, cuestionando la proporcionalidad de restricciones como la equiparación normativa de productos distintos o los límites a las bolsas de nicotina. Suecia llegó a afirmar que la propuesta española “viola los principios de libre mercado de la UE”.
La CNMC también ha emitido informes críticos, alertando de que medidas como la eliminación de sabores o la prohibición de dispositivos de un solo uso carecen de justificación suficiente y podrían restringir la competencia y fomentar el mercado negro. Estanqueros y pequeños comerciantes temen un descenso del consumo legal y un aumento del contrabando, mientras que organizaciones sanitarias respaldan la ampliación de espacios sin humo y la protección de menores.
En paralelo, el Consejo de Ministros ha aprobado también en segunda vuelta el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que ahora inicia su tramitación en las Cortes. La norma busca mejorar el acceso a los fármacos, actuar contra los desabastecimientos y acelerar la llegada de la innovación. Reconoce la capacidad de prescripción a enfermeros y fisioterapeutas, introduce el concepto de medicamento estratégico para evitar faltas de suministro y establece un nuevo sistema de precios dinámicos para genéricos y biosimilares. Sanidad calcula que el ahorro anual será de 2.100 millones de euros, que podrán reinvertirse en nuevas terapias y en mejorar la sostenibilidad del SNS.