Sin finiquito, Mazariegos no podría asumir en julio

Tres denuncias penales presentadas por la Contraloría General de Cuentas (CGC) mantienen al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, sin posibilidad legal de obtener la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, comúnmente conocida como finiquito.

Es noticia. Este es un requisito indispensable para asumir un nuevo período al frente de la casa de estudios.

• Así lo certifica información oficial de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la CGC, emitida en respuesta a una solicitud del diputado Orlando Joaquín Blanco Lapola.
• Según el documento, tras consultar el Sistema de Auditoría Gubernamental (SAG) y los registros del Ministerio Público, existen tres denuncias vigentes contra Walter Ramiro Mazariegos Biolis, identificadas como DAJ‑D‑18‑2026, DAJ‑D‑21‑2026 y DAJ‑D‑22‑2026, interpuestas entre el 24 y 27 de marzo de 2026.
• Mientras estas acciones no sean resueltas o prescritas, la CGC está legalmente impedida de extender el documento que le permitiría asumir un segundo periodo.

Qué destacar. En Guatemala, este documento es un requisito legal indispensable para cualquier persona que haya administrado fondos públicos y pretenda optar o continuar en un cargo.

• La Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos (Decreto 89‑2002), en su artículo 16, prohíbe expresamente el nombramiento o contratación de funcionarios que carezcan del finiquito emitido por la Contraloría.
• Sin esta constancia, un funcionario queda legalmente bloqueado para tomar posesión o ejercer.
• El cargo puede ser impugnado por nulidad e ilegalidad, trasladando responsabilidad también a las autoridades que permitieron la toma de posesión.

Por qué importa. Este escenario resulta especialmente grave en el caso de Mazariegos, quien fue reelecto en un proceso ampliamente cuestionado, marcado por denuncias de irregularidades, desconocimiento de electores legítimos y el cierre forzado del campus central de la USAC.

• Contra su reelección y contra diversas actuaciones administrativas se han presentado múltiples acciones legales y recursos constitucionales que, hasta abril de 2026, no han sido resueltos por los tribunales.
• Diversos sectores han hecho llamados reiterados a las instancias judiciales para que resuelvan estos recursos y definan la legalidad del proceso.
• Incluso el presidente de la República, Bernardo Arévalo, quien es señalado por antiguos aliados del partido Movimiento Semilla de mantener acuerdos políticos con Mazariegos, ha reiterado públicamente que corresponde a los órganos jurisdiccionales resolver los recursos, evitando pronunciarse sobre el fondo del conflicto universitario.

En el radar. La controversia adquiere un nuevo nivel ante la proximidad de la toma de posesión del nuevo período rectoral, prevista para el 1 de julio.

• La normativa interna de la USAC prevé este tipo de escenarios. La Ley Orgánica de la USAC y sus estatutos establecen mecanismos de sustitución temporal para garantizar la continuidad administrativa.
• Si el rector electo no puede asumir por no reunir las calidades exigidas, como la inexistencia de reclamaciones de cargos, el cargo debe ser asumido interinamente por un decano, siguiendo el orden de antigüedad de las facultades.
• Tradicionalmente, la prelación inicia con la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, cuyo decano actual es Henry Manuel Arriaga. Además, corresponde al Consejo Superior Universitario (CSU) declarar la imposibilidad de asumir o la vacante.

En conclusión. Si la falta de finiquito es definitiva, el CSU está obligado a convocar a un nuevo Cuerpo Electoral Universitario.

• El Artículo 43 de los Estatutos de la USAC es explícito: si el electo no reúne las calidades legales, debe realizarse inmediatamente una nueva elección.
• Mientras las denuncias sigan vigentes y los recursos legales permanezcan sin resolución, el caso de Walter Mazariegos expone una crisis de gobernabilidad universitaria.
• También una tensión directa entre la legalidad y el poder, con una rectoría que enfrenta serios cuestionamientos sobre su viabilidad jurídica.

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