La sombra de Plus Ultra alcanza también al caso Tubos Reunidos
El directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Julián Mateos-Aparicio Prieto aparece en otro sumario de un caso judicial en que se investigan presuntos delitos vinculados a un millonario rescate público del Gobierno.
Su nombre ya apareció, primero, vinculado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional con la supuesta percepción de una comisión de 10.000 euros de la trama vinculada a Plus Ultra solo una semana después de que el ente dependiente del Ministerio de Hacienda completase la segunda parte de la ayuda pública. 34 millones de los 53 que en total recibió la aerolínea en agosto de 2021.
Los fondos públicos salieron del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) que presidía, precisamente, Mateos-Aparicio.
Pues bien, este directivo aparece nombrado una treintena de veces en el último informe del «caso SEPI» que gira en torno al supuesto amaño de contrataciones públicas, por valor de 133 millones de euros, por parte del supuesto grupo criminal conformado por el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, Leire Díez y el empresario navarro Antxon Alonso, considerado socio de Santos Cerdán en Servinabar.
Tal y como expuso la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el entramado intentó influir en Mateos-Aparicio, que dirigía el FASEE y la promoción empresarial de la SEPI, para modificar los términos del contrato del rescate de Tubos Reunidos, la compañía vasca que acabó ingresando 112,8 millones de euros de arcas del Estado.
En el marco de esta gestión, los investigadores estacan como «hito previo relevante» que Fernández facilitó también un encuentro entre el consejero de Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, y el propio Mateos-Aparicio de la SEPI. «Gracias, Julián. Es importante para ellos», le agradeció el expresidente de la SEPI imputado tras acceder al encuentro.
La UCO colige que Fernández mantuvo una «relación de amistad o, al menos, de cercanía» con este responsable de la SEPI, teniendo en cuenta que ambos acudieron juntos a partidos del Atlético de Madrid y compartieron cenas y comidas en varias ocasiones. «Esta relación no carecería de importancia, puesto que (...) fue Mateos-Aparicio, en calidad de director de FASEE, a quien le correspondió el seguimiento del expediente de Tubos Reunidos» en lo relativo al proceso de rescate.
Más adelante, en enero de 2024, el expresidente de la SEPI comentó con Urrutia, de Tubos, la conveniencia de realizar actuaciones encaminadas a la reducción de coste de la deuda y como parte del planteamiento vieron necesario que ambos definiesen «un esquema que funcione para Julián (Mateos-Aparicio)». Los agentes han localizado, asimismo, mensajes de aquella época que muestran que, a través de Fernández, Urrutia, de Tubos, habría mantenido una reunión «off the record» con «el responsable de seguimiento de la financiación» de la empresa en SEPI, que era Mateos-Aparicio. Tras esta cita, existió –dice la UCO en base a sus pesquisas– una «pretensión de señalar una reunión, en este caso oficial» con este directivo de la SEPI.
Las reuniones se sucedieron en los primeros meses de 2024 e, incluso, Mateos-Aparicio tuvo que rechazar una invitación de Fernández para disfrutar de un partido del Atlético en la Liga de Campeones desde el palco presidencial. «Tal y como está la situación, este tipo de eventos los tengo terminantemente prohibidos», le explicó. «Lo entiendo. Desayunamos, entonces, un día», contestó Fernández. En abril de 2024, en el seno de Tubos Reunidos se planteó que la posibilidad de plantear una modificación de la estructura del rescate era algo que el expresidente de la SEPI «podría pulsar a solas» con Mateos-Aparicio.
El directivo en cuestión fue el que, marzo de 2025, autorizó, por delegación de la presidenta del ente (Belén Gualda), que Tubos Reunidos disfrutase de una dispensa para utilizar importes procedente de una venta en Sestao (Vizcaya) y el aplazamiento del cumplimiento de la obligación que la empresa tenía de destinar parte de esta transacción a la amortización anticipada.
Los términos deseados por Tubos consistían en la conversión del 49% del préstamo existente en un préstamo ordinario con un tipo de interés fijo del 2%; una carencia de las amortizaciones hasta 2027; y el aplazamiento del pago de los intereses devengados hasta julio del año 2026. Documentos de esta cuestión aparecieron en posesión de la «fontanera del PSOE». La UCO concluye que estas gestiones para cambiar los términos del contrato de la financiación del rescate no obtuvieron los resultados esperados por Fernández.