El jefe de gabinete de Sánchez pilota el choque del Gobierno con los jueces
Pedro Sánchez no estuvo ayer en España. Pero no importó. Su gabinete salió en tromba contra el juez Juan Carlos Peinado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras procesar a su mujer, Begoña Gómez por la presunta comisión de cuatro delitos. Sánchez que está inmerso en su cuarto viaje oficial a China acompañado de su esposa, se limitó a pedir a la Justicia que «haga justicia».
Pero el resto lo pusieron sus ministros más políticos: Félix Bolaños, Óscar Puente y Elma Saiz, la portavoz del Ejecutivo. Los tres defendieron con vehemencia a Begoña Gómez y criticaron, al amparo de su derecho a la libertad de expresión, el auto y la instrucción del titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid.
Los tres insistieron en que el caso es un ejemplo de libro de persecución política. Bolaños, titular de Justicia, se reafirmó en que el auto avergonzó a buena parte de la judicatura pese a que la principal asociación de jueces del país calificó como «inaceptable» esa misma opinión y, por extensión, la del Gobierno.
El choque de Moncloa con los jueces es total. Y lo cierto es que quien está detrás de esa postura es el jefe de gabinete del presidente, Diego Rubio. Él es quien coordina la estrategia argumental del presidente, y de todo el Ejecutivo, para señalar a Peinado.
Pero este señalamiento no es nuevo. Se lleva produciendo desde hace dos años, cuando Peinado decidió investigar a la mujer de Sánchez. Cabe recordar que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ya tuvo que salir a defender a los togados de las acusaciones de «lawfare» del presidente.
El CGPJ critica que se cuestione «de forma generalizada» a los jueces y se les acuse de tener «sesgos políticos». Pero la lógica que sigue el gabinete del presidente, armada por Rubio, es que el Ejecutivo puede criticar a los jueces, igual que los jueces critican al Gobierno.
«Que haya separación de poderes no significa que los poderes no puedan interactuar», explica una fuente gubernamental. Poco importa que el Plan de acción del Consejo de Europa para reforzar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial aconseje tomar medidas para que los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo respeten la autoridad del Poder Judicial.
Los ministros que comparecieron ayer admitieron que el nombre de Juan Carlos Peinado suscita «indignación» en el gabinete socialista. La ira es total. El núcleo duro del Ejecutivo buscó durante meses que alguna instancia del Poder Judicial tumbara al juez: bien fuera el propio órgano de gobierno de los jueces al que se dirigió Bolaños el año pasado para denunciar irregularidades en la instrucción, el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid.
En el Gobierno se asume que la causa contra Begoña Gómez se abrió solo por ser quien es y no buscó otra cosa que la caída a cualquier precio del líder socialista. Ni más ni menos.
Tanto Begoña Gómez como Pedro Sánchez, que también fue interrogado por Peinado en Moncloa, se querellaron contra él por prevaricación. Pero ambas denuncias fueron desestimadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
De manera que la estrategia que emprendió entonces el Ejecutivo, coordinada por Diego Rubio, fue desprestigiar la causa. Y atacar a Peinado directamente, de quien se puso en duda su parcialidad por tener una hija, Patricia Peinado, que ha hecho carrera en el PP como concejala de Deportes y Fiestas en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Las fuentes consultadas en el núcleo duro de Moncloa se preguntan «si es normal» que los cargos públicos tengan un régimen de incompatibilidades tan estricto mientras que la hija del juez engordó las filas de Génova.
El caso Begoña Gómez provocó una auténtica tormenta política que llevó hace dos años al presidente del Gobierno a retirarse cinco días de la vida pública para «reflexionar» sobre su continuidad al frente del Gobierno. Una jugada inédita que puso al país en vilo y que le sirvió para preparar su estrategia de resistencia a toda costa que advirtió ante sus diputados y senadores nada más arrancar el curso político.
Aquella crisis marcó un antes y un después que todavía resuena con fuerza cada miércoles en las sesiones de control, en las que el PP pide al presidente su dimisión por estar «rodeado de podredumbre».
La investigación de Peinado se fue ampliando con los meses: de las primeras sospechas sobre supuestas adjudicaciones irregulares y la mediación de Gómez en el rescate de Air Europa, se pasó a examinar la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, el desarrollo de un software vinculado a la institución y la contratación de Cristina Álvarez como asesora; que ha sido el último foco de batalla.
Las decisiones de Peinado han generado una intensa disputa entre la Fiscalía y las defensas, que critican su «errático» proceder y le reprochan la falta de fundamentación en sus resoluciones. Desde que Pedro Sánchez es presidente, el debate sobre el agravio desde el Ejecutivo a la separación de poderes no ha hecho más que crecer.
En ese lapso, el presidente del Gobierno ha situado en algunas de las instituciones más importantes del país a personas influenciadas por su poder. Esta situación supone una quiebra de su independencia. Quizá una de las más afectadas –y señaladas– sea el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, un antiguo miembro de la ejecutiva federal del PSOE.
Pero a esta lista se sumaron en algún momento el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado, Renfe, RTVE, la Agencia Efe, Hispasat y Correos. Tampoco se libraron algunos de los puestos de representación en el extranjero más jugosos, como las embajadas españolas ante la OCDE, la ONU y la Unesco.
En verdad, el presidente y su equipo llevan todo este tiempo provocando al Poder Judicial, al que sustraen de parcialidad y dibujan como un actor político con intencionalidad. El propio Sánchez ya insinuó que la oposición –en especial el PP– tiene una conexión directa con buena parte de la judicatura y eso, razonó, permite a los responsables de Génova y a algunos de sus «fontaneros», como el jefe de gabinete de la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, jugar con las «cartas marcadas». Los cañonazos no cesan.