¿Y si un marroquí también es español?: lo que no te dice Vox de su "prioridad nacional"
En su cruzada contra la inmigración ilegal, Vox ha importado de Estados Unidos el concepto "prioridad nacional". Que viene a decir: "Los españoles primero". Traducción patria del "America First", que encumbró al ahora alicaído Donald Trump, enfrascado en su guerra con Irán y asediado por los disidentes del movimiento "Make América Great Again", a los que la galopante inflación les ha borrado las siglas de la gorra.
Para justificar su regreso a los gobiernos autonómicos, el partido de Santiago Abascal, en el pacto de Extremadura,, le ha arrancado al PP una declaración de intenciones: que, a partir de ahora, las ayudas sociales estarán inspiradas en el principio de "prioridad nacional". Lo que pretende dar a entender que un español de pata negra tendrá acceso la sanidad, o a la vivienda protegida, antes que un inmigrante.
La realidad, sin embargo, no dice tal cosa. Pero antes conviene aclarar un dilema ontológico. Un marroquí, o danés, o alemán, que llega a España, firma un contrato de trabajo, se empadrona en una ciudad, legaliza su residencia y, al cabo de los años, consigue la nacionalidad, automáticamente se convierte en un español más. Como tú, como yo, como ese o como aquel. Por lo que su acceso a las ayudas que presta el Estado será tan legítimo como el de un español de octava generación.
A partir de ahí. La literalidad del pacto extremeño. Que, como publica hoy LA RAZÓN, será la misma que figure en el pacto en Aragón o en Castilla y León. Primero: "El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas" priorizará a los que "mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
La tesis de Vox es que, por una cuestión lógica, no tiene que acreditar un arraigo un español, sino un inmigrante. Pero no explica Vox que si un inmigrante cumple con los requisitos, tendrá la misma prioridad que el español en el acceso a "todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas".
La vivienda: el detalle
No obstante, hay un detalle no menor. El pacto aterriza el concepto legal (que no retórico) del arraigo en un apartado muy concreto: "Un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".
El matiz del texto es que para conceder la vivienda de protección oficial el criterio a tener en cuenta será el empadronamiento. Ergo: un marroquí, danés, o alemán que tenga la residencia legal en España y que lleve diez años (tiempo requerido) empadronado en Plasencia tendrá prioridad en el acceso a una vivienda protección oficial frente a un madrileño que se acaba de mudar.
Como viene publicando este periódico en los últimos días, el arraigo no representa una novedad en las prestaciones sociales de nuestro país. Sin ir más lejos, un inmigrante legal necesita acreditar un mínimo de un año de residencia en España para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital. O diez, para las pensiones no contributivas.
Con la "prioridad nacional" lo que hace Vox es fijar un marco de combate ideológico contra la inmigración. Para poder llevar a cabo tal discriminación hay que acometer reformas de calado: en la Ley de Extranjería y en la Constitución. Ahí es nada. El PP, con esta concesión literaria, le regala a Vox un sintagma para su propaganda.