La Caja cumple 85 años y afronta su hora más crítica
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue creada el 1.° de noviembre de 1941 mediante la Ley 71, por iniciativa del gran reformador social de Costa Rica, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia (1940-1944), benemérito de la patria. Desde entonces, ha sido considerada por los costarricenses una institución primordial de nuestra democracia y de la institucionalidad del Estado social de derecho.
La Caja está profundamente enraizada en el corazón de los trabajadores y también en el de quienes, por edad, salud o condición de pobreza, recurren a sus servicios médicos. Como institución de seguridad social, vino a resolver la falta de protección que, en materia de salud y pensiones, enfrentaban los habitantes de aquella época.
Para apreciar mejor la trascendencia de su creación, hay que ubicarse en la Costa Rica de 1941, cuando las mujeres y hombres trabajadores de este país no tenían acceso a seguros sociales, mucho menos sus familias, mientras predominaban la concentración del poder político y la riqueza.
A pesar de las limitaciones que se le han impuesto, la Caja continúa beneficiando a miles de personas y familias, tanto de escasos recursos como de ingresos mayores, de conformidad con sus fundamentos legales de profunda orientación humanista y de justicia social. Gracias a ello, ha contribuido significativamente a mejorar la salud del pueblo, incrementar la expectativa de vida y favorecer la paz social y el bienestar del país.
En sus 85 años de servicio al pueblo, se han conocido innumerables testimonios de personas que lograron recuperar su salud, así como de familiares que, sin la protección y la calidad de los servicios de la Caja, difícilmente habrían podido superar sus padecimientos o prolongar sus años de vida, pues la medicina privada ha estado lejos de sus posibilidades económicas.
Esta obra de innegables conquistas sociales ha sido ejemplo para América y otras regiones del mundo, donde muchos pueblos aún luchan por derechos de seguridad social, consagrados también en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, los costarricenses somos privilegiados por la decisión de un gobernante del siglo pasado que tuvo visión de estadista y sensibilidad hacia los excluidos del sistema.
Hoy se conoce la alarmante crisis económica y administrativa que afronta la CCSS, con un fuerte impacto para los próximos años y con alto riesgo para la calidad de los servicios de salud y el financiamiento futuro del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Los asegurados denuncian la angustiante situación de las listas de espera, el atraso o la pérdida de citas con especialistas y, lamentablemente, la muerte de familiares por falta de atención médica oportuna. Miles de pacientes han fallecido mientras aguardaban atención en esas listas de espera.
El gobierno de Rodrigo Chaves no pagó a la Caja lo que le correspondía durante su cuatrienio, ni para el régimen de salud ni para el IVM, y mucho menos abonó a la deuda acumulada. Por el contrario, esa deuda aumentó en miles de millones de colones.
Tampoco continuó con el procedimiento de trasladar a la Caja el 10% de cada crédito externo, mecanismo aplicado durante el gobierno de Carlos Alvarado para reducir la billonaria deuda del Estado con la institución. Esta realidad ha generado restricciones al funcionamiento de la CCSS, en incalculable perjuicio para la salud y la vida del pueblo.
Las alarmas están encendidas sobre el financiamiento actual y futuro de la Caja, particularmente del IVM. La propia Junta Directiva propuso crear impuestos para financiarla, ante el impago de la deuda billonaria del Estado.
Además, la Gerencia de Pensiones, frente a la apremiante situación del IVM, ha presentado 20 propuestas de reforma que afectarían sensiblemente a los actuales jubilados y a quienes esperan una pensión digna al final de su vida laboral.
¿Se busca, con tales medidas financieras, quitarles responsabilidades legales a los gobiernos en materia de seguridad social y deteriorar aún más el Estado social de derecho, humanista y de justicia social? ¿Estamos en riesgo de perderlo?
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Marvin Herrera Araya es exministro de Educación Pública y exdiputado.