¿Por qué no es "ilegal" el pacto del PP y Vox en Extremadura?

Cuatro meses después de las elecciones en Extremadura, el PP y Vox firmaron un acuerdo en el día de ayer para la investidura de la ganadora de los comicios, María Guardiola. Tal y como ha podido confirmar este diario el proceso parlamentario comenzará el próximo martes que junto con el miércoles serán los días reservados para el debate. La votación se producirá el próximo viernes para cumplir con la legislación vigente.

Bajo una cálida temperatura, algo extraña para el mes de abril, la sensación de alivio fue transmitida desde las filas populares. "Por fin", proclamó la baronesa que mostró su satisfacción de la predisposición frente a la "crispación y el diálogo del ruido". El objetivo de ambas formaciones es "seguir avanzando" hacia la estabilidad y la armonía. "El acuerdo es muy satisfactorio para la región y va a impulsar a Extremadura como nunca antes", se apuntó desde Vox.

Los dos partidos suscriben en el documento presentado el "rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central" y prometen que la Junta "se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos al reparto de inmigrantes ilegales" desde el marco de sus "limitadas competencias".

Tal y como apuntó este diario, se "promoverán acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres". Misma tónica para los centros de menores con los que se endurecerán los regímenes disciplinarios para garantizar la seguridad en los centros. También se eludirá la creación de nuevos centros y se realizará una auditoría sobre todos los gastos vinculados. Dentro de las posibilidades del Gobierno autonómico se cortará la financiación de las ONG.

Los resquemores desde el Ejecutivo no han tardado en llegar. En la red social Bluesky, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha acusado a populares y verdes de firmar un pacto "ilegal" en Extremadura con tintes "racistas" en materia de inmigración. "Que nadie se engañe: el pacto racista entre PP y Vox en Extremadura sobre niños y niñas migrantes no acompañados es papel mojado. La ley de acogida digna la han cumplido todos los territorios...Quien piense en incumplir la ley, ya sabe cuáles son las consecuencias ", ha señalado esta mañana con tono amenazante.

¿Por qué no es ilegal el acuerdo entre PP y Vox?

Dentro del maremágnum de las modificaciones del Gobierno sobre el trasladado de los menores no acompañados para aliviar la presión migratoria, existe el "deber"- en el BOE no viene registrado con el término obligación- de que las comunidades autónomas acojan a los menores, por el "principio de solidaridad". Sin ser registrado como una obligación, los representantes del menor se reserva la potestad de acudir a las autoridades si un territorio se niega.

"Los profesionales referentes de la entidad pública de origen que hubieran acompañado a la persona menor de edad podrán recabar la ayuda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, quienes pondrán este hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal y entregarán a la persona menor de edad a la Entidad pública de protección de menores de la comunidad autónoma... Todo ello, sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse", reza el real decreto presentado el pasado 22 de julio de 2025.

En el acuerdo para gobernar en Extremadura, PP y Vox recalcan que las medidas frente al reparto de menores aprobado por el Gobierno se tomarán "dentro de sus posibilidades". Para más inri, se apunta a que en ningún caso, se "participará en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, o consolidar su entrada o permanencia en Extremadura"

Los tribunales dictaminarán sobre el reparto de menores

Fuera del caso particular de Extremadura, la Comunidad de Madrid ya ha recurrido a los tribunales contra el reparto de menores. En el caso extremeño, si la Junta decidiera oponerse a un traslado, la Fiscalía tendría la posibilidad de intervenir. La propia norma prevé este escenario al facultar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El real decreto establece un mecanismo de ejecución prácticamente forzosa que impide a las comunidades negarse a recibir a un menor, y cualquier intento de bloquear el procedimiento podría ser impugnado. Ahora bien, no se "dictaminan las consecuencias". Lo que está claro es que varias reclamas llegarían hasta el Supremo para dirimir el alcance de las competencias autonómicas frente a la primacía de la legislación estatal.