El notariado internacional retrata al Gobierno: acusa a su nueva ley anticorrupción de "facilitar el fraude"
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública planteado por el Gobierno no ha sido bien recibido a ojos internacionales. La Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL) ha presentado un informe en el que tacha al texto de español de no cumplir con las expectativas y recoger herramientas que pueden ayudar a cometer fraude. El Ejecutivo busca cambiar la normativa sobre la transmisión de participaciones sociales, es decir, sobre la compra, venta o modificación de las empresas de responsabilidad limitada.
Actualmente, cualquiera de estos trámites tiene que estar realizado ante notario, pero la propuesta quiere permitir que estas operaciones se hagan mediante documentos privados y que el control notarial se haga después. Así, el sector internacional aqueja que estas medidas, "lejos de reforzar la transparencia, podrían producir efectos contrarios a los pretendidos, debilitando mecanismos preventivos eficaces, sustituyéndolos por modelos de control a posteriori carentes de inmediación y trazabilidad efectiva".
La inclusión en el Anteproyecto "mecanismos que favorecen la circulación y eficacia práctica del documento privado en operaciones societarias de especial sensibilidad económica y patrimonial" es el punto que más preocupa a los internacionales, que aseguran que "el documento privado carece, por definición, de control inmediato de legalidad, verificación imparcial de capacidad y legitimación, juicio de identificación reforzado, trazabilidad preventiva suficiente, entre otros defectos".
Debido a esto, puede ser mucho más sencillo para los infractores la ocultación temporal de titularidades reales o la generación de estructuras opacas incompatibles con las "exigencias modernas de transparencia económica". Además, la utilización de la firma digital no demuestra la participación de la persona en la operación y se podría llegar a utilizar un testaferro sin que un notario pueda verificarlo.
El documento privado incrementa la opacidad estructural del tráfico societario, facilita la utilización de testaferros, no se controla la coherencia del negocio ni realidad económica subyacente. Por ello, la UINL reclama que "la lucha contra el fraude no debe construirse debilitando o destruyendo precisamente los mecanismos preventivos que han demostrado mayor eficacia".
Además, consideran que el Anteproyecto propuesto ignora muchas herramientas preventivas ya existentes y reconocidas internacionalmente, como la Base de Datos de Titularidad Real Notariado español, considerada una de "las más avanzadas de Europa y del mundo en materia de prevención del blanqueo de capitales".