El expresidente Zapatero, investigado en el "caso Plus Ultra"
La Audiencia Nacional (AN) cita como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el "caso Plus Ultra", según ha adelantado "El Confidencial" y ha podido confirmar LA RAZÓN.
El juez José Luis Calama le convoca para que comparezca el próximo 2 de junio por un delito de tráfico de influencias y otros dos ilícitos penales conexos de pertenencia a organización criminal y falsedad.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado este martes una nueva operación y está registrando en estos momentos la oficina institucional que el que fuera mandatario del PSOE mantiene en la calle Ferraz de Madrid (cerca de la sede de su partido) y los domicilios de otras tres mercantiles relacionadas.
Una de las empresas investigadas en torno al presunto blanqueo del rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a Plus Ultra es Análisis Relevante SL. Los agentes también están registrando su sede situada en la calle Diego de León de la capital.
Esta sociedad es propiedad de "Julito" Martínez Martínez, empresario amigo del expresidente Zapatero. La compañía cobró entre 2022 y 2025 cientos de miles de euros de la aerolínea por trabajos de consultoría.
Al mismo tiempo, habría pagado a Zapatero y a sus hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, 661.000 euros por trabajos de asesoramiento y comunicación online. Es casi la misma cantidad que Martínez recibió de Plus Ultra. Asimismo, la UDEF está registrando las oficinas que la agencia de sus hijas, What The Fav SL, tiene en el barrio madrileño de Tetuán.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la AN ha acordado el levantamiento del secreto de sumario en esta causa. Las pesquisas se centran en si los directivos de Plus Ultra imputados (su presidente, Julio Martínez Sola y su CEO, Roberto Roselli) emplearon dinero del millonario rescate del Ejecutivo de Pedro Sánchez para devolver un préstamo que habían suscrito con varias mercantiles pertenecientes a un entramado de blanqueo internacional de fondos procedentes del expolio y la corrupción de Venezuela.
Los activos tienen su origen en la venta de oro del Banco de Venezuela o en desvíos de fondos del programa de alimentos CLAP y su lavado se habría llevado a cabo en nuestro país y en otros europeos como Francia y Suiza, tras haber sido malversados por funcionarios del régimen chavista.
Hay, al menos, dos personas más que están siendo investigadas en este procedimiento: el banquero de Perú Luis Felipe Baca y el abogado Santiago Fernández Lena.