Martín Vizcarra: TC rechaza anular condena de 14 años de cárcel por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente un recurso de hábeas corpus presentado por el expresidente Martín Vizcarra, con el cual intentaba anular el inicio del juicio en su contra por presuntos sobornos en las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
La defensa del exmandatario argumentaba que el Poder Judicial estaba cometiendo graves errores procesales y que se corría el riesgo de juzgarlo dos veces por el mismo problema, lo que afectaba su derecho al debido proceso.
Sin embargo, el tribunal aclaró que el "habeas corpus" es una garantía de emergencia que solo se activa cuando existe una amenaza real y directa contra la libertad física de una persona, algo que no ocurría cuando se programaron las audiencias del juicio.
"La Constitución establece expresamente en su artículo 200, inciso 1, que el habeas corpus procede cuando se vulnera o amenaza la libertad individual o sus derechos constitucionales conexos. Ello implica que para que proceda el habeas corpus el hecho denunciado necesariamente debe redundar en una afectación negativa, real, directa y concreta en el derecho a la libertad personal."
En su resolución, el TC también recordó que la situación legal de Vizcarra cambió en noviembre de 2025, cuando fue sentenciado a 14 años de prisión. Los magistrados señalaron que si el expresidente desea reclamar contra esa condena, primero debe hacerlo por medio de apelaciones antes de volver a solicitar garantías constitucionales como el hábeas corpus.
“En el presente caso, este Tribunal Constitucional aprecia que las resoluciones cuestionadas, las mismas que, respectivamente, dicta el auto de enjuiciamiento y cita a la audiencia de instalación de juicio oral, constituyen pronunciamientos judiciales que, en sí mismos, no imponen ni determinan medida de restricción alguna del derecho a la libertad personal, materia de tutela del proceso constitucional de habeas corpus”.
El origen del caso: Las acusaciones por sobornos
En noviembre del 2013, el fiscal Germán Juárez Atoche acusa a Martín Vizcarra de reunirse en Lima con Elard Tejeda (de la empresa Obrainsa). Vizcarra le ofreció ayuda interna para ganar la licitación de la obra agrícola a cambio de una coima. El expresidente dio información secreta y cobró el 2% del costo directo de la obra, lo que sumó S/ 1’016,212. El contrato se firmó en diciembre de 2013.
La Fiscalía sostuvo que Vizcarra exigió un soborno de S/ 1’300,000 al consorcio Hospitalario Moquegua (empresas ICCGSA e INCOT) para no poner trabas y firmar el contrato. El acuerdo se firmó el 18 de diciembre de 2013 y la empresa pagó la coima apenas recibió el primer adelanto de dinero del Estado.
Según la Fiscalía, Vizcarra recibió en total S/ 2.3 millones en coimas de las constructoras por estas dos obras en Moquegua.
El proceso judicial
En diciembre de 2022, el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo Lava Jato, presentó formalmente la acusación ante el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria. El magistrado solicitó, en un inicio, 15 años de cárcel para Vizcarra por recibir sobornos (cohecho pasivo propio), además de 9 años de prohibición para trabajar en el Estado y el pago de una multa económica por S/ 151,580.
El 4 de enero de 2024, el Poder Judicial le prohíbe a Vizcarra salir del país por 12 meses para asegurar que no escape y asista al juicio. Un mes después, a pedido de los mismos fiscales, el Poder Judicial archiva definitivamente otros dos delitos menores de los que se le acusaba como asociación ilícita y usurpación de funciones.
El Quinto Juzgado da el visto bueno legal y autoriza que se inicie formalmente el juicio oral contra el expresidente por los sobornos de las dos obras. Cinco meses después, el Poder Judicial instala la primera mesa de votación del juicio y la Fiscalía reitera su pedido original de 15 años de cárcel.
En febrero del año siguiente, un tribunal de emergencia confirma que el impedimento para salir del país se alarga por 6 meses más hasta el 4 de julio de 2025. Pocos días de agotarse la medida, la Fiscalía solicita 6 meses de prisión preventiva para Vizcarra.
En junio de 2025, el juzgado programó la audiencia para evaluar la prisión preventiva el día 25, pero la suspende para el jueves 26 porque el fiscal exigió que Vizcarra asista en persona y no por videollamada.
La condena
El 26 de noviembre de 2025, el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional dictó la sentencia final. Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión efectiva por el delito de corrupción (cohecho) Además, se le prohíbe ejercer cargos públicos por 9 años y se le impone el pago de 730 días multa.
El tribunal determinó que quedó plenamente comprobado que exigió el 2% del contrato a Obrainsa (obra de más de 80 millones de soles) y los S/ 1.3 millones para el hospital. Aunque la Fiscalía quería 15 años (9 por el hospital y 6 por Lomas de Ilo), los jueces cerraron la pena en 14 años.