El acuerdo entre PP y Vox en Extremadura no dejará a los inmigrantes sin ayudas

La letra pequeña no deja lugar a equívoco. El acuerdo firmado entre Partido Popular y Vox en Extremadura para desbloquear, por fin, la investidura de María Guardiola está atravesado, de principio a fin, por un concepto: el principio de «prioridad nacional», que no tiene ningún efecto jurídico. Se trata de la gran concesión que le hace el PP a Vox para que pueda vender ante su parroquia un logro político con una discriminación entre inmigrantes y nacionales que, en realidad, no se va a dar. Es, pues, una construcción filosófica.

Los inmigrantes que residen de manera legal en España tendrán el mismo acceso a las ayudas que dependen de la Junta extremeña que cualquier ciudadano español. El matiz es que para que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» se buscará dar prioridad a los que «mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio». Una salvaguarda con la que se pretende garantizar que las ayudas las reciban quienes (sean inmigrantes o no) han forjado un vínculo con la tierra. De modo que tengan un sentido.

Caso práctico: en el documento firmado por PP y Vox para la próxima legislatura en Extremadura, figura el compromiso de establecer «un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional, adecuado a la legalidad vigente, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».

El objetivo es que, si se construye una vivienda social, el beneficiario sea alguien que realmente está establecido en España y acredita una intención de quedarse. Es más, esta propuesta en concreto, el refuerzo del arraigo para acceder a una vivienda asequible, es prácticamente una copia de un decreto que aprobó la Comunidad de Madrid hace escasos días.

Las renuncias de Abascal

Como publicó LA RAZÓN, la alianza extremeña, que marca un nuevo punto de partida en las relaciones entre PP y Vox tras el divorcio aquel –por el golpe de mano que dio Santiago Abascal en verano de 2024 cuando ordenó romper los gobiernos autonómicos– contiene dos concesiones mutuas notorias. Por un lado, el PP asume la narrativa de Vox con la inmigración. Por otro, Vox renuncia a todas sus banderas en materia de igualdad, género y aborto. Ni rastro del latido fetal, o de las leyes LGTBI, o de las políticas contra la violencia machista.

Pedro Sánchez, rápidamente se aferró al principio de «prioridad nacional» para lanzar su amenaza contra el acuerdo extremeño y así agitar a los suyos. El Gobierno, proclamó, peleará con todos los medios a su alcance para impedir que una ley autonómica pueda privilegiar a españoles frente a extranjeros en las prestaciones de ayudas o servicios sociales.

Sin embargo, la única exclusión que figura en el acuerdo es para «quienes se encuentren en situación irregular». Y, todavía, para los inmigrantes ilegales, se garantizan los «supuestos de urgencia vital». Es decir: nada que no ocurra en la actualidad. Ninguna novedad.

Generó confusión Isabel Díaz Ayuso con sus declaraciones sobre el acuerdo, porque parecía que estaba reprochando el contenido programático. Desde su equipo matizan a este periódico que la crítica iba dirigida hacia Vox y sus postulados, porque son inasumibles.

Ayuso, contra Vox

«Yo creo en la ley y en el orden. Pienso que no puedes ilegalmente dejar a nadie fuera de requisitos para los que tiene derechos. El tiempo lo pondrá todo en su sitio. No se puede dejar a nadie fuera de un sistema para el que ha contribuido», dijo la presidenta madrileña. Una enmienda a las proclamas de Vox y a la (falsa) idea que está difundiendo de que, a partir de ahora, a la hora de recibir ayudas, los españoles irán primero y los inmigrantes, después.

En puridad, lo único que hay es un compromiso para reforzar un arraigo que ya se da incluso en ayudas de carácter estatal. Para poder ser receptor del Ingreso Mínimo Vital, un inmigrante legal tiene que acreditar un mínimo de un año de residencia. En el caso de las pensiones no contributivas, se exige hasta diez años de residencia.

Por lo demás, el PP asegura que todo lo que recoge el acuerdo respecto con la inmigración no contraviene en nada ni la ponencia política del último congreso nacional ni tampoco el reciente plan de inmigración. Los dos partidos suscriben un «rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central», prometen que la Junta extremeña «se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad» y anticipan varias iniciativas.

Limitar la creación de plazas en centros de acogida, verificar la edad de los inmigrantes ilegales, endurecer los regímenes disciplinarios para garantizar la seguridad en los centros de menores, una auditoría sobre todos los gastos vinculados a la «inmigración masiva» y suprimir todas las «subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal». Fuentes del PP matizan que no quedarán excluidas asociaciones que amparan y dan cobertura a los inmigrantes como Cáritas.

Vox celebra la prioridad nacional

Sobre la prohibición del uso del burka y el nicab, o cualquier prenda similar que oculte completamente el rostro en espacios públicos autonómicos, los populares recuerdan que es una causa que han abanderado hasta en el Congreso de los Diputados, por lo que tampoco ahí ven que Vox les haya torcido el brazo.

Este viernes, Abascal, gracias a la concesión retórica que brinda el PP con el pacto extremeño, defendió que a partir de ahora hay un antes y un después en el acceso a las ayudas. «Los españoles deben ser los primeros en España». Aunque, también tuvo que matizar: «No hemos dicho exclusividad, hemos dicho prioridad nacional (…) no que otras personas no tengan derechos en España». Los españoles, zanjó, «tienen que ser los primeros en todo lo que tiene que ver con la administración pública». Españoles, también, los inmigrantes legales.