Castilla y León recibirá 160 millones de euros menos cada mes al caer el decreto 'ómnibus'

Unos 160 millones de euros menos al mes recibirá Castilla y León al haber decaído el llamado decreto 'ómnibus' en el Congreso de los Diputados gracias a los votos de PP, Vox y Junts que rechazaron la norma impulsada por el Gobierno de España por considerar que, como ya ocurrió en el pasado ejercicio, era un 'totum revolutum' Con él se quería colar , denunciaron, desde la revalorización de las pensiones a la suspensión de los desahucios pasando por la actualización de las entregas a cuenta que corresponde a las comunidades conforme al modelo de financiación. La no convalidación de la norma supone que decae y, con ella, todas las medidas que, en principio, se iban a aplicar. Esto implica que tampoco este año se lleva a cabo dicha actualización, lo que tiene un coste para las arcas de la Comunidad ya que, como aseguró ayer el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, «el decreto lo que preveía era la actualización hasta las cantidades que habíamos recibido en el año 2025, no así las del año 2026. Al no haberse aprobado, lo que supone es que el Gobierno tiene intención de pagar exclusivamente las cuantías correspondientes al año 2023». Ese fue, según Carriedo, «el último año en el que el Presupuesto del Estado tuvo vigencia y que servirá para la distribución de recursos para que las comunidades autónomas abordaremos los compromisos que tenemos asumidos en la gestión de nuestras competencias». El consejero lamentó que en la práctica, la consecuencia inmediata es que «abordaremos la gestión de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales conforme a los recursos del año 2023, pero en unos retos propios del año 2026». Según el cálculo de la Junta a partir de las cantidades que se comunicaron en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebró en el mes de diciembre, «son 160 millones de euros menos cada mes para la gestión de estos servicios públicos lo que nos corresponden conforme a esas cantidades anticipadas en el seno del Consejo, porque es volver a las cuantías del año 2003». El titular de Economía y Hacienda recordó que en 2024 la cantidad era de 50 millones de euros mensuales y en 2025 la cifra era superior a los cien millones. «Lógicamente al haber ya acumulado tres años, lo que estamos es abordando la financiación con los recursos que teníamos hace tres años, de forma que son 160 millones de euros por cada mes que no se produzca esa actualización que con carácter general viene siempre en las leyes de presupuestos que se aprueban anualmente», aclaró. En cualquier caso y pese a esa limitación de recursos aseguró que en Castilla y León está garantizada la «adecuada» prestación de los servicios públicos, ya que está en una «mejor» posición que otras autonomías. Y eso que la situación no es nueva, ya que también se produjo el pasado año, lo que motivó la queja de Carriedo de que hasta el mes de septiembre no se pudiera disponer de los 1.500 millones de euros adicionales de la actualización. «Esperemos que este año se pueda resolver lo antes posible», dijo. El portavoz de la Junta hizo estas declaraciones en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno en la que también se refirió al acuerdo comercial entre la Unión Europea e India, que, a su juicio, supondrá un «reto y un desafío» para las empresas de Castilla y León, que podrán incrementar sus relaciones con el país más poblado del mundo. Carriedo explicó que las exportaciones de Castilla y León a India fueron en el último año (hasta noviembre) de 42,7 millones de euros, frente a los 100,5 millones que importó la Comunidad, lo que implica una tasa de cobertura del 42,5 por ciento. Por ello consideró que el nuevo acuerdo de Europa con India tiene un «amplio recorrido para las empresas de Castilla y León», ya que hay «bastantes sectores productivos con capacidad para competir en este mercado internacional.