El juez rastrea nuevos implicados en el fraude de los hidrocarburos

El «caso hidrocarburos» que se investiga en la Audiencia Nacional (AN) va mucho más allá de si el exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos, por intermediación de Víctor de Aldama, «mantuvo un impulso favorable» a que Villafuel obtuviese la licencia de operador en sector del fuel.

De hecho, es el Tribunal Supremo el que ha enjuiciado este último mes si el que fuera secretario de Organización del PSOE recibió, a cambio, el «uso y disfrute» del chalé de La Alcaidesa (Cádiz), propiedad de los dueños de Villafuel, Claudio Rivas, Carmen Pano y su hija Leonor María González.

El objeto de la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz se centra en la defraudación a la Agencia Tributaria de más de 182 millones de euros en el IVA.

Fuera del foco mediático, el procedimiento sigue avanzando y esta pasada semana fueron interrogados en calidad testigos dos directivos de Exolum. Esta es la empresa que concentra en su poder alrededor del 90 por ciento de los depósitos fiscales que almacenan petróleo en nuestro país.

Como en España no existen fuentes de obtención de esta materia prima, Exolum compra combustible en el extranjero y, luego, lo vende a grandes empresas como Repsol, Cepsa o BP. Villafuel era otro de sus clientes como operadora de hidrocarburos.

En este tipo de transacciones no se paga IVA, únicamente son gravadas con el impuesto especial a los hidrocarburos. Después, Villafuel se dedicaba a vender el combustible a siete comercializadoras que, según apuntan las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estaban controladas tanto por Rivas como por Aldama.

Estas comercializadoras, a su vez, vendían el combustible a distintas gasolineras y es, entonces, cuando presuntamente dejaban de pagar el IVA a Hacienda. He aquí el origen del fraude que investiga la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de la AN.

Pues bien, según las fuentes conocedoras del procedimiento consultadas por LA RAZÓN, los dos trabajadores de Exolum (antiguamente denominada CHL y Campsa) que comparecieron, Carlos Molina y Iago Solla, eludieron dar explicaciones sobre la realidad del negocio que mantuvieron, en la época del fraude, con Villafuel.

Se les citó porque tanto la Fiscalía Anticorrupción como la UCO sostienen que las ventas de Exolum a Villafuel, que alcanzaron el valor de casi 300 millones de euros en el periodo bajo indagación, eran simuladas.

Sin embargo, la defensa de Villafuel sostiene que fueron compras de petróleo reales y, por ello, solicitó (al igual que hizo la acusación popular unificada que lidera Hazte Oír) citar a estos dos responsables. En un primer momento, se denegó tomarles declaración y, tras un recurso, la Sala de Apelación de la AN ordeno que fueran llamados.

Por un lado, Molina fue la persona que firmó el contrato con Villafuel y declaró este pasado martes que desconoce los detalles del acuerdo, no tiene conocimiento de las facturas ni de la relación de compraventa mantenida con Villafuel. Solla, por su parte, reconoció que el que mantenía el contacto con la empresa implicada en el fraude, en el caso de que se produjese una incidencia en el suministro. Concretamente, hablaba con el que era administrador, Pedro Marín, y otros trabajadores de los que dijo desconocer su nombre.

El juez Pedraz llegó a exhibirle en sala una imagen de un albarán que recoge una de estas ventas de combustible por parte de Exolum. El testigo alegó que no conocía la información de la transacción y, menos aún, el destinatario final del producto que vendieron, tal y como figura en el documento expuesto en el juzgado.

Las mencionadas fuentes trasladan a este diario que el siguiente paso por parte de Villafuel (ahora en manos de la hermana de Rivas) será reclamar la declaración de los máximos responsables de Exolum. El objetivo es poder acreditar en sede judicial que la operadora vendía dentro de su depósito fiscal de manera legal y que las irregularidades fueron cometidas únicamente por las comercializadoras.

Además, detallan que si Villafuel llegase a ser responsable de la millonaria defraudación a Hacienda, también lo sería subsidiariamente Exolum, puesto que la Ley de Hidrocarburos le exige realizar «compliance» para prevenir el fraude y no se hizo.

Exolum podía "cortar el grifo"

Las solventes fuentes conocedoras del caso consultadas por LA RAZÓN explican que el contrato entre Exolum y Villafuel contiene una cláusula que establece que el depósito se reserva el derecho a dejar de vender a la operadora si hay indicios de un fraude como el investigado. Nunca llegaron a activar legalmente esta opción.