El escaño 98

Carlos Mazón es pasado en el PP valenciano. O eso es lo que quieren escenificar el flamante presidente de la Generalitat y del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. En los 50 días que se cumplen este lunes de la dimisión del expresidente, Pérez Llorca y Feijóo han dado sendos golpes de mano, de manual gatopardiano, para mantener el poder en la Generalitat y en la formación conservadora: que todo cambie para que nada cambie.

Porque Carlos Mazón sigue en Les Corts Valencianes como diputado con butaca propia en el escaño 98. Y su partido lo ha designado portavoz del PP en una comisión que se reúne en contadas ocasiones, lo justo para abonarle un complemento mensual de 600 euros. El equivalente a la pensión mínima que cobran muchos valencianos y valencianas. Justo la semana pasada, esa Comisión de Reglamento tuvo que trabajar, pero Mazón no ejerció la función de portavoz por la que cobra ese complemento. Además, el expresidente de la Generalitat llegó tarde al pleno y se limita ya a acudir solamente para votar. ¿Habría que retirarle parte del sueldo por no cumplir con sus obligaciones?

A raíz de la participación de Juan Bordera, diputado de Compromís, en la Flotilla de la Libertad para romper el bloqueo israelí a Gaza, PP y Vox encargaron un informe a la Abogacía de Les Corts para intentar retirarle el sueldo por ausentarse de las sesiones del Parlamento valenciano durante su periplo por el Mediterráneo y su posterior secuestro por parte del Ejército israelí. Contra todo pronóstico para conservadores y ultras, el letrado negó que se pueda retirar el salario a un cargo electo autonómico, pero sí abrió la puerta a cuestionar los complementos que engrosan la nómina en caso de incumplimientos flagrantes.

Se trata de los complementos de desempeño y de la indemnización por el ejercicio de la función parlamentaria, que ya fueron retirados en 2014 a una diputada valenciana a la que se le suspendieron temporalmente los derechos. ¿Podría la oposición esgrimir ahora ese informe para obligar a Mazón a cumplir con su trabajo? ¿Qué harían PP y Vox si se solicitara formalmente mientras el expresidente mantiene esta actitud?

De momento, seguir como diputado, aunque sea en la última fila y con el 98 a la espalda (hay 99 escaños), permite a Carlos Mazón conservar el aforamiento y, por tanto, mantenerse fuera del alcance directo de la jueza que investiga la causa de la dana. Y no por falta de voluntad de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que ha interrogado o citado a declarar al núcleo duro del expresidente y a cualquier persona que tuvo algún tipo de contacto el 29 de octubre de 2024, incluido Alberto Núñez Feijóo.

Las asociaciones de víctimas, que lograron con su presión la salida de Mazón de la presidencia de la Generalitat, siguen exigiendo responsabilidades. Ya han trasladado a Juanfran Pérez Llorca que no se reunirán con él hasta que el exjefe del Consell renuncie a su acta de diputado. Pueden esperar sentadas. Mientras tanto, Les Corts siguen sin citar a estos colectivos a la comisión de investigación de la dana, pese a que ya han comparecido en el Congreso y en el Parlamento Europeo.

Todos contra Camps

La gestora del PP de la Comunitat Valenciana aprobada este lunes por la Junta Directiva Nacional del PP ha incluido a todas las familias del partido y solo ha dejado fuera a Francisco Camps y a sus seguidores. Prueba de que, si no hay miedo, al menos hay respeto. Especialmente llamativo es el nombramiento del Comité Electoral de la gestora, el órgano encargado de diseñar las listas y elegir al candidato a la presidencia de la Generalitat. Lo preside Esteban González Pons y lo acompañan Macarena Montesinos (mazonismo), Alberto Fabra (Castelló), Magdalena González de la Red (clan de la Marina y Pérez Llorca) y Juan Giner Corell (María José Català).

El pastel está repartido. No parece que haya demasiadas ganas de convocar el congreso que reclama Camps y que permanece aplazado desde el pasado mes de junio.