El presidente de la Diputación de Cáceres exige investigar "hasta el final" la imputación a Zapatero
Tras conocerse la imputación a Zapatero por el caso Plus Ultra, varias voces socialistas han trasladado un "mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia".
El expresidente del Gobierno, que ha sido citado como investigado por la Audiencia Nacional, ha sido convocado para comparecer el próximo martes 2 de junio por un delito de tráfico de influencias y otros dos ilícitos penales conexos de pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
En este contexto, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha exigido que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. "Lo que se exige es investigación hasta el final, y no hay más, que se clarifique todo y que prevalezca la verdad", ha declarado a Cope Cáceres.
El socialista ha insistido en que esto es lo fundamental, independientemente de si afecta a su partido o a otro. Añade, además, que "lo fundamental es que se clarifique todo y que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias en el caso que haya algo".
Morales ha querido también apartar del foco "las intoxicaciones" y "los intereses políticos", subrayando que lo único que le interesa es el esclarecimiento de los hechos.
El juez sitúa a Zapatero como líder de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias"
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, considera al expresidente del Gobierno el presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuyo objetivo era "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
En el auto, Calama explica que la supuesta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
A lo largo de 85 páginas, el instructor señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
Asimismo, ve indicios de la intervención de Manuel Aaron Fajardo y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, así como la participación operativa de su secretaria María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, lo que según el juez "revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos".