Bruselas descarta intervenir en desahucios en España y defiende "buscar un equilibrio" entre propietarios e inquilinos

La Comisión Europea ha reiterado que no tiene competencias para intervenir en los casos de impago de alquiler ni tampoco en la ejecución de desahucios en España, al tratarse de una cuestión de Derecho nacional, aunque ha instado a "buscar un equilibrio" entre propietarios e inquilinos, en respuesta a varias peticiones examinadas este martes en la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

"La situación de los propietarios de vivienda sigue siendo competencia de los Estados miembro", ha señalado el Ejecutivo comunitario, que ha precisado que tanto la legislación en materia de arrendamiento como las medidas relacionadas con desahucios o contratos corresponden a las autoridades de cada país de la UE.

En este sentido, ha aclarado que son los propios Estados los responsables de investigar estas situaciones, garantizar la protección de los propietarios y, en su caso, adoptar medidas a través de sus sistemas judiciales.

No obstante, ha reconocido la situación de los afectados y ha indicado que, en el marco del Plan Europeo de Vivienda Asequible recientemente presentado, trabajará en la identificación de "modelos y buenas prácticas" para mejorar la protección de los propietarios y equilibrar sus derechos con los de los inquilinos.

Las peticiones han sido planteadas por la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España, que ha criticado la prolongación de las medidas adoptadas durante la pandemia para suspender desahucios, al considerar que generan "inseguridad jurídica" y trasladan la carga de la protección social a pequeños propietarios.

En este sentido, han alertado de una reducción de la oferta de vivienda en alquiler y han denunciado el presunto impacto económico sobre familias afectadas que, según denuncian, en algunos casos deben seguir asumiendo gastos mientras no pueden recuperar el uso de sus propiedades.

En el turno de los grupos, la eurodiputada 'popular' Dolors Montserrat ha denunciado una vulneración del derecho a la propiedad y ha reclamado medidas que garanticen desalojos "rápidos y eficaces", al tiempo que ha pedido una misión del Parlamento Europeo para evaluar la situación en España.

Por parte del grupo socialista, la eurodiputada Sandra Gómez ha reconocido la dificultad de los casos expuestos, aunque ha enmarcado el problema en un contexto más amplio de falta de vivienda asequible y ha defendido la necesidad de abordar soluciones "estructurales" desde el ámbito nacional.

Desde Vox, el europarlamentario Jorge Buxadé ha criticado la falta de protección a los propietarios y ha reclamado un endurecimiento de las penas frente a la ocupación, al considerar que se trata de una "vulneración" del derecho a la propiedad.

Tras el debate, la comisión de Peticiones ha acordado mantener abiertas las peticiones y solicitar información adicional a la Comisión Europea, además de remitir una carta al Gobierno de España para recabar más detalles sobre la situación.