¿Cómo una omisión del MOPT terminó costándole $36 millones al Estado?
Una omisión administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) cometida en 2016 provocó que el Estado costarricense deba pagar más de ¢18.000 millones —unos $36 millones— a la empresa Riteve SyC S. A., exconcesionaria del servicio de revisión técnica vehicular.
El monto consta en una ejecución de sentencia dictada el pasado 31 de julio de 2025 por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que da cumplimiento a lo ordenado por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia desde agosto de 2022 (voto 001927-F-S1-2022).
Sala I condena al Estado por no reconocer tarifa a Riteve en 2016
Origen del conflicto
El conflicto tiene su raíz en una omisión clave: el MOPT no publicó a tiempo en el Diario Oficial La Gaceta el decreto que contenía la fórmula oficial para calcular el reajuste tarifario de 2016.
Aunque la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) había aprobado dicha fórmula y la remitió oportunamente al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) —ente adscrito al MOPT y responsable de su publicación— esta no fue publicada sino hasta el 20 de enero de 2017.
La fórmula fue oficialmente firmada en el Decreto Ejecutivo 40136-MOPT el 21 de diciembre de 2016, dos días antes del inicio de las vacaciones institucionales de fin de año.
Sin embargo, al no publicarse en 2016, la metodología no entró en vigencia ese año, lo que impidió a Riteve solicitar el reajuste tarifario correspondiente a ese periodo, porque no había legalmente instrumento de referencia para hacer los cálculos.
“Al incumplirse ese requisito de publicidad del método en La Gaceta, obligación del MOPT, es como si el instrumento de cálculo tarifario no hubiese existido en todo 2016”, explicó Eric Bogantes Cabezas, regulador general de Aresep.
La omisión dejó al operador “en estado de indefensión”, sin acceso a un mecanismo legal para pedir el ajuste, agregó.
Según Bogantes Cabezas, si el decreto se hubiese publicado en 2016, Riteve SyC incluso habría podido solicitar un ajuste tarifario legalmente válido, aunque luego fuera resuelto en 2017.
De hecho, en noviembre de 2016, Riteve SyC había pedido a la Aresep elevar 110% la tarifa de revisión técnica de ¢9.930 a ¢30.840; una diferencia de ¢20.910 según el expediente ET-074-2016 entonces analizado por Aresep. Sin embargo, precisamente por la ausencia de una metodología aprobada, el análisis no prosperó.
Sentencia definitiva
Los tribunales determinaron que la empresa tenía derecho al reajuste conforme al modelo oficial, y ordenaron calcular el monto durante la etapa de ejecución de sentencia.
Dos peritos —uno de parte y otro nombrado por el Tribunal— aplicaron la fórmula contenida en el decreto con base en datos del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Ambos concluyeron que Riteve dejó de percibir ¢18.196.124.463 en 2016, por concepto de tarifas no cobradas conforme al modelo tarifario.
Además, el Estado deberá cubrir intereses legales desde la firmeza de la sentencia hasta el pago efectivo, así como las costas del proceso.