El «caso Leire» aumenta las dudas de una «caja B» del PSOE

El «caso Leire Díez» ha consolidado las dudas sobre la financiación ilegal y la «caja B» del PSOE. Ya adelantábamos en este periódico la semana pasada que el levantamiento del secreto de sumario del «caso SEPI, del que deriva el «caso cloacas», preveía ser un nuevo clavo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque, si por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha conocido que el partido del Ejecutivo financió parte de la actividad orquestada para desestabilizar las causas judiciales que le cercan, se podría dar veracidad –a la espera de que se pronuncie la Justicia– a las pruebas que el comisionista Víctor de Aldama aportó en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular de la formación.

La mayor parte de los comportamientos delictivos que el empresario ha ido señalando han terminado por tener un respaldo policial y jurídico. El comisionista entregó al juez instructor del «caso Koldo» –el magistrado Ismael Moreno– y a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo el «famoso» sobre que le había supuestamente dado la entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez con el membrete de PDVSA, la empresa estatal de petróleo venezolana, y que probaría,a juicio del empresario, una presunta «caja B» del Partido Socialista. Según explicó Aldama, el contenido del sobre solo es un único documento relativo a un cupo de petróleo que tendría que correspondería con el relato del empresario sobre aportaciones a Ferraz y la Internacional Socialista.

Pero esta no es la única referencia que el comisionista de la trama ha hecho respecto a la posible existencia de una «caja B» del PSOE. En su declaración ante el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril, Aldama señaló que el exasesor ministerial Koldo García le pedía que consiguiera «donaciones» de constructoras para la «financiación del partido».

Al hilo de esto, cabe no olvidar que le exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán está imputado por el presunto amaño de obras públicas, a cambio de «mordidas».

En esa misma comparecencia ante el alto tribunal, el comisionista llegó a desmenuzar la cantidad exacta que el partido del Gobierno habría ingresado a su caja contable con las comisiones que la «trama mascarillas» habría entregado: un total de 1,8 millones de euros.

Todas aquellas declaraciones del empresario cogen ahora más forma después de conocer que la trama de las «cloacas» encabezada por Cerdán, Díez, y otros tantos miembros, se valía de la logística del PSOE para poner en marcha su actividad presuntamente delictiva. En concreto, entre los pagos que están bajo sospecha tras los registros efectuados por la UCO en la sede de Ferraz y en otros puntos de interés estarían los 4.000 euros mensuales que la exmilitante Díez habría cobrado por tratar de destruir «cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».

Se trata de unos montos de dinero que la «fontanera» habría recibido a través de la consultora del exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y de sociedades ligadas al letrado Ismael Oliver Romero. Para ello, contaban con el beneplácito de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, también imputada en el procedimiento, que se encargaba de emitir órdenes de encargo sobre las que elaboraba «mendaces facturas» para permitir la transferencia de fondos a Leire Díez.

Otro de los pagos que está bajo el foco de los investigadores es el que la trama destinó a un medio de comunicación vinculado con los miembros de la presunta organización criminal en el marco de una campaña de publicidad de las elecciones europeas del año 2024.

En el sumario del caso se expone que, poco después de la primera reunión de las «cloacas» en Ferraz en abril de 2024, el partido hizo llegar a Crónica Libre una cuantía cercana a los 20.000 euros y que fue supuestamente Ion Antolín, entonces jefe de prensa del PSOE, el encargado de gestionar esta operación.

Este periódico adelantó también la semana pasada que hubo una persona ajena a los miembros de la considerada como organización criminal que les avisó de que ese pago sería «ilegal». Tanto es así, que llegó a aconsejarles que declararan ese pago a Hacienda para no tener «líos».

Hay, no obstante, otra cantidad de dinero en el punto de mira. Según las indagaciones realizadas por la UCO, el letrado que ejerce la defensa de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, cobró del PSOE «al menos, 125.000 euros» hasta que el exsecretario de Organización fue imputado en una pieza del «caso Koldo», en junio de 2025.

Mientras, el abogado, según pudo saber este periódico, sostiene que ofreció asesoría jurídica a la formación socialista de manera completamente legal y de una forma que está correctamente documentada, pero la UCO apunta a que los pagos «quedaron amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible sin la confección de una nota de encargo por Díez a través de Cerdán y rubricada en última instancia por Fuentes, en calidad de directa gerente federal del PSOE».

Por otro lado, hay que tener en cuenta también la declaración en sede judicial de una empresaria imputada en el «caso hidrocarburos», Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo en bolsas de plástico a la sede del Partido Socialista.

En línea con este testimonio, el sumario del «caso Leire» también ha revelado que supuestamente la abogada Leticia de la Hoz, que ejerce la dirección letrada de Koldo García, le ofreció 50.000 euros a cambio de que ésta cambiase su declaración en sede judicial. Esta última cantidad no se sabe si hubiese procedido o no de los fondos de la formación, pero está, en cualquier caso, bajo sospecha de los investigadores, aunque la letrada haya negado este ofrecimiento.

No es de extrañar, por tanto, que el magistrado del procedimiento, Santiago Pedraz, haya accedido a una petición de los agentes para ejecutar una radiografía completa de las cuentas bancarias del partido en los ejercicios 2024 y 2025.

Además, ha solicitado un informe exhaustivo al Ministerio de Hacienda sobre el estado y los movimientos de los productos bancarios del Partido Socialista y de empresas y particulares presuntamente implicados.