Un juez del TC clama contra el "control indulgente" del tribunal a los "decretazos" del Gobierno
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo considera que el control "irreal o imaginario" que la institución que preside Cándido Conde-Pumpido viene haciendo sobre los decretos-leyes del Gobierno de Pedro Sánchez convierten al Ejecutivo en "el nuevo legislador", suplantando la función de las Cortes.
Arnaldo aprovecha un voto particular concurrente con la decisión del Pleno de anular un decreto-ley del Gobierno balear -que eliminó la exigencia del conocimiento del catalán para trabajar en el Servicio de Salud autonómico- para recordar a la mayoría progresista del TC que ese mismo criterio -no apreciar una extraordinaria y urgente necesidad que habilite al Gobierno de turno para legislar una determinada materia- no lo aplica cuando se trata de evaluar los "decretazos" del Gobierno central.
El Constitucional, hace hincapié, "ha venido realizando, como regla general, un control sobre la concurrencia de ese presupuesto habilitante tan liviano, distante y permisivo que se ha vuelto irreal o imaginario". Se trata, dice, de "un control tan deferente o indulgente (particularmente en el caso de reales decretos-leyes aprobados por el Gobierno de la nación)", que "en la práctica se ha tornado ineficaz o inexistente". Facilitando así, recalca, que se normalice la "anómala situación actual" por la que, de hecho, el decreto-ley se ha convertido "en el sustituto de la ley, y el legislador de urgencia, el Gobierno, en el nuevo legislador".
"Cesión" al Gobierno
Esa "laxitud" a la hora de evaluar la concurrencia o no de ese presupuesto que habilita la función legislativa del Ejecutivo, se queja, "supone ceder al Gobierno la determinación de lo que sea la “extraordinaria y urgente necesidad” y cuándo concurre". De manera que, añade, termina siendo "la que el Gobierno dice que es".
Arnaldo -que en solitario y junto al resto de magistrados conservadores se ha opuesto en varias ocasiones al aval del TC a los "decretazos" del Gobierno de Sánchez- recuerda que la potestad normativa del Ejecutivo "solo se justifica por la necesidad de dar respuesta pronta, inmediata, en situaciones de normalidad constitucional, a problemas cuya resolución no admite la inevitable demora que supondría la tramitación del procedimiento legislativo, ni siquiera acudiendo al procedimiento de urgencia".
Y dado su carácter excepcional, argumenta, obliga a reforzar las herramientas de control del decreto-ley, sobre todo por parte del TC.
"El escrutinio del Tribunal Constitucional del cumplimiento del presupuesto habilitante de la norma de urgencia debe ser riguroso e incisivo, y no laxo, condescendiente o indulgente", hace hincapié. Para evitar así, un "uso abusivo o desviado" y, también, "arbitrario en cuanto carente de justificación".
En caso contrario, advierte, el TC "estaría abdicando de su función de control de estas normas excepcionales con rango de ley".
"Reconsideración" de la doctrina
Para el magistrado del TC "no es suficiente" con que el Constitucional "se limite a verificar que el Gobierno ha ofrecido alguna justificación razonada, que vaya más allá de la utilización de fórmulas genéricas, estereotipadas o rituales" sobre la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad. "No es válido que el Tribunal se limite a asumir acríticamente las razones ofrecidas por el Gobierno", reitera.
Y es que Arnaldo considera que el TC ha avalado en varias ocasiones un decreto-ley del Gobierno de Sánchez sin que esa urgente necesidad estuviese acreditada.
Tras la sentencia que anula el decreto-ley del Gobierno balear, el magistrado espera que el fallo "abra camino a una reconsideración de la doctrina deferente que se ha repetido en los últimos años en este tribunal". Aunque en este caso, recuerda, la resolución no tiene efectos prácticos porque los preceptos anulados ya habían sido derogados por una ley autonómica en julio del pasado año.
El Ejecutivo autonómico esgrimió la necesidad de dar respuesta inmediata a una situación que consideraba de urgente necesidad: la falta de suficientes profesionales sanitarios. Para ello, veía necesario eliminar las trabas que las exigencias lingüísticas suponen al acceso de esos profesionales a la sanidad pública balear.
Arnaldo respalda la sentencia, pese a que vuelve a incidir en que el TC ha sido en los últimos años "en exceso flexible o deferente en su control sobre la concurrencia del presupuesto habilitante del decreto-ley".