Milei cede al lobby de las grandes mineras con una reforma que rebaja la protección de los glaciares: "El agua vale más que el oro"

La protección estratégica del agua se encuentra, a partir de ahora, en entredicho en Argentina, bajo un Gobierno que ha cedido a las demandas de las grandes mineras. La Libertad Avanza, liderada por Javier Milei, y sus aliados aprobaron en la madrugada del jueves en el Congreso la modificación de la Ley de Glaciares, la cual redefine el alcance de las zonas periglaciares con el fin de permitir el avance de proyectos extractivistas.

La reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, sancionada en 2010, establece un cambio clave: deja de proteger a todos los glaciares y zonas periglaciares como “reservas estratégicas” para amparar únicamente a aquellos que acrediten un “aporte hídrico relevante y comprobable” a las cuencas.

Con el acompañamiento de sus principales aliados y de los gobernadores de las provincias mineras (Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan), La Libertad Avanza cedió al lobby de las corporaciones mineras, según denunciaron la oposición de izquierda y el peronismo. La iniciativa avanzó a pesar del fuerte rechazo de agrupaciones ambientalistas y especialistas, que durante los últimos días se han movilizado a través de protestas por todo el país. “El agua no se vende” o “El agua vale más que el oro” eran algunas de las proclamas que se podían leer en los carteles de los manifestantes.

La medida flexibiliza las condiciones para el desarrollo de explotaciones de recursos: muchas formaciones de hielo menores quedarían fuera de la tutela legal. Asimismo, quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, vitales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático.

“Se busca avanzar con la megaminería”

Lihuen Antonelli, socióloga especializada en temas ambientales señala a elDiario.es que la Ley de Glaciares de 2010 establecía la responsabilidad de la Nación de estipular reglas generales en todo el territorio para garantizar el derecho a un ambiente sano. “Eso ahora cambia y es regresivo: será la autoridad competente de cada provincia la que decida si un glaciar tiene relevancia hídrica o no y, por lo tanto, si debe protegerse, más allá de lo que dicte el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales), dependiente del Conicet. En realidad, se busca avanzar con la megaminería del cobre y del litio sobre territorio periglaciar”.

En concreto, la experta señala que, aunque solemos pensar en glaciares descubiertos como el Perito Moreno -el más famoso ubicado en el sur del país-, el conflicto reside en los glaciares rocosos (hielo mezclado con roca) distribuidos en la Cordillera de los Andes. “El glaciar de escombros es el que buscan, porque allí existen minerales y proyectos concretos para avanzar. Uno es Pascua Lama en San Juan, además de la ampliación de la mina Veladero, donde opera Barrick Gold, que ya se encuentra en territorio periglaciar. Los ríos reciben buena parte de su caudal de estos glaciares sobre todo en épocas de sequía; si se afecta la zona, se impactará el agua de las provincias vecinas”.

El debate trascendió el hemiciclo y estuvo marcado por la polémica en torno a la audiencia pública. En lo que se denunció como una violación al espíritu del Acuerdo de Escazú y a la Ley General del Ambiente —que exigen participación ciudadana y debates transparentes—, de las 106.000 personas inscriptas, solo 113 pudieron exponer de manera presencial y 98 de forma virtual.

El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, el oficialista José Peluc, calificó la audiencia de “histórica”. Por el contrario, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, la definió como una “farsa” y denunció el lobby minero al resaltar que la modificación “no es aclaratoria, porque la ley actual no tiene vacíos legales”. En este sentido, recordó que la norma fue ratificada en su constitucionalidad por la Corte Suprema.

“El objetivo es controlar el agua”

Desde la izquierda, la diputada por la provincia de Jujuy, Natalia Morales, sostiene a elDiario.es que esta reforma representa un desembarco de las transnacionales en el control del agua. “Esta iniciativa da luz verde a corporaciones como Barrick Gold, Glencore o Rio Tinto. Son cambios a pedido de las corporaciones y del propio imperialismo estadounidense. El objetivo es controlar el agua en Latinoamérica y quitar obstáculos legales para agilizar el saqueo. Jujuy ha sido un laboratorio con la reforma constitucional provincial que entregó el recurso a las mineras”.

Esta iniciativa es un capítulo de una secuencia más amplia: el Gobierno ultraderechista aprobó en 2024 el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y aduaneros excepcionales a las grandes corporaciones, y por el contrario, perjudica a las empresas nacionales -continúa vigente a través de un decreto presidencial-.

Desde la oposición y las organizaciones ambientales anticipan presentaciones judiciales para frenar este retroceso. Ya se ha denunciado al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por conflicto de intereses, dado que anteriormente asesoraba a las mismas empresas beneficiadas.