Kast enfrenta protestas por evaluar indultos a policías condenados por excesos durante el estallido social
Organizaciones de derechos humanos, víctimas y familiares se movilizaron este miércoles en Chile para rechazar la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast otorgue indultos a agentes de seguridad condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019. La protesta se concentró frente al Palacio de La Moneda, donde los manifestantes entregaron una carta dirigida al mandatario.
Al grito de “¡Justicia, verdad y ningún paso atrás!”, los asistentes exigieron que se respeten las sentencias judiciales. Entre las voces más representativas estuvo la senadora Fabiola Campillai, quien perdió la vista tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un agente policial durante las movilizaciones. “Las condenas están para cumplirse. Un Estado que indulta a estos criminales abandona a sus víctimas”, afirmó.
Un debate que reabre heridas
El estallido social de 2019, considerado el mayor ciclo de protestas desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos. Según cifras de la Fiscalía, más de 450 personas sufrieron trauma ocular, en muchos casos producto de la acción de fuerzas de seguridad.
Diversas organizaciones, así como instancias internacionales, denunciaron violaciones a los derechos humanos durante la represión de las manifestaciones. Entre los condenados se encuentra el ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, quien cumple una pena de 12 años por el ataque que dejó ciega a Campillai.
El anuncio de Kast de evaluar posibles indultos, formulado un día después de asumir el cargo el pasado 11 de marzo, reactivó el debate sobre justicia, reparación y responsabilidad estatal. Para las agrupaciones de DD. HH., cualquier medida de este tipo significaría un retroceso en los avances judiciales alcanzados.
Tensión y respaldo parcial en el Congreso
La Cámara de Diputados aprobó un polémico proyecto de resolución impulsado por la UDI que respalda la actuación de Carabineros durante el estallido. Esta decisión evidenció la división política en torno a la evaluación de los hechos ocurridos en 2019.
Además, el Gobierno ha mostrado apoyo a iniciativas que permitirían a militares sentenciados por crímenes de lesa humanidad cumplir sus penas fuera de prisión en casos de edad avanzada o enfermedad terminal.
“Nos llama la atención que sectores que promueven discursos de ‘mano dura’ contra la delincuencia pretendan hoy otorgar beneficios de reclusión domiciliaria a quienes cometieron los crímenes más abominables de nuestra historia”, indicó Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).