Hungría: un populismo de manual y su caída

Hungría representa sólo el 2 por ciento de la población de la Unión Europea, pero sus elecciones han tenido un relevante efecto político internacional, pues este país se había convertido en un laboratorio del populismo autoritario que se extiende por el mundo, porque el derrotado Viktor Orbán contaba con el respaldo de poderosos líderes —Trump, Netanyahu y Putin—, y porque su gobierno se dedicó a entorpecer decisiones al seno de la Unión Europea que deben adoptarse por unanimidad.

En el contexto interno, ¿qué caracterizó al gobierno de Orbán? Diez hechos lo dibujan.

Uno. Llegar al poder por las elecciones para minar la democracia. Orbán ganó en 2010 con 53 por ciento de los votos.

A diferencia de los autoritarismos de otras épocas, los de hoy pueden acceder al poder gracias al sistema democrático para, desde ahí, desmantelar la división de poderes.

El apunte es claro: para ser demócrata no basta con obtener respaldo popular, sino gobernar respetando límites y contrapesos.

Dos. Modificar unilateralmente la Constitución. A partir de 2010, la Constitución de Hungría fue reformada 112 veces a iniciativa de Orbán.

No contó con la participación ni el respaldo de otras fuerzas políticas. Así, el texto que debió expresar un enorme consenso político y social de Hungría devino en la ley de quién tenía el poder.

La indispensable diferenciación democrática entre Estado y gobierno se diluyó: el gobernante pretendió que el Estado se adaptara a él.

Tres. Debilitar la independencia del Poder Judicial. En 2012 se reformó la organización del gobierno de los jueces.

Un alfil del presidente quedó al frente de la Oficina Nacional del Poder Judicial, que tiene a su cargo el nombramiento y la supervisión de los impartidores de justicia.

En vez de un control de los jueces sobre los actos del poder político, ocurrió lo contrario.

Cuatro. Captura de las instituciones autónomas. Al frente de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional y de la autoridad reguladora de los medios, fueron designadas personas que actuaron como correas de transmisión de los intereses del poder. En vez de equilibrios, hubo extensiones de la voluntad del gobernante.

Cinco. Control de los medios de comunicación. Desde el inicio del gobierno, en 2010, se aprobó sin mayor deliberación una ley de regulación de los medios de comunicación que prohibía contenidos “contrarios al interés público”.

Más tarde, el gobierno pasó a dominar hasta el 80 por ciento de los medios de comunicación.

A la vez, la televisión y la radio públicas se volvieron instrumentos de propaganda del gobierno y su partido político.

Seis. Asfixia financiera a las organizaciones de la sociedad civil. A partir de 2017 se aprobaron normas para dificultar las donaciones extranjeras a organizaciones no gubernamentales.

Siete. Autarquía frente a recomendaciones del exterior en materia de corrupción y respeto a los derechos humanos.

Los fondos europeos para ayudar a la recuperación frente a la pandemia fueron bloqueados para Hungría por el riesgo de prácticas corruptas.

El Parlamento Europeo calificó a Hungría en 2022 como “un régimen híbrido de autocracia electoral”.

Ocho. Clientelismo electoral. El gobierno de Orbán se preció de destinar hasta el 5 por ciento del PIB en transferencias discrecionales a la población, sobre todo en las zonas desfavorecidas. Se llegó a hablar incluso de apoyos para “leña social”.

Nueve. Autocomplacencia autoritaria. Mientras que los informes de democracia internacional elaborados por The Economist o el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo en Suecia alertaban sobre la deriva autoritaria en Hungría, su gobierno sostenía que ocurría “una expresión sin precedentes de la opinión del pueblo sobre decisiones políticas, sobre la dirección que debe tomar el país” (El País, 2-4-26).

Diez. Una reforma electoral a modo. Orbán modificó 300 artículos de la ley electoral para favorecer la conformación de supermayorías parlamentarias que no se correspondían con los votos depositados en las urnas.

Eso le permitió, por ejemplo, que en 2014 se hiciera con el 67 por ciento del parlamento, habiendo obtenido el 45 por ciento de los votos.

Pero eso ahora se le revirtió: el nuevo gobierno, con el 53 por ciento del sufragio, tendrá el 69 por ciento del parlamento.

Diseñar reglas a modo desde el poder puede ser un búmeran cuando se pierde.