El TSJA obliga una nueva licitación de La Misericordia y Sánchez Quero amenaza con una "subasta"
La nefasta gestión taurina de la Diputación de Zaragoza (DPZ) ha sufrido un revés definitivo que cambia las reglas del juego para el resto de la temporada. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado las medidas cautelares con las que el equipo de Juan Antonio Sánchez Quero pretendía mantener vivo el contrato de La Misericordia, anulado previamente por el tribunal administrativo tras los recursos de las empresas Tauroemoción y Pueblos del Toreo. Esta decisión judicial no solo ratifica la parálisis del proceso, sino que confirma que Zaragoza se quedará sin su tradicional Feria de San Jorge.
Ante la imposibilidad de seguir defendiendo el pliego en los tribunales sin poner en riesgo las fiestas de octubre, Sánchez Quero ha anunciado que la única salida es activar un contrato patrimonial. El presidente ha advertido que este nuevo procedimiento será una "subasta pura y dura al mejor postor", alejándose del modelo de concesión de servicios que permitía a la institución regular aspectos clave de la lidia. Con este movimiento de urgencia, la DPZ busca adjudicar la plaza a contrarreloj para intentar salvar la Feria del Pilar.
La "amenaza" de este nuevo formato administrativo conlleva una renuncia explícita por parte de la Diputación al control del espectáculo. El propio presidente ha confesado que, bajo esta modalidad de subasta, la institución no podrá regular "ni la calidad de los espectáculos que se ofrezcan ni el precio de las entradas o los posibles descuentos". Esta admisión de impotencia supone dejar el prestigio de una plaza de primera categoría y el bolsillo del abonado a merced de la oferta económica más alta, sin filtros sobre la excelencia artística.
Pese al contundente fallo judicial, Sánchez Quero ha evitado cualquier atisbo de autocrítica, insistiendo en que su actuación ha sido "correcta" y que el tiempo le dará la razón. En su lugar, ha preferido redoblar los ataques contra el sector empresarial, acusando a los licitadores de actuar con "mala fe" y de orquestar un "boicot" coordinado para frenar el procedimiento. Sin embargo, los varapalos jurídicos consecutivos sugieren que el problema reside en la redacción de unos pliegos que la justicia ha considerado improcedentes.
La incapacidad de la DPZ para articular un concurso legalmente sólido ha dejado un vacío histórico en el calendario taurino aragonés. Mientras el presidente justifica la subasta como la única vía posible para llegar a octubre, la realidad es que el aficionado es el gran perjudicado de una crisis que ya ha costado la feria de abril. La improvisación de un contrato patrimonial de última hora parece más un intento por eludir responsabilidades políticas que una estrategia meditada para proteger la salud de la tauromaquia en la capital.
Con este nuevo escenario, Zaragoza encara el tramo decisivo de la temporada bajo la incertidumbre de una licitación donde el arte pasa a un segundo plano. La obligada renuncia a supervisar la calidad de los carteles y las tarifas de las entradas dibuja un futuro sombrío para el Coso de la Misericordia. El éxito de la Feria del Pilar 2026 queda ahora condicionado a una subasta económica, una salida desesperada tras un fracaso administrativo que ha dejado a la afición zaragozana sin su gran cita de primavera.