El rey del dinero fácil vuelve al banquillo: el fiscal pide ocho años para Antonio Arroyo por estafa en sus préstamos

Durante la gran crisis, Antonio Arroyo fue considerado el mayor prestamista de España. Entre 2006 y 2012, cuando los bancos cerraron el crédito, él ofrecía “dinero rápido, créditos en un día”. Mucha gente ahogada en deudas acudió a este sistema para salir adelante. El problema es que los préstamos eran tan complejos, y a un interés tan alto, que mucha gente acabó perdiendo su vivienda. La Fiscalía pide ahora para él ocho años de cárcel por estafa. Ya fue absuelto por prescripción en otro caso en 2017 y absuelto en 2024 de una denuncia individual. Ahora se enfrenta a una causa en la que se suman 28 clientes y será juzgado en febrero en la Audiencia Provincial de Madrid. 

“¿Necesita dinero? Nosotros se lo facilitamos de forma rápida y sin trámites”. La publicidad de Antonio Arroyo era música celestial para gente ahogada durante la crisis, cuando la banca cerró el grifo del crédito. Javier Alberti, abogado de una veintena de perjudicados de Arroyo, explica que “todos los clientes tienen el mismo perfil, gente que en lo peor de la crisis necesitaba un pequeño préstamo, no son cantidades grandes, sino algo que hoy cubriría un préstamo al consumo”. Pero al llegar a firmar había mucha letra pequeña. “Al principio eran préstamos sin garantía, pero al final pedían una vivienda libre de cargas. A menudo esta no era de los clientes sino de sus padres”.

Según la Fiscalía de Madrid, una vez los perjudicados eran citados en la notaria “firmaban una escritura cuyo contenido по obedecía a la realidad de lo pactado, ya que en ella se hacía constar que se había solicitado una cantidad dinero, generalmente superior a la que realmente necesitaban, y de la que se descontaba sumas elevadas en concepto de intereses, provisión de fondos y otros conceptos a favor del prestamista Antonio Arroyo Arroyo, fijándose como garantía hipotecaria la vivienda”. 

También se les ocultaba hasta el final condiciones del préstamo como “la firma de unas letras de cambio en las que se fijaba un tipo de interés que fluctuaba entre el 8% hasta la fecha de vencimiento para su amortización y un 29% hasta su total pago una vez superado este”. 

Nada más firmarlo, Arroya endosaba el préstamo a otra entidad vinculada a su entorno. Eso “en la práctica imposibilitaba que los perjudicados pudieran hacer efectiva la cantidad adeudada, ya que la letra no estaba en poder del acusado ni antes ni después de su vencimiento”. Como no podían pagar porque no sabían de quién era el préstamo, eso aumentaba el interés. Así, según las acusaciones, hasta que el acreedor se presentaba allí y reclamaba la vivienda.

El abogado Javier Alberti resume en su despacho cómo funcionaba el sistema en la notaría. Todo se hacía muy rápido. “En la escritura, por ejemplo, ponía 20.000 euros, pero en realidad solo habían recibido la mitad. Incluso los clientes que querían pagar, en un principio no podían, no sabían a quién”. 

Al final, según el escrito de acusación del fiscal, “esta forma de actuar, permitió en la mayoría de los casos que el tenedor de la letra (Antonio Arroyo Arroyo y/o familiares de este o empresas vinculadas a él) instasen la ejecución de las garantías a través de los procedimientos hipotecarios correspondientes, y se adjudicasen las viviendas”. Como las viviendas estaban tasadas a la baja, a menudo se quedó con pisos por deudas de entre 20.000 y 60.000 euros. Según Alberti, “el objetivo no era cobrar el interés del préstamo, sino la casa”.

Una de las afectadas narra por teléfono su caso. “Yo no estaba en mi mejor momento y tenía una deuda con la seguridad social. Un empleado de Banesto me dio el contacto diciendo que era una financiera. Hasta el final no supe que había letras de cambio por 45.000 euros. El notario participaba. Nos dio el dinero en billetes de 500 euros. Al salir vimos que no teníamos las escrituras y cuando las vimos no tenía nada que ver con lo que firmamos”. Tras firmar el préstamo, no sabía a quién abonarle las cuotas. “Yo llamaba a Antonio para intentar pagar y solo me pedía más documentación. Siete meses después, llaman a mi puerta y es un señor que dice que viene a ver mi casa porque la subasta era dos días después. Conseguimos paralizar el desahucio, pero ha sido un calvario. Pensábamos que en cualquier momento nos quedábamos sin nada. Otro cliente se suicidó. Fue horrible”.

En 2017, Arroyo ya fue absuelto por estafa en una causa por prescripción. También fue absuelto de estafa en 2024 por un préstamo en el que la Fiscalía pidió su absolución. Entonces, la Audiencia de Madrid: “Ante las dificultades económicas que afrontaba, la denunciante acudió a la vía de la financiación privada tras no obtener respuesta favorable en la vía bancaria, financiación privada de la que tuvo conocimiento a través de Internet y que incluso resultó fallida una primera vez, asumiendo con ello unos intereses que podrían ser más elevados. Y tras no poder hacer frente a la devolución pactada, dando lugar a la correspondiente acción hipotecaria en su contra, se ha accionado la vía penal”. 

La diferencia del caso actual es que la instrucción ha acumulado a decenas de denunciantes con un relato similar. Este juzgado ha mantenido viva una causa con 28 perjudicados. La Fiscalía, en su escrito de calificación, va citando las circunstancias de los casos. Está el de María Dolores y Pedro, que “de los 52.500 euros acordados, solo recibieron а 24.000 euros, pese a que existe un recibí por importe de 49.881 euros entregados en metálico como si hubieran sido entregados con carácter previo”. O como Gloria y su marido, Mario: “De los 87.000 euros que constan entregados por Antonio Arroyo Arroyo, solo han recibido 17.000 euros. Acabaron vendiendo la casa y pagando a Antonio Arroyo Arroyo 63.500 euros”.

Por todo, la Fiscalía le pide ocho años de cárcel por estafa y también acusa a siete de sus colaboradores, los que ejercían de comerciales.

El abogado de Arroyo, Enrique Ugarte, confía en que el caso acabe en absolución: “Ha justificado todas las operaciones, que fueron siempre ante notario y debería ser absuelto, como lo fue antes. Toda la documentación está aportada, las transferencias bancarias y los justificantes notariales. No hay engaño en cuanto hay un fedatario público, un notario, que da fe de la voluntad de las partes”.

Durante la instrucción, las acusaciones han intentado tomar declaración como investigados a los notarios que participaron en las operaciones, pero no lo han conseguido. El juicio, complicado de celebrar porque hay multitud de perjudicados, testigos y acusados, está previsto para principios de febrero.