La defensa de lo público

Érase una vez un niño charneguito en la Cataluña de Pujol. Corría el verano de 1990 y en la televisión de una sala de espera del Hospital Clínic de Barcelona comenzaba el Mundial de Italia. Camerún dio la campanada y ganó el partido inaugural a la Argentina de Maradona. Aquel crío futbolero mató algunas tardes de julio viendo los partidos en aquella tele, mientras su abuelo onubense se recuperaba de una operación de próstata. Por entonces, la sanidad catalana era mucho más rápida que la andaluza para practicar una cirugía, incluso a los desplazados de otra comunidad. Tres décadas después, como si introdujésemos una elipsis temporal en una película, ese niño ya es un hombre hecho y derecho. Pongamos que ahora es, no sé, un atractivo periodista de esos que escriben artículos de opinión.

El caso es que nuestro protagonista tiene ya a sus padres jubilados, que viven a caballo entre Andalucía y Cataluña. En un momento dado, su padre sufre un problema de salud. Y ahí, ese mestizo autonómico que vio a su abuelo andaluz acudir a la sanidad catalana en los 90 descubre, para su sorpresa, que en la España postcovid la sanidad andaluza responde bastante antes que la catalana para determinados servicios. La película que te acabo de contar está basada en hechos reales y, aunque obviamente no tiene pretensiones demoscópicas, sí invita a una cierta reflexión.

A los que por circunstancias personales hemos catado diversos sistemas autonómicos nos cuesta creer que la sanidad andaluza esté ahora infinitamente peor que hace unas décadas. Es verdad que los años del «procés» sentaron como una patada en el estómago a los servicios públicos en Cataluña y que eso puede explicar el «downgrade» del sistema catalán. Ahora bien, ¿y el sistema andaluz? ¿De verdad es el desastre absoluto que venden los partidos de izquierda? ¿En los tiempos del PSOE cada ambulatorio de cada pueblecito era una pequeña réplica de la Clínica Mayo en Estados Unidos? Seguramente no. Desde 2019, el gasto sanitario en Andalucía ha subido un 50% en términos acumulados y los profesionales han aumentado un 28%. Con estos datos, cabe preguntarse por qué la izquierda se ha lanzado a denunciar machaconamente el estado de la sanidad pública como gran asidero electoral.

Curiosamente, el PSOE no ha puesto tanto énfasis en criticar que el porcentaje de paro en Andalucía continúe siendo de los peores de España. Y es que en Moncloa saben que eso supondría, paradójicamente, una enmienda al cohete sanchista. El paro sigue siendo alto, pero durante los últimos siete años se ha generado empleo en Andalucía. Empleo que ha permitido a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz sacar pecho a escala nacional. No, definitivamente el paro no era una buena baza electoral. Necesitaban un asunto de competencia puramente autonómica y que presentara ángulos muertos. Y ahí es donde el CIS dio una idea: la inversión habrá subido, pero la percepción positiva del servicio sanitario en Andalucía es solo de un 38,8%, de las más bajas de España. Se ha aumentado la inversión, pero lo que percibe mucha gente es que la atención primaria sigue saturada y las listas de espera continúan siendo demasiado largas.

Montero, dentro de que lo tiene más oscuro que la axila de un grillo, creyó haber encontrado esa tecla sensible que conecta con el nervio del desamparo. Cualquiera que conozca Andalucía sabe que buena parte de su población, sin necesidad de ser especialmente vulnerable, comparte la cosmovisión del jornalero y el señorito. Muchos que ahora engrosan las filas de la clase media han conocido o llegan en pocos pasos generacionales a las penurias del campo o de la emigración. En Andalucía se entenderá siempre la necesidad de compartir el potaje. Juanma Moreno lo sabe y por eso ha pedido a su partido que no le ayude demasiado, que le dejen ser el Sinatra andaluz para hacerlo a su manera. Sin distraerse con la demonización de la inmigración. Sin perder la cara al miedo atávico de sus paisanos al desamparo. Y en esa dialéctica electoral se acudirá a las urnas este domingo en la comunidad más poblada de España.

Eso sí, ahora que los historiadores están esculpiendo en mármol la gesta de haber bajado de un barco a unas decenas de personas con la debida asepsia, y ahora que tanto nos preocupa la sanidad pública, cabría exigir al Gobierno que haga los deberes de verdad. Lo público se defiende aprovechando los aprendizajes de la pandemia y no dando pie a que nos sorprenda la crisis del hantavirus sin una legislación cristalina sobre las cuarentenas. Se defiende desplegando definitivamente la Agencia Estatal de Salud Pública que se atascó por no dar las debidas garantías de despolitización. Se defiende desterrando esa politización que impide hacer una auténtica auditoría a la descoordinación administrativa durante la Dana. Lo público se defiende protegiendo a nuestros guardias civiles y honrándoles en su funeral. Claro que para eso haría falta no tener miedo a acudir a Huelva porque se falló en el mantenimiento de las vías una tarde de domingo en Adamuz. Eso también hubiera sido defender lo público.