¿Irá Rodrigo Chaves a la comisión que analiza levantar su inmunidad? Esto respondió
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, dijo este miércoles que sí asistirá a la comisión que analiza una denuncia penal en su contra y busca levantar su inmunidad.
Las declaraciones las dio durante la conferencia de prensa de gobierno, ante consultas de los periodistas.
“¡Sí, claro! Me va a encantar. Eso sí, ojalá sea un debate balanceado y respetuoso. Me va a encantar porque eso será como agarrar peces dentro de un estañón: fácil, directo y al punto".
Minutos antes, Andrea Álvarez Marín, presidenta de la comisión, indicó que dicha audiencia será pública. Ella recordó que la resolución del presidente legislativo, Rodrigo Arias, establece que todas las audiencias, incluyendo las comparecencias, deben cumplir con el principio de publicidad.
Esta comisión se formó luego de que el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, acusó a Chaves por el presunto delito de concusión por el contrato de $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Constitución Política establece que los diputados estudien las acusaciones penales contra los miembros de los supremos poderes para determinar si se les debe retirar el fuero de improcedibilidad para que afronten un proceso judicial.
¿De qué se le acusa a Chaves?
Al presidente se le acusó por un presunto delito de concusión por la contratación de $405.800 para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial, con recursos del BCIE.
La concusión es una falta penada en el artículo 355 del Código Penal, que castiga con prisión al “funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”.
Por esos mismos hechos Díaz también solicitó llevar a juicio al actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien ejercía como jefe de despacho de Chaves en el momento de la contratación.
La Fiscalía General sostiene la tesis de que ese contrato fue hecho a la medida para que la empresa del productor audiovisual Christian Bulgarelli ganara el concurso de contratación con el BCIE, y que parte de esos fondos públicos se utilizaran para beneficiar a “Choreco”, a quien se le sigue un proceso judicial aparte por los mismos hechos en la Fiscalía de Probidad, pues él no goza de la inmunidad de los supremos poderes.