El Tribunal Supremo trata de limitar los atrasos de la incapacidad permanente: así es como afecta al perceptor
El procedimiento para obtener una incapacidad permanente en España suele ser largo y exige paciencia por parte del solicitante. Según el análisis del bufete Ródenas Abogados, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tarda en resolver una solicitud de incapacidad permanente un periodo que obliga a los ciudadanos a armarse de paciencia. Los plazos reales oscilan entre cuatro y ocho meses, aunque en muchos casos pueden prolongarse más dependiendo de la carga administrativa y de la complejidad del expediente. Este margen temporal genera incertidumbre entre los solicitantes, que en muchos casos dependen de esta prestación para su estabilidad económica.
El proceso comienza con la solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que revisa la documentación médica y puede requerir informes adicionales o citaciones al tribunal médico. Tras esta valoración inicial se emite una resolución que puede ser favorable o denegatoria. Si la incapacidad es concedida, se establece el grado correspondiente y la prestación económica. Por el contrario, si esta es denegada, el solicitante puede presentar una reclamación administrativa previa y, si esta también es rechazada, el siguiente paso es acudir a la vía judicial mediante el juzgado de lo social, donde un juez revisa todo el expediente y puede modificar la decisión inicial.
En este contexto de procesos largos y resoluciones que pueden tardar meses o incluso años en cerrarse definitivamente, surge un cambio relevante en la forma en la que se calculan los atrasos de la incapacidad permanente. El Tribunal Supremo ha establecido un criterio que limita el alcance de estos atrasos en determinados supuestos, lo que puede afectar directamente a las cantidades que perciben los beneficiarios cuando finalmente se reconoce su derecho. Esta nueva interpretación introduce un elemento adicional de incertidumbre para quienes están esperando una resolución judicial firme.
Un abogado explica el criterio del Tribunal Supremo
El abogado laboralista Víctor Arpa, conocido por difundir contenido en redes sociales sobre derechos laborales de los trabajadores, ha explicado recientemente esta decisión del Alto Tribunal y sus consecuencias. Según detalla, este cambio afecta a cualquier persona que esté en pleno proceso de reclamación de una incapacidad permanente, ya que hasta ahora lo habitual era que, cuando un juez daba la razón al trabajador tras una denegación, los atrasos se abonaran desde la fecha inicial de la solicitud o de la primera resolución negativa. Arpa advierte de que este cambio puede alterar de forma significativa la estrategia de reclamación de muchos afectados.
¿Qué supone este cambio para el trabajador?
Sin embargo, el nuevo criterio del Tribunal Supremo establece que si durante el proceso la situación del afectado empeora o aparecen nuevas patologías, los atrasos ya no tienen por qué calcularse desde la primera denegación. En estos casos, pueden empezar a contarse desde el momento en el que se demuestra de forma efectiva que la persona ya estaba incapacitada para trabajar, lo que reduce el periodo reconocido y por tanto la cantidad total a percibir. Esto implica que no solo importa el reconocimiento de la incapacidad, sino también el momento exacto que se fija como inicio de la misma.
Los afectados podrían cobrar mucho menos dinero
Este cambio puede tener un impacto económico muy significativo para los beneficiarios. Por ejemplo, si inicialmente correspondían 24 meses de atrasos, con este nuevo criterio la cuantía podría reducirse prácticamente a la mitad en función del momento que se considere acreditado como inicio de la incapacidad. La clave, según se desprende de esta interpretación, está en demostrar que los requisitos ya se cumplían desde el primer momento y que la administración no valoró correctamente la situación clínica del solicitante en su resolución inicial. En la práctica, esto puede marcar la diferencia entre una compensación completa o una notable reducción de la prestación.