La Comunidad de Madrid deniega la beca de comedor por violencia de género a las hijas de una mujer asesinada en Villaverde
La familia de las dos menores que perdieron a su madre en 2023, víctima de un crimen de violencia machista, denuncia que la Consejería de Educación no las incluye en la lista provisional de beneficiarios para estas ayudas públicas al menú escolar, que entre ambas supone un coste de 1.342 euros. El Gobierno regional explica que está estudiando el recurso presentado por la familia
El día en el que el sistema permitió que desahuciaran a las hijas de una asesinada por violencia machista en Madrid
La Comunidad de Madrid deniega por segunda vez la beca de comedor escolar, en calidad de víctimas de violencia de género, a las dos hijas menores de la vecina de Villaverde asesinada por su expareja en 2023. En la última convocatoria de ayudas para el alumnado de centros públicos, la de 2025/2026, las niñas no figuran como seleccionadas en la resolución definitiva de la Consejería de Educación, cuyo plazo de alegaciones concluyó el pasado 6 de abril. Estos bonos financian un menú escolar para estudiantes de centros infantiles, colegios o institutos gestionados por la administración autonómica, y uno de los requisitos que figuran en el criterio de evaluación es que los solicitantes tengan a alguna víctima de violencia de género dentro de su unidad familiar.
La madre de ambas chicas, que tuvo otra hija actualmente mayor de edad y hermana de las menores, contaba con 36 años cuando murió a manos del hombre con el que convivía. El caso fue muy polémico en su día e incluso se creó un comité de crisis para coordinar instituciones en casos de violencia machista que llevó el nombre de la fallecida, Miguela Novas Noboa. En enero de este año, sus hijas y la abuela, madre de la mujer asesinada, fueron desahuciadas del domicilio en Villaverde donde residía Victoria N.P., con quien se habían mudado las tres hermanas.
La abuela, que vivía a pocas calles de donde mataron a la víctima, tenía una deuda hipotecaria después de que la sociedad limitada Ciclevile SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, adquiriera el descubierto que la fallecida había contraído con Caixabank antes de perder la vida. Al tiempo, la compañía pasó a reclamar la propiedad del piso después de una pugna por su titularidad que había comenzado años antes, en 2018, cuando otra empresa registrada en Luxemburgo solicitó a Victoria que abandonara el domicilio.
Contactada por este periódico sobre el criterio de selección para admitir o denegar solicitudes, la Consejería de Educación explica que está estudiando el recurso presentado por la familia ante la negativa a concederle la beca, aunque asegura “haber realizado correctamente todas las gestiones respecto a esta solicitud”. En cualquier caso, fuentes de este departamento recuerdan que si este recurso es estimado, la beca será concedida con efecto retroactivo y cubrirá desde el comienzo del curso escolar 2025/26.
Un desahucio hipotecario y tres víctimas desamparadas
En su momento, la hermana mayor ya se hizo eco de los problemas que tenían no solo para encontrar alternativa habitacional ante un desahucio inminente –ella misma acababa de mudarse a casa de sus suegros ante la ansiedad que le provocaba la situación en casa–, sino también para adquirir la propia condición oficial de víctimas de violencia de género. Aunque, en su día, fuentes del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid indicaron que el ofrecimiento de recursos municipales a víctimas de un desahucio se produce “con independencia” de que exista un vínculo con algún caso de violencia, la familia de Miguela aseguró que solo recibieron opciones temporales en centros de los servicios sociales. Un entorno en el que no querían adentrarse.
Desde entonces, han permanecido dispersas hasta encontrar una forma de volver juntas a Villaverde. La hermana mayor continúa en casa de los padres de su novio, y ha sido en este tiempo cuando solicitaron para las menores las ayudas autonómicas para las becas de comedor. En total, según datos aportados por la familia, la cuantía que corresponde al menú de ambas menores entre diciembre de 2025 y el próximo mes de junio suma 1.342 euros, 671 por cada una para 122 días lectivos. Según relatan, en el momento de enviar su solicitud para recibir las becas marcaron la casilla que permitía a la administración consultar su perfil y la documentación asociada.
Sin embargo, en la lista publicada recientemente por la Consejería de Educación –e incluye a solicitantes incorporados a la red madrileña a partir del 15 de noviembre– no aparecen sus nombres, y sus familiares denuncian una gota más en la laguna de problemas para obtener apoyo en una situación vulnerable que, además, es reconocida a nivel público.
A finales de febrero, desde el entorno más próximo a la hermana mayor insistían en que su “principal problema estaba siendo la Justicia”, pues según decían no habían conseguido aún un certificado oficial que habilitara su condición de víctima. Finalmente, lo obtuvieron el día 19 de ese mes, unas dos semanas antes de enviar la solicitud para la beca, que se registró el 2 de marzo. “Todo va muy lento”, percibían ya por aquel entonces, con la esperanza de que la reciente reunión con una fundación de mujeres que les ayudó durante el proceso y que asistió con la documentación a la Fiscalía sirviera para mover ficha.
Así fue, aunque la cadena burocrática de solicitudes y reclamaciones tiene “saturada” a la hermana mayor, que compagina su trabajo con las diversas gestiones administrativas para que sus hermanas obtengan la beca de comedor. “La apoyamos en lo que podemos, pero no llegamos a todo”, confiesan fuentes de su entorno. Poco después, celebran haberlo conseguido, aunque desconocen las razones por las que les rechazaron la beca.
Desde la oposición política en la Asamblea de Madrid, la diputada del PSOE Lorena Morales espeta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que el criterio de selección “otorgue las mismas oportunidades a un hijo de guardia civil que unas víctimas de violencia de género”.
No entiendo que el criterio de selección priorice a hijos de policías frente a los de otros funcionarios, como los sanitarios
Morales recuerda que en la lista de requisitos para obtener la beca de comedor existen categorías que benefician a familiares de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o enviados de las Fuerzas Armadas a la Comunidad de Madrid. Algo que considera una “incongruencia” teniendo en cuenta que, aunque ve comprensible dar prioridad a hijos de víctimas de violencias o terrorismo, no halla razón para, por ejemplo, “elevar a policías por encima de los sanitarios”. En respuesta a una solicitud de información que presentó al Gobierno de Ayuso, el Ejecutivo informó de que este curso se concedieron 119.870 becas a las familias con menos renta per cápita. El segundo grupo receptor fueron los hijos de policías, guardias civiles o militares.
A estos últimos se les ofrecieron 15.541 bonificaciones, mientras que 2.981 fueron a parar a víctimas de violencia de género, las terceras en la lista. En 2025 se presentaron 33.516 denuncias por violencia de género en la Comunidad de Madrid, según datos del informe anual que elabora el Consejo General del Poder Judicial. Por lo general, coinciden menos en una misma región los familiares afectados por un caso grave de violencia machista que aquellos vinculados a cuerpos de seguridad. Los datos recopilados apuntan a que otro grupo importante de becas se destinó a quienes percibían el IMV (Ingreso Mínimo Vital) o las familias numerosas.
No obstante, para la diputada socialista este orden de prioridades “deja fuera” a los núcleos monoparentales. En junio de 2023, la presidenta regional anunció un plan de apoyo con nuevas ayudas destinadas, especialmente, a las familias numerosas y las monoparentales, con pagos únicos de 1.800 euros por hijo y 3.600 para tutores legales de gemelos o mellizos. Pero en la resolución que muestra Morales no aparecen como categoría aparte. En los últimos cinco años, las denuncias por violencia de género presentadas en instancias de la Comunidad de Madrid han ido en aumento. Las becas de comedor son una de las prestaciones públicas que favorecen a sus víctimas, pero las hijas de esta vecina de Villaverde aún tendrán que esperar.