"Todos a la calle"

Unos si, otros nunca.

Todos a la calle.

Esa es la consigna no escrita.

No proclamada, pero aplicada.

Todos a la calle: los que empuñaron las armas, los que pusieron bombas, los que señalaron, los que apretaron el botón o dieron la orden. Todos, poco a poco. Con informes. Con expedientes. Con lenguaje administrativo.

Y mientras tanto, otros nunca volverán a la calle.

Nunca volverán a casa.

Nunca volverán a sentarse a la mesa.

Nunca tendrán un tercer grado.

Nunca tendrán segundas oportunidades.

A ellos no se les aplica ningún reglamento.

A ellos se les aplica el silencio.

El fiscal, acaba de hablar sin alzar la voz. No hizo falta. En la sala cada palabra caía como una piedra en el fondo de un pozo que nunca termina de llenarse. Habló de ley, de cumplimiento de condena, de reinserción. Pronunció términos que pesan poco en los códigos, pero que hieren cuando cruzan el umbral de la memoria.

Dijo que la libertad concedida no era un premio. Que no había victoria. Que nadie ganaba. Y, sin embargo, fuera de aquellas paredes, alguien sentía que volvía a perderlo todo.

El fiscal sabía, lo dijo sin decirlo, que la Justicia no siempre consuela. Que hay resoluciones que cumplen la norma, pero no cicatrizan la herida. Recordó que el Estado no puede actuar con venganza, aunque el dolor lo exija. Que la ley es fría por naturaleza, y que su deber es sostenerla incluso cuando quema en las manos.

Mientras hablaba, en algún punto invisible del país, una fotografía seguía sobre una cómoda. Un uniforme colgado en un recuerdo. Una silla que nunca volvió a ocuparse. Para esas víctimas, la palabra libertad no es jurídica: es una losa.

El fiscal admitió que entendía la conmoción. Que comprendía la indignación de quienes sienten que el calendario avanza solo para los culpables. Pero insistió en que la democracia se mide precisamente ahí: en la capacidad de apliEl car la ley incluso cuando el resultado duele, incluso cuando el silencio pesa más que el argumento. No habló de perdón. No le corresponde. Tampoco de olvido. Eso sí lo dejó claro: “La memoria no prescribe”, vino a decir. La Justicia puede cerrar expedientes, pero la sociedad carga con la historia completa.

Al salir de la sala, no hubo aplausos ni reproches. Solo un murmullo espeso. Porque cuando la Fiscalía avala una libertad legal, no libera el pasado. Y porque hay decisiones que, aun siendo ajustadas a derecho, siguen siendo trágicas e inmerecidas.

No hay normalidad posible mientras la memoria siga abierta en canal. Cada decisión penitenciaria que permite la salida de prisión de un preso de ETA, aunque sea legal, aunque esté amparada por informes técnicos o avalada por la Fiscalía, vuelve a situar a las víctimas en el lugar incómodo del olvido. No porque la ley no se cumpla, sino porque se cumple sin ellas.

La ley cumplió su curso. El dolor, no.

En los últimos meses, distintos tribunales y la administración penitenciaria especialmente han confirmado regímenes de semilibertad o libertades condicionales para condenados por terrorismo, tras informes favorables del Ministerio Público que subrayan su evolución penitenciaria, su participación en programas de reinserción o en iniciativas de justicia restaurativa. Son decisiones ajustadas a derecho. Nadie lo discute. Pero la legalidad no agota la moral democrática.

La Fiscalía insiste, y tiene razón jurídica, en que el sistema penal español está orientado a la reeducación y reinserción social, tal como establece la Constitución. Pero lo que no figura en ningún informe técnico es el impacto real que estas decisiones tienen sobre quienes nunca recuperarán a los suyos. Para las víctimas del terrorismo, la puesta en libertad de sus verdugos no es un trámite administrativo: es una herida que vuelve a abrirse.

Algunos de estos beneficios penitenciarios se apoyan en reformas legales recientes o en la aplicación flexible del Reglamento Penitenciario, mecanismos que han permitido convalidar condenas cumplidas en otros países o acceder a salidas regulares de prisión. La ley lo permite. El problema es que la memoria no se convalida, ni se reduce, ni prescribe.

Mientras en los autos judiciales hablan de evolución favorable, hay víctimas que denuncian no haber sido escuchadas ni siquiera en causas relacionadas con actos de humillación o enaltecimiento del terrorismo, como los homenajes públicos a presos de ETA tras s excarcelación. Se les convoca, se les suspende, se les aplaza. Se les vuelve a silenciar.

Aqui reside el núcleo de la denuncia: la asimetría entre la atención al victimario que regresa a la sociedad y la indiferencia institucional hacia la víctima que nunca dejó de estar aquí. Se exige arrepentimiento, sí. En ocasiones, incluso se impone la obligación de pedir perdón. Pero nadie evalúa de forma pública y rigurosa si ese perdón repara algo más que el expediente del condenado.

La memoria democrática no puede construirse únicamente sobre informes de tratamiento penitenciario. Requiere verdad completa, reconocimiento explícito del daño causado y un compromiso inequívoco de las instituciones para que las víctimas no sean un elemento colateral del Estado de derecho, sino una razón última.

No se trata de venganza. Se trata de justicia con memoria. De una justicia que no se limite a crear condenas, sino que asuma que hay crímenes, como el terrorismo, cuyos efectos perduran mucho más allá de las sentencias. Cada liberación sin un relato claro de responsabilidad y sin una reparación real agranda la sensación de abandono.

Dos memorias, una sola deuda.

España ha decidido recordar. O al menos una parte de España. Desde hace años la “memoria democrática” se ha convertido en política de gobierno cuando mira hacia la Guerra Civil y la dictadura: leyes, comisiones, presupuestos, actos oficiales, homenajes, exhumaciones. El mensaje es claro y legítimo: un país no puede construirse sobre el olvido de sus víctimas. Aunque lo deseable, después del tiempo transcurrido desde el fin de la dictadura, hubiese sido buscar un cierre consensuado y apartidista que acabase con el uso y abuso de aquel tiempo pasado, en el que unos y otros cometieron barbaridades. No ha sido posible, y no lo será. Lo conseguido hasta ahora, aunque produzca cierta satisfacción a una parte de la sociedad, va en la dirección contraria para el conjunto: seguir cavando trincheras.

Pero hay otra memoria, mucho más reciente, que sigue tratándose como un asunto incómodo. Una memoria que no necesita arqueología ni archivos centenarios, porque todavía respira. Es la memoria de las víctimas de ETA.

Mientras se legisla con solemnidad sobre el pasado lejano, el pasado inmediato se gestiona con silencio, tecnicismos y expedientes penitenciarios. En los últimos meses, tribunales y administraciones han concedido regímenes de semilibertad y libertades condicionales a condenados por terrorismo, con informes favorables de la Fiscalía basados en la legalidad vigente, la reinserción y la evolución del interno. Todo conforme a la ley. Todo impecable en el papel.

Para una víctima del terrorismo, la salida de prisión de quién asesinó, secuestró o destrozó una vida no es un avance democrático. Es una segunda derrota. Porque nadie le preguntó. Porque nadie le explicó. Porque nadie le ofreció reparación real más allá de una palabra, perdón, cuyo peso se diluye cuando sirve para desbloquear beneficios penitenciarios.

El contraste es muy doloroso. Para las víctimas de la Guerra Civil, el Estado promete verdad, justicia y reparación. Para las víctimas de ETA, el Estado suele ofrecerles comprensión, pero no protagonismo. Se les recuerda en discursos, pero raramente se les coloca en el centro de las decisiones que afectan directamente a su dignidad.

A esto se suma una percepción que, aunque el Gobierno niegue, ha calado profundamente en una mayoría de la población: que estas excarcelaciones y flexibilizaciones penitenciarias coinciden sistemáticamente con la necesidad de apoyos parlamentarios de formaciones vinculadas al entorno político de ETA, hoy representado por Bildu. La ley puede explicar cada caso individual, pero el patrón político alimenta la sospecha y la desafección.

No hace falta probar un pacto escrito para que exista un daño moral. Basta con que las víctimas sientan, y muchas lo expresan públicamente, que sus verdugos regresan a la calle mientras quienes nunca condenaron la violencia se convierten en socios imprescindibles del poder. Basta con que vean como se aceleran beneficios penitenciarios mientras cientos de crímenes siguen sin resolver y los homenajes a etarras encarcelados continúan siendo investigados, archivados o minimizados.

Aquí es donde la memoria democrática se quiebra.

Porque no puede haber jerarquía de víctimas. Porque no puede haber un pasado digno de justicia y otro reducido a trámite administrativo. Porque una democracia no se mide solo por su capacidad de reinserción, sino por como protege a quienes nunca eligieron ser víctimas.

Se repite que la democracia venció a ETA. Es cierto. Pero una democracia que deja sola a la memoria de sus muertos corre el riesgo de vaciar esa victoria de significado. La ley puede cerrar condenas; solo la memoria compartida puede cerrar heridas.

Mientras se levanten monumentos al ayer y se gestione el hoy con cálculo político, habrá dos memorias enfrentadas: la que el Estado exhibe y la que las víctimas cargan en silencio. Y esa fractura, no la del pasado lejano, sino la del dolor reciente, es la verdadera asignatura pendiente.

Recordar no es seleccionar.

Y la dignidad no debería negociarse en ningún hemiciclo.

Cuando el último etarra salga a la calle.

Cuando el último expediente esté archivado.

Cuando el último informe declare “evolución favorable”.

Cuando la política se felicite por haber gestionado el problema.

Seguirá faltando alguien.

Faltará el guardia civil que no volvió.

El concejal asesinado por pensar distinto.

El juez silenciado.

El periodista perseguido.

El empresario secuestrado.

El niño que creció sin padre.

La madre que no pudo ver crecer a su hijo.

Ellos no tendrán reinserción.

No tendrán segundas oportunidades.

No tendrán votos que los necesiten.

Y entonces quedará claro que el verdadero encierro no era la cárcel.

Que el verdadero encierro es vivir en un país donde recordar molesta.

Donde la memoria se administra según convenga.

Donde la dignidad de las víctimas se sacrifica en nombre de la gobernabilidad.

Todos a la calle.

Sí.

Pero que nadie vuelva a pedir silencio a los muertos.

Que nadie vuelva a llamar convivencia al olvido.

Que nadie vuelva a disfrazar de democracia lo que es pura desmemoria.

Porque un país que libera sin recordar no avanza: se rinde.